Morena acusa al priismo de «robar» votos en Durango; «no saben perder», le reviran

Los resultados de la jornada electoral en la que el PRI ganó en coalición con el PAN-PRD el Gobierno de Durango han sido cuestionados por morenistas, quienes acusan al tricolor de recurrir a tácticas antidemocráticas para coaccionar el voto, entre ellas desapariciones y amenazas. Morena anunció esta semana que ya analiza impugnar las votaciones.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– Presuntas desapariciones que se extendieron horas y detenciones arbitrarias son algunos de los factores que habrían marcado la jornada electoral del 5 de junio en Durango, según ha denunciado Morena, al señalar que al PRI y las autoridades estatales y municipales se pusieron de acuerdo para “robar” votos en esta elección.

Por su parte, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad respondió que Morena no sabe aceptar la derrota y consideró “una pérdida de tiempo” la intención que ha hecho pública el partido guinda de impugnar los comicios a nivel estatal y en al menos un municipio, Ciudad Lerdo.

El priista Esteban Villegas Villarreal, respaldado por el PAN-PRD, fue elegido Gobernador de la entidad con 53.7 por ciento de las preferencias. Su partido ganó tres municipios, la coalición 14 y el PRD por su cuenta obtuvo uno. En cambio, con 15 puntos abajo, Marina Vitela Rodríguez, la candidata de Morena y los partidos Verde (PVEM), del Trabajo (PT) y Redes Sociales Progresistas, quedó en segundo lugar con 38.8 por ciento de los votos; esa alianza ganó 20 ayuntamientos, según el Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE.

Arturo Yáñez, presidente del PRI en Durango, aseguró en entrevista que la contienda fue limpia, mientras que el vocero de la campaña de Marina Vitela, Rafael Palacios, denunció que el tricolor no ganó, sino que “arrebató y robó” los comicios apoyado de grupos de choque.

La dirigencia estatal de Morena denunció esta semana que durante el proceso electoral reportaron las detenciones ilegales de al menos 120 militantes e integrantes de la coalición “Juntos Hacemos Historia”.

Desde la tarde del 5 de junio el presidente nacional del partido, Mario Delgado, señaló que en el estado detectaron “una operación de grupos de choque vinculados al gobierno municipal de Lerdo y a grupos de interés de La Laguna, del PRIAN, buscando a liderazgos de Morena para intimidarlos”, esto con el fin de impedir que la ciudadanía acudiera a votar.

Las acusaciones de Morena no se han traducido en denuncias penales en la entidad, pues, de acuerdo con Rafael Palacios, las personas violentadas temen por su seguridad y desconfían de las autoridades.

La Fiscalía estatal informó a SinEmbargo que no ha recibido denuncias por la privación de la libertad de personas, aunque confirmó que donde sí se presentaron fue ante la Fiscalía General de la República (FGR), también detalló que la dependencia abrió una investigación sobre la desaparición durante algunas horas de estas personas, quienes ya fueron localizadas.

“El Fiscal se puso en contacto con los familiares de las personas, quienes entre el domingo y lunes regresaron a sus casas. Se encuentran bien y no quisieron declarar respecto a su probable desaparición”, expuso la dependencia a través de la Unidad de Comunicación Social.

Los datos de la Fiscalía también muestran que durante la jornada sí se detectaron posibles irregularidades, pues reportó 14 denuncias por delitos electorales, tres de las cuales iniciaron con un total de seis personas detenidas; todas ellas fueron liberadas con reservas de ley porque el Ministerio Público no obtuvo los datos de prueba necesarios para continuar con el proceso.

A ello se suma que el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia Justicia y Sociedad de la UNAM (PUEDJS), que dio asesorías jurídicas gratuitas durante la jornada electoral del domingo, registró en Durango amenazas a militantes de Morena, la promoción de partidos en la veda electoral así como venta de despensas. En total contabilizó 15 posibles delitos cometidos en el estado, la segunda cifra más alta después de Tamaulipas, donde se reportaron 35.

La madrugada del 5 de junio, horas antes de que iniciaran los comicios, el equipo de campaña de Vitela Rodríguez denunció que policías municipales de Lerdo detuvieron sin justificación a más de cinco militantes. La candidata se subió al vehículo de la policía para impedir que se los llevaran, a la exigencia se sumaron otros morenistas y habitantes que impidieron el paso. Las personas detenidas fueron liberadas horas después.

“La policía municipal estaba en cacería de gente que trajera chaleco de Morena, gorras de Morena, los detenían, se los llevaban”, denunció Palacios.

La violencia también afectó a simpatizantes de la coalición.

El vocero puso como ejemplo el caso de Milton, un representante del Partido Verde detenido la tarde del 5 de junio por hombres armados en un vehículo particular en el pueblo Seis de Enero, de Lerdo. De acuerdo con Palacios, el hombre dijo que fue privado de la libertad después de discutir con la representante del PRI en una casilla que estaba visitando en esa comunidad.

“Estuvo todo el día incomunicado, hasta el otro día pudo hablar para avisar que lo llevaron a la cárcel municipal de Gómez Palacio. Es decir, fue tenido por particulares, fue incomunicado, golpeado y remitido a la cárcel de Gómez Palacio, un municipio contiguo. Por eso decimos que estaban operando grupos ajenos a la autoridad, pero con anuencia, coordinación y respaldo de la autoridad”, acusó.

Él y morenistas de la entidad consideran que el Gobierno estatal, al estar liderado por José Rosas Aispuro, del PAN, partido de la coalición Va por México, fue omiso ante los señalamientos de violencia que ellos y otros ciudadanos expusieron durante las votaciones desde sus redes sociales.

SinEmbargo consultó al Gobierno de Durango y al de Lerdo para conocer su postura, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Mientras que el PRI estatal defendió su triunfo y negó que su partido operara grupos de choque o estuviera detrás de actos intimidatorios para obligar a la ciudadanía a votar por sus siglas.

“La contienda fue limpia. El PRI no es de grupos de choque, es un partido institucional, es un partido que está formado en las elecciones y es un partido maduro, tanto que cuando toca perder es el primero que sale y reconoce derrotas, porque así es la democracia, en la democracia se gana o se pierde y el PRI sabe perder y sabe ganar”, afirmó Yáñez.

Para Morena esto no es verdad, por ello Otniel García, dirigente estatal, anunció desde el 8 de junio que el equipo jurídico del partido ya analiza impugnar el resultado de la elección por las irregularidades que detectaron.

“Hubo una violencia, hubo terrorismo electoral y eso manchó el proceso, vimos, no solamente por los operadores políticos, sino también que hubo elección de Estado, se sintió la presencia del Gobierno estatal obstruyendo el desarrollo libre del proceso”, dijo ese día en conferencia Roy Gómez, coordinador de campaña de Marina Vitela.

Mientras que Rafael Palacios anunció que en Lerdo, donde el candidato del PRI-PAN-PRD, Homero Martínez Cabrera, sumó 50.3 por ciento de votos frente a los 42.6 por ciento de Teresa González con Morena y su coalición, impugnarán el resultado porque, dijo, en ese municipio algunas personas “salieron a votar coaccionadas por el PRI, fue como regresar a los años 80”.

Además de Durango, la dirigencia de Morena denunció desde el 5 de junio una persecución en Tamaulipas y Aguascalientes. De acuerdo con el PUEDJS, en las seis entidades que tuvieron votaciones el PAN obtuvo la mayoría de denuncias por posibles delitos, con 73, seguido de Morena con 11, el PRI con 3 y el PVEM con una denuncia.

Las denuncias por violencia en las elecciones han abonado al clima de tensión entre la coalición Va por México y Morena, el partido en el poder a nivel federal. En ese contexto, la alianza informó este jueves que se unirán en el Poder Legislativo para impedir que avancen las reformas constitucionales que presente el Presidente Andrés Manuel López Obrador en los poco más de dos años que quedan de su gestión.