En México hay un millón 590 mil personas con algún problema mental. La Secretaría de Salud impulsó una reforma para convertir hospitales psiquiátricos en generales y garantizar una atención integral y en comunidad. Familiares se cuestionan qué hacer con los pacientes con crisis violentas, pero colectivos como Orgullo Loco invitan a probar esta otra alternativa de recuperación.
Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).– La Ley General de Salud fue reformada para garantizar un servicio integral de salud física y mental que plantea la transición progresiva del modelo de hospitales psiquiátricos de internamiento forzoso a clínicas generales y una atención comunitaria y apegada a los derechos humanos, de acuerdo con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.
Desde la perspectiva de familiares y sociedad civil, no en todos los diagnósticos se facilita ni todas las familias cuentan con los recursos económicos y espacio de seguridad para absorber los cuidados y la potencial peligrosidad de algunos enfermos, incluyendo los que tienden a suicidarse, cometieron algún delito o pueden cometerlo sin el tratamiento adecuado.
Pero otros colectivos como Orgullo Loco México, conformado por personas con discapacidad psicosocial que participaron en esta reforma legislativa, aseguran que esta iniciativa plantea que el internamiento psiquiátrico no es la única vía hacia la salud mental. Explicaron que ya no estigmatiza a las personas como un objeto de tratamiento psicofarmacéutico que deben «encerrarse para no dar problemas», sino como seres con derechos a identidad, vivienda, trabajo, estudio, recreación y obtener un tratamiento alternativo de recuperación que encare de raíz la causa cultural y social de su conducta.
El Sistema Nacional de Salud registra 33 hospitales psiquiátricos públicos en 31 municipios en un país con 1 millón 590 mil personas con algún problema o condición mental (Inegi, 2020), así como 237 centros contra adicciones reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, sin considerar los anexos clandestinos con influencia del narcotráfico.
Los colectivos sobre reinserción social como Reinserta, Fundación Reintegra y la Organización Comunitaria por la Paz cuestionaron que la ruta para eliminar este modelo psiquiátrico de internamiento forzoso –que de fondo ven como un ahorro presupuestal–, generará una «sobrecarga» en las tareas del cuidado de las familias, en particular de las mujeres; y arriesgará a los pacientes que no tienen redes de apoyo a terminar en situación de calle o en la cárcel (aun cuando son inimputables), por lo que pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar esta reforma.
SinEmbargo contactó a la CNDH, pero no obtuvo una respuesta sobre si emitirá algún pronunciamiento.
«Si van a unificar los psiquiátricos en generales, no va a ser posible. Los problemas mentales son más tristes, más desesperantes que los físicos. Mi paciente es difícil por sus crisis violentas, ¿qué va a pasar con ella?, ¿a dónde la van a llevar?», cuestionó la señora Miriam afuera del hospital psiquiátrico «Fray Bernardino», ubicado al sur de la Ciudad de México.
Su sobrina Berenice, de 34 años, ha sido diagnosticada con un padecimiento mental del tipo violento, es decir, en ocasiones le dan crisis espontáneas donde ha roto muebles o ventanas a patadas.
Durante esos episodios de urgencia, ha sido internada desde que era menor de edad en el psiquiátrico infantil «Dr. Juan N. Navarro», donde le dijeron que padecía autismo. Al cumplir la mayoría de edad, fue trasladada al psiquiátrico «Fray Bernardino», donde su diagnóstico ha variado entre esquizofrenia y psicosis, por lo que le han recetado medicamento para ambas enfermedades.
Su madre Norma murió hace 13 años y su padre no se hizo cargo de ella. Sus tíos la cuidan. Miriam, mientras espera por horas afuera del psiquiátrico a que su esposo logre internar a su sobrina una vez más, cuenta que han adaptado su casa para la seguridad de ella y la de ellos: su habitación sólo tiene un colchón, sin base, y la ventana está tapeada con madera porque tiende a aventarse y patear. Y, con ayuda de su hermano herrero, colocaron una reja de contención entre el cuarto y el baño para que pueda verlos y escucharlos, pero no agredirlos.
«Hoy sí la van ingresar, pero en otras ocasiones no la reciben, sólo le dan algo para que ande somnolienta porque no tienen camas», afirmó. «Me han entregado a mi paciente en estado alterado sin el tiempo para ver cómo le está funcionando el nuevo medicamento».
Víctor Lizama e Ilse Gutiérrez, integrantes del colectivo Orgullo Loco, enfatizan que las personas con discapacidad psicosocial como ellos son víctimas de diferentes violencias, comenzando cuando esas crisis se abordan desde el sometimiento o los pacientes son «anulados» por los hospitales y estigmatizados por la sociedad. Por ello urgen las medidas alternativas comunitarias para mitigar las violencia de ambos lados.
Ilse, compartió, ha sido expulsada en dos ocasiones de escuelas públicas sin antecedentes de agresión sólo por su diagnóstico.
«Cuando hablamos de un nuevo modelo en salud mental –y estamos reconociendo las determinantes contextuales, es decir, los elementos en el entorno que están afectando la salud mental– se busca que haya intervenciones multidisciplinarias más cercanas a la gente, que se atiendan sus problemas que le afectan. No basta con que reciba un diagnóstico y un tratamiento fármaco, no se descarta, pero es más complejo que eso para saber abordar esas crisis: es cambiar cómo percibimos que una persona escuche voces o intente suicidarse», dijo Víctor Lizama.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
Para eliminar ese modelo psiquiátrico de internamiento forzoso, generalmente en sitios aislados, el artículo 74 de la reforma a la Ley General de Salud, publicada el pasado 16 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, plantea que no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría; y los actuales hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red del Sistema Nacional de Salud.
«En forma integral, como debe ser la salud, vamos a tener en cada uno de los hospitales camas que tengan esa atención [psicológica, psiquiátrica y crónicas]», aseguró el Secretario de Salud Jorge Alcocer.
La señora Miriam señaló las ventanas del hospital «Fray Bernardino» para mostrar que están enrejadas con material especial para evitar accidentes entre internos, del cual carecen hospitales generales, como le han dicho a ella cuando a falta de camas han canalizado a su sobrina a otros hospitales donde la rechazan por carecer del equipo requerido.
Del área de urgencias del psiquiátrico «Fray Bernardino», durante una crisis violenta, la trasladaron a un hospital general ubicado en Lechería, Estado de México. Al final tuvieron que contenerla en familia porque ese hospital no pudo atenderla. En otra ocasión, de madrugada, la enviaron al Instituto Nacional de Neurología, lo cual esperanzó a su tía por si ahí podían darle el diagnóstico correcto, pero recibió la misma respuesta: tenían camas disponibles, pero no las «condiciones de seguridad» para un paciente psiquiátrico.
«Si el Instituto de Neurología no tiene las condiciones, cualquier otro hospital general qué podrá ofrecer», cuestionó la tía de Berenice.
El Secretario de Salud Jorge Alcocer ha aclarado que no desaparecerán los hospitales psiquiátricos de México, sino que se integrarán al sistema de salud general como se lleva a acabo en España e India para ir quitando el «estigma» a la enfermedad mental y adicciones, y brindar una «atención humanista» (rehabilitación y reinserción) a los pacientes con problemas de conducta, en vez de encerrarlos y aislarlos en psiquiátricos (artículo 72).
Paola Zavala, directora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), cuestionó que al querer evitar el internamiento forzoso, también cierran la puerta para el internamiento voluntario y, peor aún, romantizan que todos los enfermos mentales tienen familia sin el riesgo de terminar en las calles o encarcelados.
«El Estado se está lavando las manos y obliga a las familias a cuidarlos. Las relaciones familiares no necesariamente son como se espera; a lo mejor viven en un contexto de pobreza y alguien tendría que vigilarlo 24 horas porque puede hacerse daño o simplemente no quieren hacerlo por trabajo, escuela y hacer sus vidas», planteó.
También, enfatizó, «hay muchas personas olvidadas en el sistema. Muchas de las personas en situación de calle vivieron o viven graves daños a la salud mental y son abandonadas por sus familias o ellos mismos se escapan y acaban muertos de frío o de hambre, lo que no se voltea a ver».
A la vez, si un paciente con diabetes, hipertensión o daño renal presenta una afección de su comportamiento como ansiedad, se podrá tratar en el mismo espacio, dijo el Secretario Alcocer. Durante la pandemia, documentó, el 70 por ciento de aquellos que tuvieron un desarrollo grave de la afección por el coronavirus tenían otras comorbilidades, entre ellas, alguna afección de la salud mental magnificada por el confinamiento.
«Imagínate estar en un hospital general con una apendicitis a lado de un paciente psicótico; se necesitan espacios, materiales y personal específicos para cada uno», consideró Paola de Ocupa.
Danerú, un joven psicólogo que internó a un paciente con psicosis (se cree soldado de guerra) y delirio (de asesinato) en el «Fray Bernardino», criticó que los legisladores aprobaran la reforma a la Ley General de Salud desde la «negligencia y desconocimiento total», lo que orillará a la búsqueda de atención privada, donde los tratamientos son «altamente costosos» y generará más abandono en calles o cárceles.
Coincidió en que no en todos los casos es aplicable la atención en los hogares o «alguien terminará muerto por una crisis psicótica, ¿qué pasa con los pacientes con antecedentes de delitos de alto impacto? Entre que los estigmas no cesan, si no es por la vía institucional, no se pueden abordar; se están aventando la pelota».
Paola Zavala, de Ocupa, expuso que su organización se ha dedicado a que no encarcelen a los enfermos mentales por cometer delitos en estados de crisis por ser inimputables, sino que los manden a psiquiátricos para su rehabilitación, pero ahora ni psiquiátricos habrá.
«En la mayoría de las entidades los mandan a las cárceles, lo que es injusto para los que tienen la enfermedad mental y para la población penitenciaria; imagina compartir celda con una persona psicótica», dimensionó.
En contraste, desde Orgullo Loco insisten en la urgencia de cambiar el modelo psiquiátrico asilar y farmacológico a la atención comunitaria y de descalamiento de crisis violentas con herramientas de apoyo mutuo, procesos de desmedicación, talleres de empoderamiento, empatía, comprensión e información sin estigma a pacientes y familiares.
«Analizando el contexto de los servicios de salud mental en México puede decirse que el modelo psiquiátrico asilar es fallido», dijo Víctor Lizama.
Pero, añadió Ilse Gutiérrez, es el único modelo conocido por la población, lo que obstaculiza salirse del ciclo crítico de crisis-contención-crisis. Por eso, dijo, la importancia de darle la oportunidad a la sociedad de conocer estas otras opciones de atención a la salud mental para abordarlo de manera diferente y también quitar la carga a las familias.
«Si partes de que la persona tiene derecho a decidir qué pasará con ella, puedes verla de diferente forma, piensas que puede tomar la decisión y debes darle las herramientas para que lo haga en ese momento de crisis», aseguró Ilse.
DÉFICIT DE MEDICINAS Y PSIQUIATRAS
Desde la lupa de la academia y sociedad civil observan pendientes clave para lograr esta reestructuración del sistema de salud física y mental, entre ellos, desabasto de psicofármacos y déficit de psiquiatras.
«En ese camino desde luego, y tomo el apunte, los medicamentos han tenido una cierta dificultad para su adquisición por su producción y además por el uso indebido de estos [como el fentanilo para anestesias en cirugías]», reconoció el Secretario de Salud.
La señora Miriam cuenta que los medicamentos controlados son más baratos en el hospital que en farmacias privadas, pero ahora hay desabasto de una inyección que han recetado a su sobrina Berenice y los médicos están buscando tratamiento alterno.
«Usa mucha medicina, gastamos unos cuatro o cinco mil pesos al mes. La inyección es cada mes y cuesta mil 200 pesos, pero ahorita no hay ni afuera», dijo. «Uno tiene ciertas ‘posibilidades’, pero gente tan humilde que luego vemos que llega, ¿cómo le harán?», cuestiona sobre los cambios por la reforma.
La reforma a la Ley General de Salud, en el papel, demanda la implementación de servicios de atención de salud mental y adicciones en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud; el desarrollo de programas para prevenir el suicidio y capacitación en salud mental al personal para evitar estigmatización.
También da el derecho al paciente a no ser sometido a medidas de aislamiento, contención coercitiva o cualquier práctica que constituya tratos crueles, inhumanos o degradantes; y a ser tratado y atendido en su comunidad o lo más cerca posible al lugar en donde habiten sus familiares o amigos.
Pero lo que falta es personal médico bien distribuido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda al menos una tasa de 5 psiquiatras por cada 100 mil habitantes. En México el dato más reciente arroja 4 mil 393 psiquiatras, es decir, 3.68 por cada 100 mil habitantes; y la mayoría (60.33 por ciento) se encuentra en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. La tasa estatal más baja la tiene Tlaxcala, con 0.55 psiquiatras por cada 100 mil habitantes, seguido de Zacatecas y Chiapas, ambos con 0.57 psiquiatras, muestra el artículo del Instituto Nacional de Psiquiatría y la UNAM.
El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, ha informado en las últimas semanas sobre el proceso de reclutamiento de médicos especialistas. Al corte del 7 de junio, van 7 mil 360 registrados de las 14 mil 323 vacantes para hospitales del IMSS, ISSSTE, Pemex e Insabi, las cuales se han concentrado en medicina interna, urgencias, ginecología, pedriatría, anestesiología y cirugía general. Robledo no ha dado información puntual sobre vacantes en psiquiatría.
Claudia Vega Michel, académica del Doctorado Interinstitucional en Investigación Psicológica del ITESO, entiende la reforma federal por el abandono de pacientes en psiquiátricos, pero advierte que, aunque sea progresivo, es «muy prematuro» para la situación actual del sistema de salud mexicano.
“Todavía tenemos muchas personas que viven en estos lugares por abandono, en este tipo de espacios que están lejos de todo, en la periferia de la ciudad, por donde no pasa nada ni nadie. El modelo de atención es medicalizar a las personas y dejarlas encerradas. Se quedan ahí porque los familiares ya no saben qué hacer con ellas, no las aguantan y las ‘depositan’ en estos lugares”, explicó. «¿Qué va a pasar con esas personas? Esos hospitales son su casa: ¿a dónde van a ir?».
Entre los retos para transicionar al modelo de atención comunitaria, plantea la investigadora psicológica, es hacer un censo para conocer cuántas personas tienen como hogar una clínica de salud mental y definir qué se hará con ellas, de lo contrario, coincidió con las organizaciones civiles, podría haber muchas más personas en situación de calle.
También, dijo Vega Michel, habría que orientar y capacitar a los familiares o enfermeras para que puedan apoyar y contener a los pacientes desde sus hogares. En la India, ejemplificó, capacitan a enfermeras comunitarias para dar seguimiento a quienes son atendidos desde sus casas.
“Hay visitas programadas de las enfermeras psiquiátricas a las casas de las personas para supervisar que sí se estén tomando el medicamento y la familia entiende que su familiar está mal porque está escuchando voces, y entiende cómo tratarlo y en qué momento pedir ayuda», contó.
Pero cuántas familias tienen los recursos económicos para ello, cuestionó la señora Miriam que sólo entre la red familiar alcanzan los cinco mil pesos mensuales para el tratamiento psiquiátrico de su sobrina.
«No podemos tirar la toalla, me importa mi sobrina», dijo. Pero, dimensionó la directora de Ocupa: «Seamos sinceros, muchos no recibirán esa atención familiar y acabarán abandonados».
A menos que, comentó Orgullo Loco, el Estado garantice las herramientas para esta transición a una atención comunitaria. «Dialoguen con nosotros y quitemos esa carga de vigilancia a las familias», invitó Víctor Lizama.
