Alito y Cabeza

Del más reciente audio del dirigente nacional del PRI, “Alito” Moreno, me tomaron por sorpresa tres avistamientos al mundo de la corrupción. Primero, que la desmesura, la voracidad, es tal, que el diputado no sabe cuántas propiedades tiene. Incluso su contador, de apellido Zertuche, le avisa que se ha robado 200 metros del terreno de junto. “Ya me los chingué. Vale verga, agárralos”, ordena divertido. Se habla con soltura de millones de pesos, de compra de edificios, terrenos extensísimos, cuyo desarrollo se puede ver desde el satélite de Google Maps. Luego, me asombró la forma en que se refiere a su encargo como representante popular: “Ahora que entre a la Cámara, van a salir más cosas, ya vas a ver”, es decir, usará su cargo para hacer más negocios que le ayudarán al esquema de lavado de dinero al que se refiere toda la conversación del audio transmitido el martes 31 de mayo. Por último, me abismé ante la forma en cómo se refiere a sus socios, a la empresa “muy ordenada” que le ayudará en su esquema de lavado de dinero: “Son unos pinches hampones, todos esos cabrones. Lo que necesito es que ya me hagan la transferencia en chinga”. Es decir, por alguna razón “Alito” no se considera a sí mismo un maleante sino sólo a los que, según Zertuche, constituyeron una empresa específicamente para lavar dinero.

El desenlace del dirigente del PRI es uno más en la larga degradación de ese partido y de la coalición a la que pertenece junto con Acción Nacional y el PRD. Como si fuera un tablero de la policía, esos que usan los detectives para visualizar con retratos las jerarquías y relaciones de los criminales, el “nuevo PRI” que se fotografió con Enrique Peña Nieto delante del mural de Diego Rivera en Palacio Nacional el 1 de diciembre de 2012, está prófugo, indiciado, en la cárcel o muerto. César y Javier Duarte, exgobernadores de Chihuahua y Veracruz; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fausto Vallejo, de Michoacán; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Andrés Granier, de Tabasco; Mario Anguiano de Colima; Rubén Moreira, de Coahuila; Egidio Torre, de Tamaulipas; además de las muertes de Rafael Moreno Valle de Puebla y Aristóteles Sandoval de Jalisco.

El nuevo PRI es, qué duda cabe, el de “Alito” Moreno, un personaje vulgar, malsonante, deshonesto, que nada en las enormes albercas del erario público con tal abundancia que desconoce cuánto tiene, a quien ha afectado, pero que, a sí mismo, no se reconoce en el espejo como lo que es: un delincuente. Su “nuevo PRI” incluye, ahora a Acción Nacional y al PRD, que han cerrado filas con la corrupción desde el poder público. No deja de ser llamativo que la Coalición del Sí por México haya emergido de la mansión de quien se ostentaba como juez de la corrupción nacional, Claudio X. González. La que hace unos años era una organización no gubernamental que señalaba con relatos periodísticos, centros de evaluación, y voceros muy socorridos la corrupción gubernamental —nunca la de las empresas—, ahora abandona el discurso de la legalidad para encubrir a sus aliados políticos en una aventura demencial para acabar con un movimiento mayoritario en contra de la corrupción.

Lo que ocurrió fue muy sencillo pero muy profundo. A diferencia de los casos de Brasil o Ecuador, donde la oposición conservadora, neoliberal, de Jair Bolsonaro y Lenin Moreno, usaron la corrupción para atacar a los gobiernos legítimos de Lula da Silva y Rafael Correa, aquí en México no pudieron porque sus miembros estaban hasta el cuello en actos ilegales. Fabricaron dos reportajes finales que señalaron su derrota sin asideros en la verdad: el de los chocolates y la casa de Houston de los hijos del Presidente, que fueron desmentidos hasta la vergüenza ajena, y cuyos autores terminaron por aceptar que eran “para abrir la conversación” o “básicamente son inferencias”. Olvidado el tema de la corrupción, los opositores al obradorismo se han concentrado este año en señalar otras deficiencias técnicas, como en la supuesta torre inclinada del Aeropuerto Felipe Ángeles o la destrucción de la selva con el tramo 5 del Tren Maya. Es su forma extravagante de ir contra la austeridad republicana sin decirlo. Como estas obras de infraestructura se hacen sin corrupción, les queda señalar que están mal hechas. Pero no les ha conducido más que a un callejón sin salida donde el tema de la corrupción los inunda y los hunde como a un expresidente en una alberca.

La otra fotografía, muy parecida a la del “nuevo PRI” en 2012, es la del grupo de senadores de Acción Nacional que se han ido a vivir a Tamaulipas para respaldar a su desaforado e indiciado como “criminal” gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Son los senadores panistas de la legislatura 62, entre el 2012 y 2015. Personajes como Javier Lozano, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, y el propio Cabeza de Vaca, constituyeron un grupo ligado, tanto a Enrique Peña Nieto como a Felipe Calderón, que respaldó sus reformas, corrupción, y vanidad. A pesar de que su gobernador de Tamaulipas fue desaforado por el pleno del Congreso mediante una comisión instructora y que tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada, estas figuras de Acción Nacional se olvidan, igual que con “Alito”, del tema de la corrupción. Olvidan las acusaciones de relación con el narcotráfico, la instalación con recursos públicos de compañías eólicas en los ranchos del gobernador, el saqueo a la Universidad de Tamaulipas, y las pruebas presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de evasión fiscal, uso de factureras, y lavado de dinero. La forma en que enfrentan el tema es decir que se trata de una “persecución política” o de una “operación de Estado”, sin tomar en cuenta las pruebas del atraco.

Del lado del obradorismo, la corrupción se ha ido ligando a la idea de la redistribución de la riqueza. Se le devuelve al pueblo lo robado. Se señala la corrupción, no sólo como en tiempos de Claudio X. González, como una cifra aproximada de desperdicio, sino como un componente indispensable del régimen neoliberal. El Presidente López Obrador ha dicho que ese sistema económico concentró la riqueza a partir, no de la competencia, sino de los arreglos para que les condonaran impuestos, los rescataran con deuda pública cuando fallaban sus utilidades, contratos a modo para empresas financiadas por el resto de los contribuyentes, usuarios, o la banca de desarrollo. No hay forma en que la oposición pueda deslindarse con credibilidad de la corrupción. Al contrario, cierran filas ante las acusaciones y órdenes de la justicia, no pueden esconder el derroche de recursos públicos privatizados en mansiones, negocios, y cuentas fuera del territorio nacional, en Andorra, en Panamá, y Miami. Cuando López Obrador decía que podría financiar el desarrollo nacional y los programas sociales con el combate a la corrupción, cuando los llamaba “la mafia del poder”, el PRIAN desdeñaban esos conceptos como simples lemas de campaña. Pero la historia de quien haya seguido, desde la primera alianza entre Acción Nacional y carlos Salinas de Gortari en 1989 hasta el Pacto por México y los últimos esfuerzos de Claudio X. González por mantenerlos unidos, sabe que esa “mafia del poder” era una descripción, no un lema. Cuando, ya como presidente, López Obrador liga el combate a la corrupción con un sistema de redistribución, lo convierte en una demanda que entronca con las luchas por la igualdad de oportunidades. Este tema es tan relevante que, al dejarlo de lado, la oposición del McPRIAN sólo puede hacer campañas no- redistributivas, como la hostilidad a las obras de infraestructura con el único argumento de que destruye la selva, con el mujerismo disfrazado de feminismo, con la idea de que el reparto de la riqueza es un asunto individual y no un derecho que debe garantizar el Estado.

Así llegamos a las aberrantes propuestas que el “México ganador” de Claudio X. González ha hecho en últimas fechas. Por ejemplo, en vez de fortalecer a una empresa del interés nacional como la CFE, proponer páneles solares para todos los techos de los mexicanos. O, como ha propuesto el ya candidato a la presidencia, Enrique de la Madrid, que, en vez de las pensiones a adultos mayores, niños con discapacidad o las becas para estudiantes, se adopte un programa que se llame “Adopta un mexicano”, mediante el cual los derechos constitucionales que garantiza el Estado sean abandonados a la magnanimidad, la benevolencia, de los que quieran adoptar a un pobre y depositarle mil pesos al mes.

Así, la oposición en esta segunda mitad del 2022.