La traición de FAO

El alimento es la base de nuestra sobrevivencia como especie. Quien controla el alimento controla la sociedad. Esto lo saben bien las potencias mundiales que otorgan muy importantes recursos en subsidios para mantener su producción agrícola.

Como en toda la actividad productiva del capitalismo salvaje, la producción de alimentos se ha encaminado a producir de forma masiva al menor costo posible y sin importar los daños al medio ambiente que se generen. Al mismo tiempo, realiza esta producción en base a la explotación laboral que el sistema le permita.

Bajo esta lógica, la producción agroindustrial ha expulsado a las comunidades campesinas de los territorios fértiles, imponiendo un modelo basado en el uso intensivo de agroquímicos tóxicos, petróleo y en mano de obra sobreexplotada. Este modelo es una de las principales causas de destrucción del entorno natural por la propia contaminación química que afecta a los seres vivos en general y, en especial, a las poblaciones de aves e insectos polinizadores, además de expandir la frontera agrícola sobre los ecosistemas naturales con graves consecuencias para la biodiversidad..

La destrucción de los ecosistemas por la expansión agroindustrial se está dando principalmente para la producción de carne, para producir granos para alimentar al ganado y las aves, y para la producción de ingredientes baratos para las grandes corporaciones de productos ultraprocesados, como es el caso de la destrucción de selvas para la producción de aceite de palma.

La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO), ha tenido como objetivo primario combatir el hambre y la pobreza y, en el nuevo contexto de destrucción ambiental y cambio climático, tiene por mandato promover las políticas de alimentación y agricultura sostenibles alrededor del mundo. La FAO se había convertido en un organismo internacional luchando y convocando a los gobiernos del mundo a redireccionar los sistemas alimentarios no sólo para combatir el hambre y la pobreza, si no también a ser parte fundamental del combate al cambio climático.

La FAO, bajo la dirección de José Graziano da Silva (2011 a 2019), planteó la necesidad de fortalecer a los campesinos alrededor del mundo con el fin de combatir la pobreza, favorecer formas sustentables de producción agrícola y mantener la biodiversidad de nuestros alimentos. Graciano venía de haber servido como Ministro Extraordinario de Seguridad Alimentaria en Brasil, durante la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva, sendo el responsable del programa “Hambre Cero” que sacó a 28 millones de personas de la línea de pobreza.

Bajo la dirección de Graciano, Naciones Unidas declaró 2014 como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, con el objetivo de posicionar a las familias campesinas en el “centro de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas nacionales, identificando desafíos y oportunidades para promover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equilibrado”.

No hay manera de combatir el hambre y promover el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América Latina sin la agricultura familiar. La seguridad alimentaria depende de las familias campesinas en una región en la que el 80por ciento de las explotaciones agrícolas son de familias campesinas.

Los pequeños agricultores son aliados de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de los países por lograr un futuro sin hambre. En nuestra región, el 80 por ciento de las explotaciones pertenecen a la agricultura familiar. Se trata de 60 millones de personas que encuentran su empleo en esta actividad que forma parte de su cultura, de conocimientos ancestrales ligados a su propia alimentación. “No sólo producen la mayor parte de los alimentos para el consumo interno de los países de la región, sino que habitualmente desarrollan actividades agrícolas diversificadas, que les otorgan un papel fundamental a la hora de garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad”

Sin embargo, la FAO ha dado un giro profundo realizando alianzas con las grandes corporaciones de los agroquímicos como BASF, Bayer, Syngenta, Corteva, etc, agrupadas en CropLife. La FAO promueve acuerdos internacionales entre gobiernos y estas empresas para permitirles mantener su hegemonía, el control de las semillas y la comercialización de sus productos tóxicos. Estas corporaciones introducen al mercado los plaguicidas más peligrosos para la salud humana y el medio ambiente sin ninguna consideración a sus efectos y con una estrategia muy bien financiada para evitar su prohibición, ganando billones con la comercialización de productos cancerígenos para la población humana y dañinos para las aves y las abejas, fundamentales para la polinización.

La red international de Pesticide Action Network lo deja claro: “CropLife afirma que su objetivo es proveer tecnología “ecológica” a través de las semillas genéticamente modificadas (GM, por sus siglas en inglés) que sus corporaciones miembro producen. Una gran proporción de estas semillas, sin embargo, están diseñadas en conjunto con herbicidas químicos de las mismas empresas. Estas semillas GM son entonces un mecanismo para impulsar la venta de sus químicos asociados. Estas soluciones químicas anticuadas van directamente en contra de la transición urgentemente necesaria a enfoques ecológicos de conocimiento intensivo conocidos como agroecología que la FAO venía apoyando”.

Los organismos de Naciones Unidas deben actuar de manera transparente como lo deben hacer todos los gobiernos y organismos públicos que actúan o deben actuar por el bien común. Para ello deben tener políticas claras que les impidan recibir recursos o realizar convenios, alianzas o contratos que puedan representar un conflicto de interés. FAO destaca por no transparentar los recursos que recibe como donaciones voluntarias y que provienen de gobiernos y entidades privadas.

La captura de FAO ya había sido expuesta el año pasado durante la Cumbre de Sistemas Alimentarios en la que este organismo excluyó de su organización al Comité de Seguridad Alimentaria (CSA), incluyéndolo sólo a último momento tras las protestas internacionales. Basta revisar las fuertes críticas de diversos relatores del derecho a la alimentación de Naciones Unidas contra esa Cumbre y el papel de la FAO.

El Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI), un organismo central del CSA, denunció la captura de la Cumbre por parte de las corporaciones y convocó a una Cumbre paralela. De esta manera FAO desconoció el trabajo de decenios del CSA y al MSCPI que representa a más de 300 millones de productores.

El sistema alimentario, se estima, es responsable de alrededor del 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo anterior, su reforma debe ser parte fundamental de la estrategia global para enfrentar el cambio climático. Ese fue el sentido original de convocar a la Cumbre de Sistemas Alimentarios que se desvirtuó por la captura corporativa.

El mundo va en una dirección muy equivocada que pone en peligro a la especie. Esa dirección la están marcando los grandes intereses económicos. Esos intereses actúan estratégicamente en contra de las políticas dirigidas al interés público y en contra de la evidencia científica. La transparencia y protección de las políticas globales, nacionales y locales contra la interferencia y el conflicto de interés, es la única garantía para encontrar un rumbo más sustentable, que nos permita evitar el sacrificio de las condiciones de sobrevivencia para las jóvenes y futuras generaciones.