El silencio de la Corte frente a la militarización

A estas alturas del gobierno creo que a nadie le queda duda la contumacia presidencial respecto al orden constitucional. El caso más evidente de la abierta rebeldía de López Obrador contra la ley fundamental del país es su decisión de desacatar el artículo 21 a la hora de integrar la Guardia Nacional, pues el Constituyente Permanente decretó que sería un cuerpo de seguridad civil, con mandos y disciplina civiles.

El mandato legislativo les dio lo mismo al jefe del Ejecutivo y a los altos mandos de las fuerzas armadas, pues de manera descarada crearon la Guardia con el simple traslado de soldados y marinos, mientras absorbieron a la Policía Federal para desmantelarla. De acuerdo con el informe del Observatorio de la Guardia Nacional impulsado por Causa en Común, para diciembre del año pasado solo el 21 por ciento del personal de la GN era civil con plaza en el cuerpo, pero el 79 por ciento lo formaban elementos militares con base en sus respectivos cuerpos y el objetivo expreso es deshacerse de todo el personal civil en un año, aun cuando es poco probable que se reforme el texto constitucional para avalar su desacato.

Además de la abrumadora presencia de la soldadesca en lo que debería haber surgido como un cuerpo profesional de policía con formación y estructura especializada para la prevención y el combate de los delitos con apego a los derechos humanos y el debido proceso, el ejército y la marina han continuado haciendo tareas de seguridad pública de manera directa, sin siquiera disfrazarse de guardias nacionales, y sin ningún control del poder civil, con lo que también violan el artículo 5º transitorio del decreto de reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En 2019, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, empezando por Morena, aprobaron el retiro completo de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública en un plazo que concluirá dentro de 684 días, el 26 de marzo de 2024. Además, establecieron que, en tanto la Guardia Nacional desarrollaba su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

Ayer se cumplieron dos años de que, para darle la vuelta a este mandato constitucional, el Presidente de la República emitió un acuerdo en el que solo se enuncian los requisitos anteriores, pero no se establecen los mecanismos para que sean efectivos, lo que ha dejado a las fuerzas armadas sin ningún control del poder civil. Aquél acuerdo fue impugnado ante la Suprema Corte de Justicia por un alcalde, un gobernador y por la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, pero hasta ahora la Corte no ha resuelto nada ni ha dado razón alguna para no pronunciarse, con lo que tácitamente ha avalado la violación presidencial de la Constitución.

Ya han pasado tres de los cinco años que el Congreso le concedió al ejecutivo para regresar a los militares a sus cuarteles, como él mismo ofreció en campaña, pero es ya evidente que no tiene ninguna intención de cumplir con el ordenamiento, y a la Suprema Corte no le importa que el asunto repose plácidamente en sus cajones. Al mismo tiempo, la Guardia Civil se hace cada día más militar, en claro desafío a la Constitución, como dando por hecho que el Congreso va a recular y va a aprobar la reforma anunciada por López Obrador, para lo cual los militares están ya desatados cabildeando en el Senado con chantajes incluidos.

El problema central es que la seguridad en el país sigue siendo un desastre y las violaciones a los derechos humanos y otros crímenes cometidos por las fuerzas armadas y los soldados disfrazados de guardias nacionales son reiterados. Ya quedó claro que la formación castrense no sirve para para prevenir, investigar y perseguir los delitos de la manera adecuada para reducir la violencia y la inseguridad. La crisis en la que estamos hundidos lleva ya tres lustros y en lugar de invertir en transformar el sistema de justicia y en crear cuerpos de seguridad ciudadana de carácter profesional con formación específica, se sigue insistiendo en la vía militar evidentemente fracasada. Las fuerzas armadas hacen muy mal el trabajo que deberían hace policías profesionales. Como política pública, la militarización de la seguridad ha sido un fiasco en el que los sucesivos gobiernos han insistido insensatamente.

El desastre lo perciben incluso los sectores de la población entre los que el Presidente mantiene una popularidad muy alta. De acuerdo con diversas encuestas serias, como la citada por Enrique Quintana en su columna de ayer, el 63 por ciento de la población considera que ha habido un mal desempeño en materia de seguridad y solo el 22 por ciento respalda la estrategia del gobierno. Y eso que tanto el Presidente como las fuerzas armadas tienen buena apreciación entre la ciudadanía.

Pero vuelvo a lo que me parece central. ¿Qué hacer con un Presidente que ha decidido violar descaradamente la Constitución? En otros tiempos al menos se simulaba, se creaban rituales que se convertían en ficciones aceptadas. López Obrador ni siquiera hace eso: muestra su desprecio por la ley y la Suprema Corte no lo toca ni con el pétalo de una rosa. Así, el riesgo de regresión autoritaria aumenta día a día y se aleja la posibilidad de consolidar una auténtica democracia constitucional. La Suprema Corte y, sobre todo, su presidente Arturo Zaldívar son cómplices del retroceso. Mientras tanto, las fuerzas armadas se relamen ante el poder que han adquirido sin contrapeso alguno.