Mamás buscadoras lidian con todo en contra para buscar a sus hijos desaparecidos

Madres de personas desaparecidas se congregaron este 10 de mayo en diversos puntos de México para exigir a las autoridades resultados en la búsqueda y localización de sus hijos. Alrededor de 60 colectivos participan en estas protestas, que son el recordatorio de la gravedad del fenómeno de desaparición de personas por el que atraviesa el país.

Ciudad de México, 10 de mayo de 2022 (SinEmbargo).- Aunque en México hay aproximadamente 35.2 de millones de mujeres que son madres, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no todas podrán celebrar esta fecha en la que se conmemora el Día de las Madres, ya que cientos de ellas, por el contrario, pasarán con tristeza este día y luchando por encontrar a sus hijos.

Se trata de madres que de tiempo atrás han abandonado todo y —con todo en contra— han emprendido la misión de buscar a sus hijos por todo el país. Esta búsqueda en el caso de muchas de ellas —como Cecilia Patricia Flores Armenta, Delia Quiroga, Leticia Álvarez, Gladys Aranza Ramos Gurrola, entre muchas otras— han enfrentado al propio crimen organizado —algunas como Gladys lo han pagado con su vida y otras han recibido amenazas y han sido el blanco de ataques—, el lento actuar de las autoridades y sobre todo la incertidumbre diaria de saber dónde están sus hijos.

Con este contexto de fondo, alrededor de 60 colectivos de madres buscadoras han convocado a protestar en todo el país, algunos en la onceava Marcha de la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus hijas e hijos, verdad y justicia, la cual dará inicio en el Monumento a la Madre, al sur de la Ciudad de México y culminará en el Ángel de la Independencia, ubicado en avenida Paseo de la Reforma.

Desde la mañana de este martes 10 de mayo, colectivos de madres de personas desaparecidas llevaron a cabo diversas marchas y manifestaciones con el propósito de exigir al Gobierno de México avances en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país.

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Otros grupos acudieron a las afueras de Palacio Nacional, en la capital mexicana, en donde solicitaron un diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que se implementen las recomendaciones del Comité de Desapariciones Forzadas (CED), con el propósito de que cumpla con el compromiso que adquirió al asegurar que la crisis de desapariciones en México sería un tema prioritario en su Administración.

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Como en la Ciudad de México, en el resto de las entidades del territorio nacional se llamaron a marchas. Por ejemplo, en Jalisco la marcha de madres con hijos desaparecidos partirá de la Glorieta de los desaparecidos, en Guadalajara, y culminará en el Palacio de Gobierno. Mientras que en Sinaloa, el Colectivo de Búsqueda local realizará un plantón en el kiosko de la Catedral de su capital, Culiacán.

En Oaxaca, a las 10 de la mañana de este martes, los colectivos de búsqueda se concentraron en el Parque El Llano para marchar hasta el Zócalo de la capital; en Puebla, el Colectivo Voz de los Desaparecidos convocó a una marcha pacífica, denominada «Buscando a nuestros tesoros», que iniciará en el Zócalo de la capital poblana y arribará a las instalaciones de la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía del estado.

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Aunque el Gobierno mexicano se comprometió a “implementar” las recomendaciones del Comité de la ONU Contra las Desapariciones Forzadas (CED), mismas que presentó en su informe que presentó en Ginebra, Suiza, luego de su visita a México a finales del pasado año, activista y familiares de personas desaparecidas ven poco interés por parte de las autoridades para avanzar con las investigaciones de sus casos.

“El Estado mexicano agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe”, respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México el pasado 13 de abril, mediante un boletín en el que se refirió a las recomendaciones emitidas por el CED.

Asimismo, detalló que la Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, se encargará de implementar las estrategias necesarias para atender las recomendaciones, las cuales sumaron 85, luego de la visita de la delegación del CED, entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021, durante la cual se reunió con 88 autoridades y visitó Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Entre las recomendaciones, se señala la necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, así como las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que esta sea “eficaz y efectiva”. También se instó a fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación; de garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones y de remover obstáculos en la judicialización y crisis forense, entre otras.

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SER MAMÁ BUSCADORA

Pero activistas en busca de personas desaparecidas han denunciado en diversas ocasiones la falta de apoyo del Gobierno de México para atender esta problemática.

“Yo estoy cansada de esa situación y de que las autoridades no hacen su trabajo. La verdad me cansé de las autoridades y decidí pedirle a los cárteles que me ayudaran encontrar a mis hijos, dejándome buscarlos, que yo no buscaba justicia, yo no buscaba culpables, yo lo que quería era encontrarlos”, dijo la señora Cecilia Patricia Flores Armenta pero aclaró que a eso las ha orillado la impunidad, corrupción y completa falta de estado de derecho en Tamaulipas el 15 de abril durante el programa Los Periodistas, conducido por Alejandro Páez Varela para el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.

El 2 de enero del presente año, la señora Flores, quien busca a su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores desde el 2015, se viralizó en redes sociales luego de que por medio de estas plataformas publicó un video en el que solicitó permiso al crimen organizado para continuar la búsqueda de su hijo, acción que realizó ante la desesperación por no tener una respuesta y vivir en un país con alta impunidad, y que no es la primera vez que se realiza en México.

“Frente a la indolencia y la falta de apoyo no nos queda más que recurrir a eso. No nos queda opción porque la verdad hay mucha impunidad por parte de las autoridades estatales y nacionales”, comentó la buscadora de Sonora en entrevista con la periodista Sugeyry Romina Gándara para un reportaje de SinEmbargo, que se publicó el 9 de enero.

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“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso Cecilia en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.

Cecilia platicó a SinEmbargo que el mismo día en que publicó su petición, las autoridades federales enviaron una comitiva de funcionarios del Mecanismo de Protección, pero que no estuvo presente Alejandro Encinas, quien le llamó hasta el viernes 7 de enero, sin embargo, hasta el momento, aseguró que no ha logrado audiencia con el Presidente ni con el Subsecretario de Derechos Humanos.

“El Presidente mandó rápido algunas personas para que nos atendieran y nos mandaron a una reunión al parecer con el Subsecretario Encinas, pero él nunca apareció. Nos atendieron otras personas de mecanismo federal”, comentó la buscadora.

Flores Armenta detalló que los funcionarios que la atendieron escucharon las peticiones que ella ha hecho desde hace tiempo, sin embargo, dijo que está igual que como llegó porque “los funcionarios me dijeron que no me pueden resolver las peticiones hasta que las resuelva Encinas”.

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Meses antes, agosto de 2021, Delia Quiroga, representante del colectivo 10 de marzo, también solicitó permiso al crimen organizado, específicamente al Cártel del Golfo para que les permitiera realizar trabajos de búsqueda en La Bartolina, un predio ubicado en Matamoros, Tamauliapas, que habría servido como campo de exterminio para este grupo criminal por varios años.

“Le pido, le ruego y suplico tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz”, dijo Delia en el video donde da lectura al escrito respaldado por más de 200 familias, y que en sus propias palabras, resultó “humillante” para ella, pero aclaró que a eso las ha orillado la impunidad, corrupción y completa falta de estado de derecho en Tamaulipas, expresó en entrevista el 10 de octubre de 2021, con la periodista Sugeyry Romina Gándara para SinEmbargo.

“Imagínese que uno tenga que llegar a humillarse y sobajarse para poder encontrar lo que estamos buscando. Es lamentable que uno tenga que llegar a ese grado, pero ¿sabe qué? aquí en Tamaulipas los que mandan son los cárteles. Son ellos los que mandan, los que hacen, deshacen; los que deciden, porque la autoridad está ausente totalmente. No hay un estado de derecho”, dijo.

Hacer el trabajo que le corresponde a las autoridades o pedir permiso al crimen organizado para continuar sus búsqueda es sólo una parte de las acciones que las activistas han llevado a cabo ante la falta de apoyo de las autoridades mexicanas, situación que ha sido denunciada en varias ocasiones.

“La verdad los ministeriales no han hecho nada. Las investigaciones y datos que hay en la carpeta de investigación las he llevado yo, todo, todo”, afirmó Patricia López Rodríguez, una madre que desde el 2013 busca a su hijo Pablo Sánchez López, quien desapareció el 16 de marzo de ese año, luego de que acudió a un bar en Morelia, Michoacán, por lo que la mujer se volvió activista, e incluso estudió la licenciatura en Derecho para darle ella misma seguimiento a su caso.

A estos señalamientos se suman las agresiones en contra de quienes conforman estos colectivos para localizar a sus familiares. Desapariciones forzadas, amenazas y asesinatos por parte del crimen organizado son los peligros que corren las madres que están en busca de sus hijos.

Entre los casos más recientes se encuentra el de Leticia Álvarez, quien el 30 de octubre de 2021, fue reportada como desaparecida por el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, que después confirmó que la activista fue privada de la libertad por presuntos hombres armados, por lo cual hicieron un llamado a las autoridades para localizar a la víctima.

“Gobernador Alfonso Durazo hace una hora hombres armados privaron de su libertad a Leticia Álvares integrante del colectivo, en Hermosillo, exigimos su aparición con vida”, indicó el Colectivo mediante una publicación en su perfil de Facebook, en el que explicaron que la mujer “busca a su esposo e hijo desaparecidos desde hace un año”.

Al día siguiente y luego de varias horas de búsqueda, el Colectivo confirmó que Leticia Álvarez fue localizada, alrededor de las 9:00 horas del domingo 31 de octubre. Las miembros del grupo de búsqueda detallaron que se les informó de la liberación de su compañera por medio de una llamada.

Asimismo, destacaron que la mujer se encontraba con vida, pese a presentar múltiples golpes en todo el cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital para su inmediata atención, y aprovecharon para agradecer a todas las personas que las apoyaron en la búsqueda de su compañera.

Otro caso es el de Gladys Aranza Ramos Gurrola, también perteneciente al colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora, quien no correría con la misma suerte, cuando el 15 de julio de 2021, también fue privada de la libertad y posteriormente asesinada a balazos en su propio domicilio. Previo a su asesinato la mujer, de 28 años de edad y quien buscaba a su esposo desde diciembre de 2020, está había participado en una jornada de búsqueda en la que localizaron un sitio de exterminio activo.

Gladys se unió a colectivos de búsqueda luego de que su esposo Brayan Omar Celaya, de 26 años de edad, desapareció en el Ejido Ortiz, el 6 de diciembre de 2020. Además, colaboró con las agrupaciones Buscadoras por la Paz y Madres Buscadoras de Sonora, quienes se solidarizaron con su familia, pues participaba activamente en todas las búsquedas y rastreos de fosas clandestinas que se realizaban en Guaymas.

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El 21 de abril, a través de su cuenta de Twitter, Cecilia Patricia Flores Armenta denunció que personas desconocidas intentaron ingresar a su refugio de seguridad al que fue asignada luego de que recibió amenazas de muerte, el 20 de julio de 2021, mediante llamadas telefónicas. En el lugar, habilitado por el Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México, de la Secretaría de Gobernación (Segob), activó el botón de pánico, pero las autoridades tardaron en responder.

Tan solo en el 2021, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 34 agresiones a defensoras en Sonora, entre los que se destacan los asesinatos de tres defensoras de derechos humanos, entre ellas, Aranza Ramos, familiar de una persona desaparecida, e integrante de otra colectiva.

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LA CRISIS DE DESAPARICIONES

El pasado 16 de enero, justo cuando se cumplieron cuatro años de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) denunció que pese a los esfuerzos de algunos actores institucionales, la gravedad del fenómeno de desaparición de personas es persiste y continúa atormentando a miles de familias en México.

En un comunicado, recordó que la Ley General fue impulsada por familiares y colectivos de víctimas con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, por lo que se adoptó con el objetivo de articular una respuesta gubernamental integral y coordinada en las acciones de investigación, búsqueda y reparación a las víctimas.

Sin embargo, aseguró el organismo, cuatro años después, los retos siguen siendo enormes para atender los más de 96 mil casos de personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, así como las más de 52 mil personas cuyos restos permanecen sin identificar en los servicios forenses y panteones públicos.

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En México hay un acumulado de 99 mil 823 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 15 de marzo de 1964, cuando inició el registro, al 10 de mayo de 2022, de los cuales 73 mil 800 son hombres y alrededor de 25 mil son mujeres.

Aunque las desapariciones han sido una constante en el país, la crisis se agudizó en los años de la denominada Guerra Sucia, entre 1964 y 2005, cuando hubo mil 633 desapariciones, según cifras oficiales de la Segob; y en los años de la Guerra Contra el narco, entre 2006 y junio de 2021, cuando se registraron 87 mil 855 desapariciones. Además, en el actual sexenio han ocurrido aproximadamente 21 mil desapariciones.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Secretaría de Gobernación de México (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar con 14 mil 915 casos, seguido de Tamaulipas con 11 mil 916 casos, el Estado de México con 10 mil 720 y Nuevo León con seis mil 148.

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Pero no son los únicos, a la crisis interna se suman al menos dos mil migrantes están desaparecidos en territorio mexicano, según un reporte de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) publicado el 24 de abril de 2021. “La gravedad de las violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante es contundente”, advirtió la FMOPDH, formada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el máximo organismo autónomo en la materia, y las comisiones estatales de los 32 estados del país.

Por ello, unos días después, el 1 de mayo de este 2022, La XVI caravana de madres centroamericanas, llamada “Nunca nos hemos ido”, ingresó este domingo por la frontera sur de México, que colinda con Guatemala, con el objetivo de retomar la búsqueda de sus hijos que se han perdido o desaparecido en el país latinoamericano por ir en busca del “sueño americano” en Estados Unidos. El grupo, integrado por 37 mujeres y ocho hombres, lleva consigo las fotografías de sus hijos colgadas al cuello, con la esperanza de encontrar a sus familiares.

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– Con información de EFE