Sin permiso de Washington

Luego de la visita exprés del Presidente López Obrador a Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba del 5 al 8 de mayo y luego de emitir discursos en cada país de acuerdo a su historia local, sus héroes patrios y sus poetas célebres, se dio la firma de convenios de colaboración en temas bilaterales que van desde acuerdos aduaneros, agilización de cruces fronterizos, generación de proyectos productivos, precios de preferencia en productos seleccionados, asistencia técnica en varios campos y dependiendo cada país, revisión de aranceles, apoyo a la conectividad terrestre y aérea privilegiando el contacto con territorio mexicano y finalmente, la asistencia científica mutua y compra de vacunas, en el caso de Cuba que tiene gran avance en el tema.

Los programas estelares de esta gira, porque son los más conocidos en México fueron «Sembrando vidas» y «Jóvenes construyendo el futuro», que recibieron mención especial en cada país. Es cierto que muchos en nuestro país consideran que sembrar árboles o apoyar a jóvenes aprendices es demagógico, pero hasta hoy, es el programa más concreto que se ha realizado entre México y esos países con la intención explícita de generar condiciones para paliar un tanto la migración forzada que es el sello de la región. Se dice que el resultado solo podrá verse a largo plazo y se minimiza que sembrar sea algo productivo sino más bien, una ocurrencia, cuando será el sereno, pero, el largo plazo de cualquier medida debe tener un primer paso y sembrar, lo que sea y por pequeño que resulte su impacto, debería ser una misión planetaria casi de sobrevivencia,  sobre todo de parte de los ecologistas que en México abundan.

Pero para ser sinceros, el tema que estuvo detrás de cada reunión con cada uno de los presidentes de la región fue la migración.

Sobre todo, porque, lo sabemos, México no solo es el principal expulsor de migrantes de la región (y tercero del mundo), sino que es también el país de tránsito obligado para quienes buscan desesperadamente llegar a Estados Unidos en busca de la promesa de una mejor vida lejos de la pobreza extrema y la violencia cotidiana. En este tema la presión que tiene México de parte de Estados Unidos es innegable, sobre todo ante el fin del programa conocido como Título 42 que le permitió a ese país negar la entrada a solicitantes de asilo argumentando razones sanitarias derivadas de la pandemia por COVID y que se presume llegará a su fin este 23 de mayo.

Si los cálculos y los gritos histéricos de los políticos estadounidenses son ciertos, podríamos estar ante la inminente vuelta de grandes flujos de personas caminando rumbo a la frontera norte de México. Dado este escenario urge que en nuestro país se discuta abiertamente la obligación de respetar los compromisos internacionales que hemos asumido como nación y que se respeten los derechos humanos de las personas migrantes, se limite a causas extremadamente justificadas la detención y separación de familias, y se agilicen los trámites que permitan minimizar los peligros en que la clandestinidad migratoria colocan a las personas, como se ha visto en descubrimientos espeluznantes de decenas y hasta centenas de  hombres, mujeres, niños y niñas, traficados en tráileres que buscaban pasar inadvertidas por las autoridades migratorias y fueron dejados a su suerte.

México debe además ampliar sus condiciones para aceptar solicitudes de refugio y permanencia en el país de quienes decidan no seguir su viaje pero no desean volver al país del que salieron. La deportación es una decisión política que conlleva un profundo dolor para quien es expulsado, lo mismo que para sus familias fracturadas por esta decisión extremadamente cruel.

Más allá de este escenario que debe atender la migración en tránsito por el país y que ni lo duden, actúa en acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos por más que se le resista y evite darle la vuelta, hay una serie de decisiones respecto a los migrantes que se pueden hacer en México sin que Washington pueda decir ni pio. Se trata de cambiar de tajo una serie de lugares comunes que han legalizado un ambiente xenofóbico que permite y soslaya los abusos de la autoridad, las decisiones discrecionales y hasta la diferencia social que remarca el origen nacional como elemento negativo o inferiorizante.

De entrada, sólo mencionaré un par de cosas por falta de espacio, la necesidad urgente de hacer un programa de regularización migratoria porque en nuestro país radican miles de personas desde hace años que carecen de documentos que les permitan vivir sin temor de ser extorsionados por la misma autoridad y hasta la población civil. El otro es, la derogación total, definitiva, sin miramiento, del artículo 33 Constitucional que prohíbe a los extranjeros una serie de actividades del amplio espectro de lo que se considera expresión política, desde hablar, discutir, quejarse ,hasta participar en actos que cuestionen a la autoridad, al poder.

Cambiar la situación cotidiana de quien vive sin documentos es un acto de justicia que México debería realizar como acto de buena fe ante los gobiernos amigos que el Presidente visitó en su gira estos pasados días y, derogar el artículo 33 sería el inicio de un cambio radical en la actitud de los mexicanos frente a los extranjeros, cuyos efectos tal vez se vean a más largo plazo, pero que son de una profundidad imposible de calibrar en lo inmediato pero que significaran actualizar nuestro propio discurso nacional colectivo y con esto, poder vernos realmente en el espejo de la migración como un acto humano y no solo parte de los compromisos por cumplir de los mandatarios a cargo.

Si alguien me dice que esto es imposible, les diría que personalmente se me hace más difícil proponerse sembrar mil cien millones de plantas y reforestar un millón 11 mil hectáreas y por lo menos, según se dice, se está intentando.