Más de 20 mujeres fueron detenidas con violencia hace una semana en Irapuato. Aunque la Secretaría de Seguridad municipal y el Gobierno local aseguraron que fue por daños y lesiones registrados durante una protesta, la organización Las Libres denunció que a varias de ellas las detuvieron y amenazaron sin razón alguna. Activistas y organismos como la ONU calificaron de desproporcionada la actuación de las policías.
Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).– Las amenazas y el uso arbitrario de la fuerza por parte de policías de Irapuato, en Guanajuato, fue la constante el 1 de mayo al término de una protesta de mujeres contra los feminicidios y desapariciones. Ahora, a la violencia física y psicológica que 23 de ellas y un hombre enfrentaron al ser arrestadas, se suman las denuncias por daños y lesiones que el Gobierno de la Alcadesa Lorena Alfaro García ratificó en su contra pese a que los testimonios de varias de estas personas apuntan a que no participaron en la manifestación.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio informó que un hombre, 23 mujeres y otras cuatro menores de edad fueron detenidas la tarde del domingo. Según su versión, las manifestantes realizaron pintas en el Palacio Municipal y dañaron las instalaciones al romper vidrios y tratar de prender fuego, también reportaron que 11 policías resultaron heridas.
Pero gracias a los testimonios de familiares de estas mujeres y adolescentes, al igual que a las fotografías y videos difundidas por usuarios de redes sociales, se sabe que en varias de las detenciones las mujeres policías ejercieron violencia, por ello defensoras de los derechos humanos exigen sancionar a las autoridades responsables. Las personas arrestadas ya están en libertad, pero aún hay investigaciones abiertas en su contra.
“Hay personas que ni siquiera participaron en la manifestación. Esto te habla de que fue un desorden total. La gran mayoría de las personas con las que hemos hablado eran gente que, viendo lo que vimos todas en los videos [el uso excesivo de la fuerza], se acercan y les dicen a la policía: ‘¡Déjala!, ¿por qué la estás golpeando?’, y también se las llevan”, denunció Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres, organización civil que representa legalmente a 24 de las personas detenidas arbitrariamente.
La defensora de los derechos humanos puso como ejemplo el caso de un hombre y dos mujeres. “Él no estaba manifestándose y vio cómo detenían a su novia, fue y le dijo a la policía: ‘Oye, suéltala’. Y también se lo llevaron detenido y lo golpearon. Un caso similar es el de una tía y su sobrina que, al ver que estaban agrediendo a una mujer, van y les dicen a las policías: ‘¡Déjala!’, pero también las detienen. Al menos estas tres personas nos consta, por sus dichos, que no estaban en la manifestación», agregó e informó que buscarán sanciones contra las autoridades responsables de los arrestos con violencia.
Las Libres advirtieron que las policías podrían ser sancionadas no sólo por las lesiones que ejercieron, sino también porque las mujeres detenidas denunciaron el robo de sus celulares y dinero.
“Necesitamos una explicación. Por un lado están las policías que agredieron, ahí están las imágenes como prueba. ¿Quién les dijo que actuaran así? Esa es la persona que debería tener la sanción más ejemplar”, expuso Cruz Sánchez.
SinEmbargo buscó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local para conocer su postura ante los señalamientos que relacionan a sus policías con detenciones arbitrarias, pero el área de Comunicación dijo que por el momento esperarán a que en próximos días la Alcaldesa Lorena Alfaro ofrezca un mensaje sobre el tema.
AMENAZAS Y OMISIONES
“Las policías nos aventaron alcohol en la cara y ropa y nos dijeron que nos iban a prender fuego”, así narró una mujer la violencia que vivió luego de ser detenida. Su testimonio y el de otras 10 fueron recopilados por la colectiva Brujas de Irapuato y dan cuenta de la violencia psicológica que policías habrían ejercido, sin importar si estaban o no relacionadas con los daños a las instalaciones del Palacio Municipal.
Otros testimonios recopilados por organizaciones civiles y medios locales también apuntan a que varias de las mujeres detenidas fueron trasladadas por policías al Palacio Municipal, donde las habrían golpeado y violentado psicológicamente al intimidarlas con amenazas de muerte y agresiones sexuales.
https://www.facebook.com/105277078306585/photos/a.105399484961011/361188529382104/?type=3
Entre los casos que acompañan Las Libres está el de una mujer amenazada durante su arresto por un policía, quien se identificó como “un comandante”. De igual forma, una periodista denunció haber sido ahorcada por una de las policías.
Otra denuncia replicada en medios locales fue la de la abuela de una de las adolescentes detenidas, ella narró que, además de golpearla, policías amenazaron a su nieta con cortarle la cabeza. Por lo que narró esta mujer, la joven no participó en las protestas, sólo pasaba junto a una de sus familiares cerca de donde ocurrieron las detenciones.
Organismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en México llamaron a las autoridades de Irapuato a “respetar el derecho a la manifestación”. ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos recordaron en un posicionamiento que “el Estado tiene la obligación de no estigmatizar a las manifestantes y de prevenir situaciones de violencia, especialmente por parte de agentes estatales”.
La actuación de las policías también fue criticada por organizaciones civiles internacionales como Amnistía Internacional y Artículo 19. La directora de Las Libres aclaró que si hay elementos para relacionar a las mujeres detenidas con los daños al Palacio Municipal y lesiones, las investigaciones deberán continuar, pero insistió en que la supuesta comisión de esos delitos no justifica la brutalidad de los arrestos.
Recordamos que el marco normativo nacional establece que las fuerzas de seguridad deberán actuar conforme a estándares internacionales de derechos humanos y de manera sensible al género, incluyendo el contexto de manifestaciones.
— ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) May 4, 2022
Por su parte, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Víctor Armas, argumentó el 1 de mayo que las detenciones se cometieron como respuesta al daño ocasionado en el edificio de la Presidencia municipal y por las lesiones a las policías.
El Secretario también aseguró que las policías sí estaban capacitadas para actuar con perspectiva de género y muestra de ella, dijo, fue que en el brazo portaban un brazalete morado, color que representan al movimiento feminista, en el que se leía la frase “vivo segura».
@LorenaAlfaroG padrisimo tu apoyo "aliada" imagínate si así nos "apoyas" #irapuato @AlessandraRdlv @MareaVerdeMex @verdeaquelarre pic.twitter.com/IpfwVkX8Hc
— Neasaur ? (@Neasaur) May 2, 2022
Así trata la policía de @LorenaAlfaroG, alcaldesa panista de Irapuato, Guanajuato, a mujeres que se manifiestan en ese municipio:pic.twitter.com/T1Za8y8vjR
— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) May 2, 2022
Sin embargo, Verónica Cruz insistió en que la respuesta de las policías fue desproporcionada. También opinó que la violencia con la que se cometieron los arrestos sólo es muestra de que en Guanajuato las autoridades siguen sin implementar protocolos para garantizar la seguridad y el derecho a protestar de las mujeres.
“[Las detenciones] mostraron una incapacidad de los gobernantes para resolver el problema, una incapacidad para atender las manifestaciones. Las protestas feministas tendrían que atenderse de manera especial porque es el movimiento social más vivo de los últimos tiempos y los gobiernos, más allá de las emociones o enojos, que no les gusten las manifestaciones, más allá de eso tienen que atender con protocolos, tienen que atender con especialidad, pero sobre todo sabiendo que su papel en las manifestaciones es mantener la paz y no hacer uso desproporcionado de la fuerza”, dijo la activista.
Las 24 personas representadas por Las Libres aún enfrentan procesos penales porque el Gobierno de Alfaro García, la Alcaldesa panista de Irapuato, ratificó esta semana la denuncia contra ellas por lesiones y daños.
Después de este hecho, la Alcaldesa fue criticada por feministas y colectivas de la entidad porque apenas el 9 de marzo, después del Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres, se declaró aliada de las mujeres que protestaron en Irapuato, pero tras la manifestación del 1 de mayo sugirió en un mensaje a medios que las policías sólo respondieron al “radicalismo” y la “polarización” que, dijo, fue causado por la manifestación.
Días después la mandataria aclaró en entrevista con Denise Maerker para Radio Fórmula que sí reconoce la violencia ejercida por las policías, pero llamó a investigar tanto ello como los «actos vandálicos» que se suscitaron durante la marcha.
https://www.facebook.com/SSCIrapuato/videos/699384794440482
Para Verónica Cruz la respuesta que tuvieron las autoridades es muestra de que siguen sin comprender y resolver las causas que llevan a las mujeres a protestar, como en este caso, por una vida libre de violencia.
“Las autoridades no sólo tienen una incapacidad para prevenir, atender e imaginar la violencia contra las mujeres que son motivo de las manifestaciones, sino que además, cuando las mujeres se manifiestan para exigir su derecho a una vida libre de violencia, lo que se encuentran es criminalización. No entienden que es su responsabilidad garantizar los derechos y que la gente, la ciudadanía, tenemos derecho a manifestarnos y que no pueden estar criminalizando la protesta, mucho menos reprimiendo. Los gobiernos tienen que entender que es su responsabilidad no sentirse ofendidos por la manifestación”, plantó.
Las detenciones arbitrarias en Irapuato preocupan porque no es la primera vez que en la entidad se registran eventos donde policías violentan los derechos de las manifestantes. Tan sólo el 10 julio de 2020 las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) reprimieron con violencia una movilización de familiares de personas desaparecidas cuando protestaron por la designación de un nuevo Comisionado Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato; en esa ocasión tres mujeres, familiares de personas desaparecidas, fueron detenidas y otras cuatro personas resultaron lastimadas en un operativo donde fueron jaloneadas, las empujaron y las rodearon decenas de uniformados con escudos.
El 22 de agosto del mismo año, policías de León golpearon y agredieron sexual y psicológicamente a un grupo de mujeres –varias de ellas menores de edad–, que protestó para exigir justicia por Evelyn, una joven violentada sexualmente por policías en el municipio.
Videos difundidos en redes mostraron que las manifestantes fueron tiradas al suelo, donde sufrieron golpes en el cuello y jaloneos de cabello. Cuatro de las 22 mujeres agredidas interpusieron denuncias penales ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Asuntos Internos y ante la Fiscalía General de Justicia estatal por el delito de abuso de autoridad. En marzo de este año Las Libres informaron que cuatro policías y dos funcionarios que dieron la orden de ejercer violencia contra las manifestantes podrían ser vinculados a proceso.
#VideoDenuncia#LasNiñasNOsetocan
Adolescente de 17 años relata la detención arbitraria, tortura y violencia sexual de la que fue víctima por la policía municipal de León, Guanajuato, México.
En el marco de las protestas este sábado 22 de agosto
?https://t.co/wHX8IyUeGA pic.twitter.com/EtIDWGJHmN
— Derechos Infancia (@derechoinfancia) August 23, 2020
Verónica Cruz criticó que las autoridades de la entidad han ignorado estos antecedentes y siguen permitiendo la represión policiaca contra mujeres manifestantes.
La responsabilidad de las autoridades mexicanas para frenar los abusos a mujeres cometidos por policías y elementos de seguridad creció en 2018, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado como responsable de la violencia sexual, violación y tortura contra 11 mujeres en el caso Atenco, en el Estado de México en mayo de 2006.
Desde entonces el Gobierno mexicano se comprometió a reparar el daño causado a las mujeres y, como ha explicado el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que acompañó el caso, la sentencia es histórica porque también tendría que traducirse en medidas para evitar que se reproduzcan la violaciones a derechos humanos cometidas en Atenco en otros contextos.
