Expertos piden incluir en plan contra inflación a salarios y mejores apoyos al campo

El Paquete contra la Inflación propone una canasta básica de 24 productos, que representan el 46 por ciento de la tasa de inflación de alimentos, cuyo consumo ha disminuido en los últimos 20 años por la pérdida del poder adquisitivo y la presencia de productos ultraprocesados, de acuerdo con datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- El Paquete contra la Inflación y la Carestía presentado este miércoles por el Gobierno federal implementará medidas de mayor producción agrícola, agilizamiento de la distribución y subsidios energéticos para, junto con la política monetaria del Banco de México (Banxico), buscar contener la tendencia al alza del precio de la canasta básica registrado desde noviembre por la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania.

«No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo», precisó en Palacio Nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Académicos y representantes de pequeños productores estimaron que el incremento productivo interno podría verse de dos a diez años y, observaron, el Estado ofreció al sector empresarial como Walmart y Bimbo subsidios de combustibles y electricidad -un esfuerzo de 330 mil millones de pesos sostenidos en ingresos petroleros- para aminorar sus costos operativos a cambio de que se comprometieran a no aumentar el precio de ciertos productos procesados el resto del año.

Pero, analizaron, el conjunto de estrategias no incluyó un aumento salarial ni una política pública laboral ni rural dirigida a fortalecer el poder adquisitivo y el campo, por lo que sólo es «un ganar-ganar» para la iniciativa privada que tuvo una «buena voluntad de negociar».

«Al perder la soberanía alimentaria (por el TLCAN, hoy T-MEC), se perdió el poder controlar los precios de productos interncoos y su consumo, porque quien los produce y distribuye no es el Estado mexicano, sino productores externos como complejos agroindustriales grandes o medianos productores con precios volátiles en el libre mercado», dijo el economista especializado en soberanía alimentaria, Agustín Rojas.

El plan federal propone una canasta básica de 24 productos, que representan el 46 por ciento de la tasa de inflación de alimentos, cuyo consumo ha disminuido de 2000 a 2020 por la pérdida del poder adquisitivo y la presencia de productos ultraprocesados más baratos y de fácil acceso, de acuerdo con datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). En los últimos veinte años, los alimentos y bebidas consumidas dentro del hogar bajaron del 84 al 78 por ciento y aumentaron los ingeridos fuera de casa del 15 al 21 por ciento.

«Todos comemos tortilla del maíz, pero el consumo de alimentos naturales ha bajado como la leche (-4.2 por ciento), carnes (-2.2 por ciento), cereales (-0.7 por ciento), fruta (-0.3 por ciento), azúcar (-0.4 por ciento), aceite (-0.9 por ciento) y han sido sustituidos por industrializados y ultraprocesados (4 por ciento) por el costo o el tiempo, alimentos cuya producción y distribución en diversos puntos está a cargo de las empresas trasnacionales o nacionales», planteó Rojas.

El mayor reflejo es que Grupo Bimbo cedió no aumentar más el precio del pan blanco grande, un producto industrial que ya oscila en los 30-40 pesos, o, ejemplificó el economista, que menores de edad del sureste desayunan refresco en vez de café o leche por el bajo poder adquisitivo.

El dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, criticó el “pacto» con los agroindustriales y cadenas de supermercados en lugar de promover la compra de alimentos en mercados públicos sin intermediarios.

«El consumidor tendrá que enfrentar la canasta básica completa al precio fijado en este momento, que ya es alto, y esperar que a nivel internacional los factores que están aumentando la inflación se resuelvan en el corto o mediano plazo», aseguró Rojas.

Y con salarios que siguen siendo precarios, planteó el economista de la UNAM, Alfredo Bravo, ya que, dijo, el incremento salarial histórico de 70 por ciento en los últimos tres años se limitó a un sector reducido de la industria de alrededor de 1 millón de trabajadores, «y el resto hemos mantenido incrementos salariales del 2.5 o 3 por ciento al año» respecto a una tasa de inflación por arriba del 7 por ciento.

ESTRATEGIAS CONTRA INFLACIÓN 

Después de que en días pasados se especuló de un «control de precios de alimentos», como se ha visto en países sudamericanos, esta mañana el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que se trata de un conjunto de estrategias en acuerdo con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (Antad), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), directivos de Pilgrim’s, Bachoco, Bimbo, La Moderna, Alpura, Lala, Kimberly Clark, Maratún, Walmart, Soriana, Chedraui, entre otros. Entre los puntos del paquete destacan:

–Seguir subsidiando los combustibles y la tarifa eléctrica, insumos para la fabricación y distribución de productos agroalimentarios:

En los últimos meses la Secretaría de Hacienda ha subsidiado al 100 por ciento el precio de los energéticos para que no impacte en los precios del productor y consumidor final por lo que incluso ahora la gasolina en México es más barata que en Estados Unidos.

«El punto de preocupación es que este Paquete contra la Inflación será subsidiado por los ingresos de los excedentes petroleros, pero si se cae el precio de los energéticos por un suceso mundial, el Estado mexicano ya no tendrá recursos para poder sostener esto», dijo el especialista en soberanía alimentaria, Agustín Rojas. «Esos ingresos también se habrían podido utilizar en generar más empleos para fortalecer el poder adquisitivo».

–Incrementar en 4 millones 800 mil toneladas la producción de granos con la entrega de fertilizantes en nueve estados productores, con Sembrando Vida y Producción para el Bienestar y suspender por un año la cuota compensatoria a las importaciones del sulfato de amonio:

En el marco de la falta de soberanía energética a raíz de la apertura al libre mercado en los noventa, México importa entre el 80 y 90 por ciento de arroz y el 60 por ciento del maíz amarillo (para ganado). Y, por la guerra en Rusia y Ucrania, la producción de maíz en el ciclo agrícola P-V 2022 y O-I 2022/23 corre riesgos en el volumen debido al aumento de precio de 150 por ciento de los fertilizantes, por lo que las importaciones de granos y oleaginosas pueden incrementar a más de 18 millones de toneladas para este año, previó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

Los economistas consultados coincidieron en que la meta de incrementar la producción de granos para no importarlos es a largo plazo porque los ciclos agrícolas demandan tiempo y criticaron la ausencia de un modelo de previsión contra este tipo de desastres internacionales.

«Se requiere un programa mucho más agresivo para el campo mexicano, no como el de Sembrando Vida que no tiene posibilidad de revertir el problema», dijo el economista por la UNAM, Alfredo Bravo.

Los procesos de cultivo y cosecha implican varios meses y requieren ciertos niveles de precipitación. «Miles de toneladas de granos no se pueden sacar de la noche a la mañana, se tienen que generar los ciclos naturales aún incorporando más hectáreas y más fertilizantes. Una producción de ese tamaño no se obtiene de un día para otro», dimensionó el economista Agustín Rojas sin contar las situaciones de sequía actuales en estados graneros como Sinaloa.

-No aumentar tarifas carreteras ni ferroviarias donde se trasladan los productos ni cobrar arancel durante medio año a 21 alimentos y cinco insumos:

Esta medida busca tener un punto de conexión entre la oferta y la demanda al no afectar los costos operativos que implica el traslado de productos de la canasta básica. Pero el problema no es que no suban los precios de las casetas, sino que el sistema de alimentación está muy centralizado y concentrado en los productos ultraprocesados de la agroindustria.

«Todos estos canales de distribución a partir del TLCAN, es decir, las tiendas de conveniencia que compran a pequeños productores y cuentan con varios puntos de venta, se encargan de la logística por lo que asumen y controlan el costo de los alimentos. Ahí el Estado no tiene forma de maniobrar el costo del transporte de alimentos», explicó el economista Agustín Rojas.

-Se continuará apostando a los precios de garantía en el maíz, frijol, arroz y leche, y fortaleciendo los programas DICONSA y LICONSA.

El Paquete contra la Inflación contempla que Segalmex, empresa pública con observaciones de desvíos, continuará implementando el Programa de Precios de Garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores, el cual no ha registrado los resultados estimados, observó el economista Augustín Rojas.

«Los recursos del programa no están llegando a los pequeños productores porque los medianos y grandes se los acapararon, entonces no tiene sentido que sigan dando mayores recursos públicos en algo que no ha tenido los efectos esperados; fue un fracaso al grado de que las importaciones de ciertos granos aumentaron», explicó.

El Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez dijo esta mañana que DICONSA y LICONSA inciden en aquellas regiones en donde hay vulnerabilidad a precios, ya sea por falta de mercado suficiente o factores de acaparamiento de intermediarios.

«El problema estructural radica en que no tenemos producción interna ni tampoco mecanismos de distribución ni siquiera con la Segalmex o Diconsa y Liconsa, que tienen contados establecimientos para distribuir a todas las regiones del país», contrastó Rojas respecto a la gran red de distribución de tiendas de conveniencia y supermercados.