El exmandatario se encuentra en un estado de salud delicado; su esposa responsabiliza a autoridades si su salud empeora.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Adalina Dávalos Martínez, esposa del exgobernador de Nuevo Léon, Jaime Rodríguez Calderón, y Manuel de la O, exsecretario de Salud y médico de cabecera del exmandatario, denunciaron la violación de derechos humanos y constitucionales hacia “ El Bronco” luego de que han pasado más de 15 horas sin que recibiera permiso para su traslado a un hospital.
La defensa del exmandatario preparaba una denuncia luego de que se descartó el ordenamiento de un Juez local al no autorizar el traslado de Rodríguez Calderón a un hospital particular desde el Penal de Apodaca.
“Desde el día 19 de marzo, más de 14 horas después aún no ha sido trasladado, desacatando la orden del juez. Debido a que las autoridades del penal, encabezadas por el licenciado Samuel Franco Colomo y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci, quienes dependen directamente del Gobernador, no lo han permitido. Un hecho que pone en riesgo la integridad y la vida del exgobernador”, se leyó en Twitter.
desde el día 19 de marzo, más de 14 horas después AÚN NO HA SIDO TRASLADADO, desacatando la orden del juez. Debido a que las autoridades del penal, encabezadas por el licenciado Samuel Franco Colomo y el secretario de Seguridad Pública del Estado y Aldo Fasci,
— JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) May 1, 2022
Además, responsabilizaron a las autoridades estatales en caso de que llegue a ocurrirle algo o a fallecer.
Después de la espera, «El Bronco» fue trasladado la tarde de este domingo al Hospital Universitario, donde será sometido a diversos estudios médicos que determinarán sus problemas de salud, luego de que ayer un Juez ordenara su traslado.
De acuerdo con la resolución del Juez de control local, el exgobernador tendría que ser trasladado al Doctors Hospital, pero fue trasladado al Hospital Universitario.
Rodríguez Calderón será sometido a estudios de endoscopia superior, una colonoscopia, un gammagrama con eritrocitos marcados, valoración por cardiología (a considerar gammagrama cardíaco).
Adalina Dávalos subrayó que hay una orden de un Juez local que le dijo al director del centro penitenciario, para que se traslade al exgobernador a un hospital.
“No sé si sea responsabilidad del director del área penitenciaria, el Secretario [de Seguridad], o en niveles más altos el Secretario de Gobierno [Javier Navarro Velasco] y el Gobernador Samuel García”, dijo.
Por su parte, Manuel de la O advirtió que Jaime Rodríguez está en riesgo de morir si no recibe atención urgente.
«Está grave, necesita una atención integral para tratar de resolverle su problema, él está dispuesto a llevar todo su proceso legal, pero hay que atenderlo», dijo el extitular de Salud.
De acuerdo con su defensa, el Juez de control José Antonio Almaguer Garza ordenó el internamiento de “El Bronco” en el Doctors Hospital de Galerías Monterrey, de carácter urgente, para que se le realicen los estudios clínicos necesarios para atender la diverticulitis que padece.
Asimismo, señaló que el traslado del exmandatario tenía que ser de manera inmediata durante la medianoche del sábado, pues ante cualquier complicación en su estado de salud, el personal del centro penitenciario sería responsable y sancionado.
Su traslado fue solicitado luego de la recomendación de sus doctores Manuel de la O Cavazos y el gastroenterólogo, Carlos Elizondo, quienes tras varias visitas, consideraron que no mejoraban sus padecimientos.
El mes pasado, su esposa Adalina Dávalos pidió a la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), revisar las condiciones de “El Bronco” en el penal de Apocada, asegurando que no se le han respetado los derechos al debido proceso, a la salud y a la presunción de inocencia.
Rodríguez Calderón, detenido el pasado 15 de marzo, se encuentra en el Penal de Apodaca acusado del uso indebido de recursos públicos para conseguir las firmas requeridas para su candidatura independiente a la Presidencia en las elecciones de 2018.
Además, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad en la requisa del sistema de transporte Ecovía que pertenecía al empresario Abelardo Martínez, de Transporte Tecno Ecológico, por haber confiscado bienes de un particular sin indemnización.
Se alegó que al haber sido una orden directa del exgobernador, sería el responsable del daño al concesionario, quien interpuso la denuncia en el 2020 ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
