El litio y los cambios pendientes a la Ley Minera

Anticipando la negativa de la oposición para aprobar la Ley de la Industria Eléctrica enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de no lograr los votos necesarios para una Reforma Constitucional, el mandatario “protegería” el litio mediante un cambio a la Ley Minera que requería únicamente mayoría simple y no mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

Tras que la oposición del PAN, PRI y PRD votaron en contra de la Ley de la Industria Eléctrica el pasado 17 de abril, el Presidente López Obrador envió esa misma noche la iniciativa para modificar cuatro artículos de la Ley Minera, con la finalidad de “establecer que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado”.

En el polarizado debate entre simpatizantes del actual Gobierno de la Cuarta Transformación y sus detractores, el que no se aprobara la Ley de la Industria Electrónica fue presentado como un gran triunfo de la oposición y una derrota para el Presidente y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A su vez, la rápida discusión y aprobación de la Ley Minera con la que se declara la explotación y aprovechamiento del litio como patrimonio nacional, se vendió como un triunfo del Presidente y de su partido.

En este ambiente político polarizado y enrarecido no se alcanza a distinguir que por más ruido político que exista en torno a la aprobación o rechazo del actual Gobierno, no deja ver que tanto el Gobierno como la oposición comparten más de lo que pueden admitir un modelo económico basado en la inversión privada y los acuerdos de libre comercio.

La aprobación de los cambios a la Ley Minera fue presentada por el Gobierno de la Cuarta Transformación y su partido Morena, como una gran reforma nacionalista a la altura casi de la nacionalización del petróleo o de la electricidad. Sin embargo los cambios fueron muy limitados y mucho menos de los que las comunidades y pueblos afectadas por la minería han reclamado desde hace años.

La Ley Minera aprobada en 1992 en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari puede considerarse, junto con la reforma al artículo 27 Constitucional, como el corazón de la legislación neoliberal, ya que declara a la actividad minera como preferente por sobre cualquier otra actividad, lo que ha permitido la privatización y explotación de una amplia parte del territorio nacional.

Durante el sexenio del panista Felipe Calderón Hinojosa, se entregaron concesiones que alcanzaban más de 20 por ciento del territorio nacional. Aún ahora en el Gobierno de López Obrador, que ha decretado muerto el programa económico neoliberal, existen más de 24 mil concesiones mineras que alcanzan 17 millones de hectáreas, equivalentes al 8.63 por ciento del territorio nacional, según datos de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema).

Si realmente quisieran modificar el programa neoliberal y expedir leyes que apunten a otro proyecto de desarrollo el Gobierno de la Cuarta Transformación debió hacer cambios mayores a la Ley Minera, como han reclamado desde hace tiempo las comunidades y organizaciones agrupadas en Rema.

En un pronunciamiento donde subraya que ante el bipolaridad política, existe unidad económica entre la oposición y el Gobierno de la Cuarta Transformación, Rema cuestiona que no se hicieron cambios mayores a la Ley Minera: “Frente a todo lo que debe abrogarse de esta Ley, el Gobierno decidió mantener el carácter sumiso ante el mercado y ante el modelo extractivo con el que fue diseñada en 1992. Para empezar, este decreto continúa legalizando el saqueo, el despojo a comunidades, la destrucción de la naturaleza y los gravísimos daños a la salud que ocasiona día tras día la minería en México. Además, las modificaciones que aprobaron, si bien cambian el sujeto que puede explotar uno de los minerales, el litio (y, como se enuncia en el Artículo 10, ‘los demás minerales declarados como estratégicos por el Estado’), lo hace sin poner un mínimo de cuestionamiento al modelo de operación del neoextractivismo para obtener lo que hoy, se dice, es un mineral ‘estratégico’” (se puede consultar el documento de Rema aquí: https://bit.ly/3y3amGW).

En una postura semejante, hace un par de años se constituyó la alianza Cambiémosla Ya y la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea) que proponen seis cambios de fondo de la Ley Minera, que son estos:

1.- Eliminar el carácter de utilidad pública y de preferencia de las actividades mineras.

2.- Hacer efectivo el derecho a decidir de las comunidades y pueblos respecto del otorgamiento de concesiones mineras en sus territorios.

3.- Cambiar el esquema y régimen abusivos de las concesiones.

4.- Quitar los privilegios de acceso a la tierra y al agua que se otorgan a las empresas.

5.- Blindar Áreas Naturales Protegidas, sitios sagrados, arqueológicos y Ramsar.

6.- Que las empresas mineras transparenten la información relacionada con su actividad, incluyendo lo relativo a sus estados financieros.

Desde hace años desde los pueblos y comunidades afectadas por la extracción minera, han demandado modificar el artículo 6º de la Ley Minera que considera de utilidad pública la actividad extractiva y la establece como preferente por sobre cualquier sobre cualquier uso o aprovechamiento del terreno, lo que ha propiciado un historial de despojos de tierras ejidales y de comunidades indígenas para ser explotadas por corporaciones privadas, especialmente empresas mineras extranjeras.

En lugar de hacer cambios de mayor envergadura a la Ley Minera, como eliminar el carácter preferente de la actividad minera y modificar el régimen de concesiones que entrega a las corporaciones privadas las tierras hasta por 100 años, el Gobierno de la Cuarta Transformación se limitó a cambios menores que no cuestionan el modelo extractivista. La “nacionalización” del litio es una victoria pírrica que no cuestiona el predominio del programa mercantilista y del capital privado por sobre los derechos de los pueblos y comunidades.