En su libro Theory from the South, John y Jean Comaroff —dos de los antropólogos más reconocidos del mundo— refieren a que las crisis económicas, la corrupción política y las tensiones raciales, fenómenos usualmente asociados al “sur global”, son cada vez más usuales en el “norte global”.

En su libro —publicado en 2012 y basado en varios años de trabajo etnográfico— los Comaroff llegaron a una conclusión tan sugerente como temeraria: África y el llamado “sur global” no son regiones en desarrollo, sino parte de la vanguardia de la historia mundial. O, mejor dicho: no es que las naciones en desarrollo estén avanzando hacia un modelo como el europeo-americano, sino que son precisamente los países más ricos del mundo los que están “convirtiéndose en África”.[1] El libro cuestionó y problematizó la idea de progreso que tanto apetito causa en la tradición liberal. Hubo críticas. Hubo debate. Luego se olvidó un poco.

Llevo días pensando en el argumento de los Comaroff. Me viene a la cabeza, sobre todo, cuando abro el periódico, voy a la sección internacional y leo las noticias correspondientes a los países del triángulo norte de América Central: Guatemala, El Salvador y Honduras.

Desde México acostumbramos a pensar a estos tres países como parte del subdesarrollo cuando en realidad sus instituciones, actores sociales y prácticas políticas comienzan se presentan ante nosotros como vectores de futuro para toda la región. América Central como el futuro, no como el pasado dejado atrás. Pienso en los Comaroff cuando analizo el fenómeno que más me preocupa: el amalgamiento que en estos tres países han construido las élites económicas, las mayorías conservadoras, las iglesias pentecostales y los líderes autoritarios. Se trata de un modelo que, como he intentado ya explicar en columnas anteriores, no tardará en ser difundido y explotado por politiquillos en nuestro país que miran a personajes como Nayib Bukele con adoración, pero que también, cuando abren el periódico (casi nunca), dejan alargar su sonrisa al leer noticias sobre Guatemala, ese país al que Dios no le ha dado descanso en dos siglos, y del que ahora parece haberse olvidado para siempre.

En Guatemala hay una guerra pública entre el Presidente Alejandro Giammattei, la Fiscal General y la élite política de ese país contra funcionarios, fiscales, abogados y activistas que llevan años luchando contra la corrupción. Al momento de escribir estas líneas son ya 13 los exfuncionarios del sistema de justicia de Guatemala que han tenido que exiliarse en Estados Unidos debido a una brutal persecución en su contra. La última víctima del acoso oficial se llama Carlos A. Videz, exfiscal contra la impunidad de Guatemala. Videz no sólo tuvo que renunciar a su puesto, sino salir del país de forma urgente. ¿Su delito? Rehusarse a suspender sus investigaciones sobre casos en los que redes de funcionarios públicos desfalcaron la hacienda pública de su país mediante el uso de complejos sistemas de lavado de corrupción y lavado de activos.

El caso de Videz no es único ni extraño: comienza a ser norma en un país en el que las redes criminales han cooptado prácticamente todas las instituciones judiciales. Más o menos por el mismo derrotero de Videz han transitado la exmagistrada de la Corte de Apelaciones, un exjefe la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala, una Magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad, así como la exfiscal General Thelma Aldana, quizás el caso más emblemático. De la persecución que han sufrido estos funcionarios ha dado cuenta la poquísima prensa independiente que subsiste en el país, el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, así como diferentes organizaciones no gubernamentales.

A este triste panorama hay que agregar el desmantelamiento en 2019 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), mecanismo que por 12 años apoyó el procesamiento y/o destitución de docenas de altos funcionarios del Gobierno de Guatemala, así como difundir buenas prácticas, impulsar reformas judiciales y formar una nueva generación de jueces y fiscales a los que hoy se les expulsa del país. A pesar de sus obvios y sonados éxitos, la CICIG fue unilateralmente disuelta a finales de 2019 por el expresidente Jimmy Morales, personaje a quien se le investigaba por irregularidades en su campaña electoral. La disolución del mecanismo fue festejada por la élite empresarial del país, temerosa de ver cómo poco a poco se fragmentaban sus muros de contención que históricamente la habían protegido.

La deriva autoritaria va de la mano —como no podía ser de otra manera— de la propagación de un discurso conservador por parte de quienes persiguen a jueces y fiscales. Hace tan sólo unas semanas, el Congreso guatemalteco aprobó una de las leyes más regresivas en todo el continente en cuanto a la autonomía de las mujeres para decidir, el decreto 18-2022. El decreto duplica penas carcelarias a mujeres por abortar (o promoverlo o siquiera intentarlo), vuelve casi imposible el aborto terapéutico y castiga el aborto culposo, antes impune. La legislación etiquetó a la comunidad LGBT de “incongruente con la moral cristiana” e hizo eco de añejas peticiones de iglesias pentecostales, fuertes aliados del Gobierno. El decreto dice tantas tonterías que el mismo presidente Giammattei no tuvo otra alternativa que distanciarse del proyecto y anunciar su posible veto. Menos empacho tuvo Giammattei, sin embargo, en nombrar, hace un par de semanas a la Ciudad de Guatemala, como la “Capital Iberoamericana ProVida”.

Guatemala es hoy un ejemplo de un Estado cooptado por redes criminales. Eso no es nuevo del todo, es una parte casi constitutiva de la forma en que ha evolucionado la relación entre crimen organizado y Estado en América Latina. Lo nuevo, lo realmente novedoso, es la exitosa articulación que bajo un discurso de odio han construido lideres autoritarios, elites extractivistas y grupos fundamentalistas. ¿Es América Central hoy el futuro? ¿Caminamos a pasos agigantados hacia allá? Estoy seguro de que los Comaroff, cuando miren hacia esta franje del mundo, tendrán un nuevo objeto para apuntalar su teoría. Tocamos madera.

[1] Jean Comaroff & John L. Comaroff, Theory from the South: Or, How Euro-America is Evolving Toward Africa, Routledge, 2012.

Carlos A. Pérez Ricart

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Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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