La Ministra Norma Piña Hernández, quien propuso tumbar dicho candado, destacó en su exposición que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
Ciudad de México, 4 de abril (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes inconstitucional la restricción impuesta a los altos funcionarios para que sean contratados por las empresas privadas durante un plazo de 10 años después de dejar su puesto en el Gobierno.
Por unanimidad, los ministros votaron por anular el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, debido a que especificaron que afecta la libertad de trabajo y consideraron que el plazo que establece es excesivo.
Fue la Ministra Norma Piña Hernández quien propuso tumbar dicho candado, quien en su exposición destacó que existen otras medidas más adecuadas y que no afectan el derecho al trabajo de las personas a quienes está dirigida la ley.
“La norma impugnada restringe desproporcionadamente la libertad de trabajo, ya que la duración de 10 años de la prohibición de laborar en empresas privadas que los exfuncionarios hayan regulado, supervisado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada, va más allá de lo que es razonable para proteger los fines perseguidos por la medida”, se lee en el proyecto realizado por Piña Hernández.
Por su parte, el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, afirmó que el término de 10 años para que un exservidor público pueda trabajar en iniciativa privada es innecesariamente largo y que la ley resulta sobreinclusiva, lo que hace esta porción de la misma inconstitucional.
“No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción por lo que es sobreinclusiva”, expuso.
El Pleno de la Suprema Corte también avaló la propuesta de declarar constitucional la facultad de las secretarías de Hacienda y de la Función Pública para agregar nuevas infracciones a la Ley Federal de Austeridad Republicana para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa.
El pasado 16 de febrero, un Juez determinó inconstitucional el impedimento de 10 años establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que exfuncionarios del Gobierno trabajen en empresas privadas a las que regularon.
La reforma, aprobada en el actual sexenio, había incluido esta prohibición a la llamada «puerta giratoria» para impedir que funcionarios que supervisaron, o regularon e incluso tuvieron información privilegiada, luego salten al sector privado, ya que, argumentaron en su momento, permite corrupción en los más altos niveles de la administración pública.
