Los Zorros de Coca Cola

El reportaje “La Fichas de Coca Cola”, realizado por PopLab y Connectas, expone claramente cómo esta empresa y su siamiesa FEMSA, penetraron la política pública mexicana capturando los organismos reguladores. Gracias a esta estrategia lograron proteger sus intereses y Cocacolinizar al país, convirtiendo a los mexicanos en los mayores consumidores de los productos de esta empresa en el mundo. Consumo que se encuentra íntimamente ligado a la epidemia de sobrepeso, obesidad y diabetes ya que el 70% de los azúcares añadidos en la dieta de los mexicanos provienen del consumo de bebidas azucaradas. Y estas epidemias se encuentran ligadas a la vulnerabilidad de la población mexicana frente a la pandemia de la COVID-19.

Documentos internos de la trasnacional refresquera, revelados recientemente, a partir de un juicio realizado en Estados Unidos, muestran una comunicación intensa y continua entre directivos de Coca Cola y funcionarios de la entidad reguladora mexicana, la Comisión Federal de Protección para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, durante la gestión de Mikel Arriola y su mano derecha, Patricio Caso.

Las referencias a las comunicaciones indican que éstas se dieron en dos momentos cruciales para la refresquera: 1. Cuando se elaboraba el primer etiquetado frontal de alimentos y bebidas; y 2. Cuando, desde la sociedad civil, interpusimos un amparo contra ese etiquetado que llevó a que en la primera instancia, el juez Fernando Silva, sentenciara que violaba el derecho a la salud y a la información.

Todo demuestra que COFEPRIS recibió asesoramiento directamente de Coca Cola para diseñar y, posteriormente, defender el etiquetado que había establecido de forma obligatoria a alimentos y bebidas en 2014. COFEPRIS lo había establecido en contra de las opiniones de la propia Organización Mundial de la Salud, como lo documentan comunicados de la OPS/OMS dirigidos directamente a la secretaria de Salud, Mercedes Juan, al subsecretario Pablo Kuri, y al propio comisionado federal de COFEPRIS, Mikel Arriola. El propio Instituto Nacional de Salud Pública coincidía en las críticas de la OPS/OMS a ese etiquetado.

El etiquetado establecido por COFEPRIS, conocido como GDA, y que establecía un criterio de consumo de azúcar de casi el doble de la OMS (90 gramos contra 50 gramos) había sido introducido al país, justamente, por Coca Cola. La refresquera empezó a usarlo al frente de sus productos en el año 2010. Se adelantaba así a que el gobierno estableciera un etiquetado que brindara información útil para los consumidores.

En una Coca Cola de 600 mililitros, con el criterio de COFEPRIS, retomado de Coca Cola, la botella informaba que tenía 66 por ciento del consumo diario de azúcar. Si se tomaba el criterio de OMS, tendría que haber dicho que esa botella de 600 mililitros contenía 120 por ciento del consumo diario de azúcar.

Desde que Coca Cola comenzó a usar este etiquetado engañoso, la denunciamos ante la Secretaría de Salud por representar un riesgo para la salud de la población mexicana. Justamente, dos años después, nos convertimos en el primer país en declarar emergencias epidemiológicas por obesidad y diabetes en el mundo. Las denuncias no fueron atendidas y COFEPRIS, con el apoyo de la Secretaria de Salud, establecía un etiquetado introducido a México por Coca Cola.

Los comunicados internos entre Coca Cola y funcionarios de ese entonces de COFEPRIS, en los que aparece continuamente Patricio Caso, mano derecha de Mikel Arriola, muestran claramente quien determinaba no sólo el diseño del etiquetado, también la defensa judicial del mismo, en especial cuando un juez coincidía con la OMS, el INSP, la sociedad civil y cientos de expertos nacionales e internacionales que se pronunciaron sobre el caso, que ese etiquetado era una amenaza a la salud.

De hecho, como trascendió en columnas periodísticas, después de que varios investigadores del INSP se pronunciaron contra este etiquetado, el instituto recibió órdenes de que ninguno de sus investigadores podría declarar en contra del etiquetado. El hecho fue conocido como la Ley Mordaza. Mientras tanto, el subsecretario de Prevención de la Salud, el Dr. Pablo Kuri, continuaba participando en actos públicos para apoyar y promover el etiquetado de la industria. De hecho, al terminar la gestión del Dr. Mauricio Hernández al frente del INSP, al último momento del registro de candidatos para sucederlo, se introdujo la candidatura del Dr. Pablo Kuri, un intento claro de las corporaciones para controlar una institución científica independiente que causa problemas a sus intereses por la evidencia que genera.

Por acceso a la información solicitamos a COFEPRIS nos informara cuándo se había constituido el grupo de trabajo para elaborar los criterios del etiquetado frontal, quienes lo habían formado, demandando acceso a las minutas. La respuesta oficial de COFEPRIS fue que las personas que participaron en la definición de los criterios del etiquetado fueron: Lic. Juan Leonardo Menes Solis; Coordinador Jurídico y Consultivo de COFEPRIS; Lic. Patricio Caso Prado; Director General adscrito a la oficina del Comisionado Federal de COFEPRIS y la Dra. Matiana Ramirez Aguilar, Directora Ejecutiva de Evidencia de Riesgos de COFEPRIS.

No hubo grupos de trabajo, ni sesiones, ni minutas. Si uno compara ese proceso con realizado en esta administración para el actual etiquetado que se llevó en decenas de reuniones de varias horas cada una, con una representación amplia de organismos internacionales, instituciones académicas, organizaciones sociales, dependencias públicas, empresas, con actas de cada reunión debidamente firmadas y con un amplio expediente de evidencia presentada por las partes, está claro a qué intereses se sirvió.

¿Cuánto podía valer en el mercado para Coca Cola, las demás empresas de bebidas endulzadas y comida chatarra contar con un etiquetado a modo, que no les provocara ningún daño a sus ventas?. El Observatorio Europeo de Corporaciones estimó que las corporaciones de alimentos y bebidas invirtieron ¡¡mil millones de euros!! para que quedara el etiquetado GDA en esa región del mundo, evitando un etiquetado frontal de advertencia (https://euobserver.com/economic/30301).

Sabíamos que el etiquetado lo había elaborado COFEPRIS en contubernio con la industria. Funcionarios de COFEPRIS habían cometido un delito con serias implicaciones jurídicas, como funcionarios públicos de un organismo dedicado a proteger ala población frente a riesgos sanitarios, habían actuado para proteger los intereses de corporaciones cuyos productos representan un riesgo a la salud.

Por acceso a la información, la propia Cofepris nos confirmó que no se había creado un grupo de trabajo para el diseño y elaboración de ese etiquetado y a través de un juicio en Estados Unidos obtuvimos las referencias a los comunicados directos entre directivos de Coca Cola y funcionarios de COFEPRIS que demuestran una comunicación continua en relación al etiquetado.

Las comunicaciones entre Coca Cola y COFEPRIS estaban dirigidas, principalmente, de y al Lic. Patricio Caso Prado, Director General adscrito a la oficina del Comisionado Federal de COFEPRIS, mano derecha del comisionado federal Mikel Arriola. El Lic. Caso era una de las tres personas que la propia COFEPRIS nos informó, por acceso a la información, que fue responsable de la elaboración de los criterios del etiquetado frontal.

Elk circulo se cierra, como reporta la investigación realizada por Poplab y Connectas, no sorprende que el Lic. Patricio Caso, “Tres años después de haber terminado su labor como servidor público, se sumó a las filas de The Coca-Cola Company como Senior Director of Government Affairs”.