Luis Donaldo Colosio, del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994 mientras saludaba a la multitud en un mitin en el popular barrio de Lomas Taurinas, en la fronteriza Tijuana.
Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo/EFE).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que México tiene derecho a saber la verdad sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, barrio ubicado en Tijuana, Baja California. Y aseguró que iniciará una batalla legal contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para lograr que en todas las resoluciones se imponga la prevalencia de los derechos humanos.
A través de un comunicado, la CNDH destacó que mantiene acciones continuas para dar total seguimiento de la recomendación 48VG/2021, emitida el 25 de octubre de 2021 y aceptada por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en diciembre de 2021, donde están concentrados actos violatorios contra Mario Aburto Martínez, señalado como el responsable de crimen, así como su familia.
Entre los principales puntos recomendatorios, se encuentran: primero la apertura de una investigación seria y apegada a derecho sobre los hechos que provocaron la detención de «la víctima» el 23 de marzo de 1994 a raíz del asesinato del candidato presidencial.
Continuamos trabajando en el cumplimiento total de la #Recomendación 48VG/2021 y en la protección de la #Víctima y sus familiares.#DefendemosAlPueblo pic.twitter.com/So9usuTDgY
— CNDH en México (@CNDH) March 23, 2022
«Los reiterados actos violatorios de derechos humanos que tuvieron lugar en afectación de este y de su familia, derivados de aquellos hechos. Y, desde luego, en afectación de la familia del candidato asesinado y de toda la sociedad mexicana, que a pesar del transcurrir de los años y de los esfuerzos por ocultarla, tienen derecho a conocer la verdad», se lee en el documento.
Además, se pide la sustanciación y conclusión de la demanda de Mario Aburto por actos de tortura, que data desde agosto de 1994, hecho que se archivó y actualmente radicaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, «lo que abonaría también al esclarecimiento de los hechos y a la comprobación de que la investigación oficial fue manipulada».
Por lo que, señaló la CNDH, mientras no se logre el cumplimiento de esos dos puntos, el traslado del agraviado a un reclusorio cercano a su familia, no es posible, y cumplió 28 años de no tener ningún contacto presencial con su familia.
A esto se agrega la tramitación del registro de las víctima en el Renavi, que está gestionando ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
«Es de señalar que la CNDH ha advertido interferencias de personas particulares, no de funcionarios, en el seguimiento de la recomendación; actuaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la misma, e incluso hasta la integridad de las víctimas, por intereses claramente políticos, pero también por otros burdamente comerciales, por lo que llama a la responsabilidad a quienes pretenden haber tenido un papel protagónico en los trabajos de la CNDH, que nunca tuvieron, y declara que la investigación de los hechos no puede ser materia de entrevistas aparentemente ‘reveladoras’ o series televisivas, sino de actuación de la justicia, que es lo único en que estamos comprometidos», dijo la Comisión.
La CNDH calificó como «extraña» la actuación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el resguardo de éste y todos sus expedientes, por lo que, dada la trascendencia del asunto, se interpusieron dos recursos de protección de la información, relativa a la investigación del caso, toda vez que la protección de las víctimas es una prioridad.
«A través del INAI se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994, por lo que vamos a iniciar una batalla legal para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos, es decir, el interés de aquellas personas que tienen la calidad de víctimas».
Asimismo, la Comisión reclamó respeto a la calidad garante de los derechos humanos porque «no puede ni debe» haber contradicción entre unas y otras tareas, pero «tampoco es posible» que el INAI pretenda poner en riesgo un caso que a pesar del paso de los años aún no esta resuelto, y «extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso, el debido proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad, debido a una recomendación».
«Daremos la batalla para lograr la apertura de una investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos del 23 de marzo de 1994, y también para defender los derechos de las víctimas, incluso recurriendo a amparos o aquellos recursos que sea menester, convocando respetuosamente al Congreso de la Unión a hacer lo propio, y alinear la legislación en la materia, a los principios básicos de los derechos humanos», finalizó la CNDH.
El magnicidio del candidato presidencial mexicano Luis Donaldo Colosio hoy hace 28 años sacude todavía la política del país, un caso que aún levanta interrogantes y que el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, pretende reabrir en un momento en que el hijo del político asesinado asume su popular legado.
Colosio, del entonces hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), recibió dos balazos el 23 de marzo de 1994 mientras saludaba a la multitud en un mitin en el popular barrio de Lomas Taurinas, en la fronteriza Tijuana.
“El magnicidio implicó un momento importante, una crisis del sistema político mexicano que ya estaba presente de otras maneras antes del asesinato de Colosio hace 28 años”, expone a EFE el investigador Flavio Meléndez, autor del libro México río revuelto. Del crimen de Estado al Estado del crimen.
Aunque aún no era Presidente, los candidatos del PRI ganaban las elecciones de forma orgánica hasta la transición en 2000, por lo que su asesinato se considera el magnicidio más grave en México desde 1928, cuando mataron al Presidente electo Álvaro Obregón, quien ya había presidido el país entre 1920 y 1924.
Colosio, nacido en el norteño estado de Sonora en 1950, “era un candidato que simbolizaba la ruptura del viejo régimen priista hacia un nuevo modelo más democrático, mayormente plural, más participativo y de base social”, según Corona.
Su figura trasciende, añade el académico, por ser un líder “carismático, honesto, sencillo y bonachón”, que supo manejar el concepto de unidad nacional e integrar la vida familiar a la política.
Justo por esa figura de ruptura que representaba Colosio han surgido teorías de la conspiración, expone Meléndez.
La más común de ellas es que el entonces Presidente, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), lo mandó matar y otra es que Mario Aburto, su asesino confeso, es en realidad inocente y los verdaderos responsables lo utilizaron como “chivo expiatorio”, narra Meléndez.
