Iberdrola y otras vaciaron presas. Ahora España no tiene agua, y paga la luz como oro

Las multinacionales no sólo han cobrado a precios excesivos los recibos de luz en España, sino que también son señaladas por haber acabado con el agua de las presas de Galicia para elevar sus producciones hidroeléctricas, lo cual ha llevado a que las autoridades emitieran una propuesta de castigo para las energéticas.

Ciudad de México, 21 de febrero (SinEmbargo).- Durante el verano de 2021, al menos dos empresas energéticas españolas vaciaron cuatro presas gallegas para utilizarlas en turbinas y generar luz, lo que ocasionó que ahora la ciudadanía de Galicia tenga escasez de agua. Las empresas se anotaron ganancias millonarias y las autoridades de España, en cambio, las han multado con apenas miles de euros. Se trata de Iberdrola y Naturgy, ambas con negocios también en América Latina.

Según las investigaciones de la Junta gallega, afectaron las presas de Cenza, As Portas, Salas y Belesar durante los meses de julio y agosto, y en algunos casos afectaron los embalses hasta en un 70 por ciento en su nivel de agua. Con este vaciado de las presas, ambas energéticas buscaron generar la mayor cantidad de energía hidroeléctrica posible en medio de los precios récord de la luz.

En agosto se comenzaron las investigaciones contra Iberdrola. De acuerdo con Europa Press, la Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó de «escandalosa» la situación que se vivió en los embalses de Ricobayo (Zamora) y Valdecañas (Cáceres), ambos gestionados por Iberdrola, ante la «drástica» reducción de sus aguas, y en ese momento se le remitió una carta «para decirle que esto no puede ser».

«No es razonable vaciar prácticamente en seis semanas un embalse como ha ocurrido en Zamora», denunció la funcionaria y precisó que se aplicaría el Artículo 55 de la Ley de Aguas, donde se prevé que por razones extraordinarias se puedan introducir limitaciones al vaciado del caudal de los embalses, ya que, explicó, «en las cláusulas concesionales que probablemente no preveían una intervención para garantizar caudales ecológicos y mínimos en los embalses, sino un volumen de agua concesionado al año, por eso la empresa justifica que están cumpliendo con todos los requisitos y esto me parece escandaloso».

De acuerdo con la Guardia Civil española, la multinacional redujo las reservas de Ricobayo del 98 por ciento al 11 por ciento, con la intención de maximizar sus beneficios, pero provocó problemas de abastecimiento de agua a varias poblaciones y ocasionó graves pérdidas económicas en instalaciones turísticas y agrícolas de la comarca.

En total, de los primeros nueves meses de 2021, sólo Iberdrola anotó ganancias por al menos 2 mil 300 millones de euros.

Aunque ya se han evaluado las opciones de castigos, hasta ahora la multa para ambas energéticas como para la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) suma un total de 200 mil euros.

En los primeros días de febrero las jefaturas territoriales de Lugo y de Ourense emitieron ocho sanciones en total, dos por presa, de las cuales una corresponde a la Confederación y otra a las empresas.

Cada una de las multas será por un total de de 25 mil euros, es decir que, Naturgy pagará 50 mil euros por las presas de Salas y Belesar, mientras que Iberdrola deberá pagar la misma cantidad por el daño a las presas de Cenza y otra por As Portas.

Medio Ambiente dijo que las multas son debido a que se cometieron «acciones de vertido que alteraron sensiblemente el nivel del agua e incumplieron la obligación de notificación» a las autoridades, trámite que debió de haber realizado la Confederación Hidrográfica y que habría permitido a la Dirección Xeral de Patrimonio Natural adoptar medidas preventivas para no perjudicar a las poblaciones existentes en la masa de agua.

Por ello, la Junta gallega concluyó que tanto las dos empresas como el organismo dependiente del Gobierno central cometieron, de ese modo, una infracción administrativa grave contra la ley de pesca continental de Galicia, tipificada en su Artículo 73.

En ese sentido, la Confederación Hidrográfica abrió un expediente informativo a las dos empresas, pero lo cerró sin sanciones porque consideró que no habían incumplido las condiciones de la concesión hidráulica, ni las obligaciones contenidas en la legislación de aguas.

En cambio, la Junta aclaró que sí hubo alteración en los niveles de agua y una fuga masiva en medio del verano, siendo que en ocasiones previas se alcanzaba el nivel de ocupación más bajo entre septiembre y octubre, con el fin del año hidrológico.

Aunque estas multas podrían no ser las únicas emitidas por la Junta, ya que la Dirección General de Patrimonio Natural vigila también si los vaciados de los embalses han dañado la población ictícola y el ecosistema acuático, diputados ven la sanción como algo muy corto para el daño ocasionado y los beneficios obtenidos por cada empresa.

La Diputada del Bloque Nacionalista Gallego (BNG), Noa Presas, consideró que son «absolutamente ridículas» las multas de 25 mil euros para Iberdrola y Naturgy, según el diario Europa Press, ya que «no va a hacer que las eléctricas dejen de estar impunes y de hacer lo que les pete con los recurso naturales gallegos».

La legisladora resaltó el grave «marco de impunidad» para las empresas y recalcó que la Junta de Galicia tardó «tres meses en actuar», «y sólo se movió por la presión social y la desesperación de los vecinos». Además, recordó que aunque en junio y julio ya se hablaba sobre el vaciado de presas, la Consejería de Medio Ambiente intervino hasta el 21 de agosto.

Noa Presas también denunció y criticó que se modificara la ley de pesca fluvial —normativa bajo la cual se imponen las sanciones— para «rebajar las el costo» de las sanciones.

«Si no lo hubiese hecho, estaríamos hablando de 2.4 millones de euros», recalcó. «Esta situación lo que demuestra una vez más es la incompetencia de la Junta, la inacción del Estado y que esta situación continúa», finalizó la legisladora de BNG.

En el último año, los precios de la luz en España superaron la barrera de los 300 euros MWh, por ello la ciudadanía pide la intervención de las autoridades.

La propuesta de creación de una empresa pública de la energía ha sido una de las cuestiones más comentadas y discutidas por la opinión pública española desde mitad del año pasado, sin embargo, en dicho país la medida es difícil de contemplar ya que la participación del Estado se limita a un 20 por ciento en Red Eléctrica de España, pero esa empresa sólo gestiona las infraestructuras de transporte de energía y, por ende, no incide de manera directa en el precio de la luz.

Además, al mismo tiempo que el Gobierno español ha intentado tomar acción contra la subida exorbitante de precios, el sector eléctrico ha mostrado su rechazo y ha amenazado incluso con detener la producción de las centrales energéticas del país.

Cabe recordar que en octubre se alcanzaron los precios de mayor récord en la luz española, mayor a 250 euros, sin embargo, hasta febrero el margen sigue por encima de los 180 euros MWh.