Por: Anaid García Tobón (@laanaidtobon)*

El combate a la corrupción sigue siendo un gran pendiente en el país. Recientemente, Transparencia Internacional dio a conocer que México se posiciona en el lugar 124 de 180 países en materia de combate a la corrupción, siendo el peor evaluado de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Dentro del análisis del combate a la corrupción hay un elemento imprescindible a considerar: la configuración institucional. El fortalecimiento o debilitamiento institucional puede darse por dos vías:  el nombramiento de sus titulares y el presupuesto del que se les dota. Cabe mencionar que cuando hablamos de configuración institucional nos referimos a las reglas y procedimientos que las rigen, su grado de autonomía, su tamaño, funciones, el nombramiento y mandato de sus titulares y presupuesto. Y es que las instituciones fijan y priorizan agendas, estrategias y establecen objetivos en gran medida debido a la cantidad de recursos económicos con los que cuentan.

Pareciera que en el discurso de la actual administración la corrupción es una de las prioridades más importantes. Sin embargo, a tres años del inicio de este Gobierno, el análisis del presupuesto en la materia permite entender dónde están las prioridades y como se materializa el combate a la corrupción:

En el periodo 2018-2021, el presupuesto asignado a las instituciones anticorrupción ha ido a la baja. Cinco de las siete instancias del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que reciben recursos han tenido un decremento y únicamente dos instituciones han tenido un aumento. El ente que más disminución ha tenido es la Secretaría Ejecutiva del SNA (Sesna) con una reducción de 39 por ciento de su presupuesto. Le sigue el INAI con una reducción de 24 por ciento. Por su parte, el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa (TFJA) ha tenido una reducción de 17 por ciento, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tuvo una reducción del seis por ciento y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tenido un decremento de su presupuesto de cuatro por ciento. La Secretaría de la Función Pública tuvo un ligero aumento de sólo tres por ciento y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) ha sido la institución que más ha aumentado su presupuesto con un incremento de 295 por ciento; esto se debe principalmente a que pasó de ser una dirección de la antes Procuraduría General de la República a ser una fiscalía en 2019, razón por la cual han aumentado sus atribuciones y con ello su presupuesto. [1]

Un segundo hallazgo es que no todos los recursos que reciben las instituciones que integran el SNA y otras dependencias se destinan o se catalogan exclusivamente a acciones de control de la corrupción; para ello, se creó el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA), a fin de dar seguimiento a los recursos. El ATA es una herramienta de transparencia que contribuye a la rendición de cuentas, el cual fue construido con la participación de la Sesna, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la organización de la sociedad civil Ethos.

En específico, el ATA tiene como objetivo identificar los montos de los recursos destinados a la prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción. Es decir, el ATA identifica los recursos del presupuesto destinado a las acciones sustantivas para el combate a la corrupción y establece qué unidades responsables están a cargo de desempeñar acciones y cuáles son los recursos con los que cuentan. No son recursos adicionales a los que se reportan en el Presupuesto, sino que se encuentran agrupados para facilitar su seguimiento.

En 2018 se integró, por primera vez, el Anexo Transversal en materia Anticorrupción llamado: Recursos para la Prevención, Detección y Sanción de Faltas Administrativas y Hechos de Corrupción, así Como para la Fiscalización y Control de Recursos Públicos al que se le asignaron recursos por 12, 279 millones de pesos en cifras reales. Si bien este esfuerzo inicial marcó un precedente importante en el que se incorporaron más de 30 instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional vía el Programa de Justicia Militar, la Secretaría de Marina a través del programa Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales o la Secretaría de Educación Pública que dirigió recursos del Programa de Educación Superior y Posgrado, el ATA englobaba actividades diversas que no se vinculaban necesariamente al combate a la corrupción. Al integrar a todas esas instituciones, la bolsa de recursos era cuantiosa.

En 2019 y 2020 no se integró, ni publicó el ATA. Fue hasta 2021 y 2022, que ya se contaba con una metodología robusta guiada por la Política Nacional Anticorrupción,[2] que se retomó el ATA. En estos dos últimos años, a nivel general, se observa una ligera variación. De 2021 a 2022 se redujo la bolsa de recursos 3.6 por ciento de 3,438 mdp a 3,315 en 2022. La Sesna, instancia encargada de desarrollar este esfuerzo, ha mencionado que se buscará que más instituciones que realicen acciones de combate a la corrupción comiencen a dirigir recursos al ATA.[3]

* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico

[1] A fin de tener un análisis más preciso y debido a las diversas variaciones presupuestales en el periodo de 2018 a 2022, se realizó la comparación con cifras en términos reales del presupuesto con el que iniciaron las instituciones en este sexenio y su presupuesto actual.

[2] La PNA se aprobó en 2019. Para lograr hacer una metodología operativa se alinearon las categorías de la Política Nacional Anticorrupción con las de la SHCP. Así se conformaron las siguientes categorías donde primero aparece la de la PNA y después la de la SHCP: 1) Eje/Vertiente, 2) Objetivo General/Programa, 3) Objetivo específico/componente y 4) Prioridad/Subcomponente.

[3] En 2021 y 2022 el ATA reduce todas las instituciones que integró en 2018 y sólo se focalizó en las instituciones que integran al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e incluyó a otros entes que no forman parte del Comité Coordinador pero que dentro de sus acciones combaten a la corrupción como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y algunas otras pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

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