En 2021 hubo menos asesinatos en México que en 2020. Y que en 2019. Y que en 2018.

¿Cuántos menos? Aún no tenemos las cifras finales, pero los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan una reducción de más del cuatro por ciento respecto a 2020, el equivalente a unos mil cien asesinatos menos.[1]

Una reducción del cuatro por ciento podría parecer pírrica si observamos el número absoluto de homicidios que ocurren en el país. No lo es. Para entender por qué basta con dar un paso atrás y revisar lo acontecido en los últimos años. El contexto es este: de 2015 a 2018 el país sufrió un aumento en la violencia criminal sin precedentes. Entre 2015 y 2016 la cantidad de homicidios creció un 26 por ciento; un año después, para el periodo 2016-2017 volvió a aumentar 28 por ciento. Para el periodo 2017-2018 el porcentaje nuevamente saltó en un 16.8 por ciento. Esto es: durante tres años consecutivos la cantidad de homicidios creció de manera considerable, a tasas altas, altísimas.

¿Son los porcentajes demasiado inasibles para el lector? Quizás este número ofrezca mayor claridad: en los últimos tres años del Gobierno de Enrique Peña Nieto el promedio diario de homicidios creció de 49 a 92. Los números absolutos son igualmente terribles: si en 2015 fueron asesinados 17 mil 885 personas, en 2018 fueron ejecutadas 33 mil 739.

La tendencia al alta se detuvo en 2019. Durante el primer año de Gobierno de López Obrador los homicidios crecieron en solo 2.8 por ciento y en el segundo año se redujeron apenas unas décimas porcentuales. La reducción de 4 por ciento en 2021 es significativa por lo que anuncia: la confirmación de una tendencia favorable.

Los observadores más escépticos sostienen que la explicación a los buenos números está en la pandemia (y, de forma más específica, en las jornadas de confinamiento) y no en el resultado de las políticas del Gobierno o en un reacomodo de las fuerzas criminales.

Una mirada regional, sin embargo, no valida esta hipótesis: en contraste con lo sucedido en México, la mayoría de los países en América Latina experimentaron un marcado aumento en el número de homicidios durante 2021. En Ecuador, por ejemplo, se multiplicó el número de homicidios con respecto al año anterior. Países habitualmente pacíficos, tales como Perú, Paraguay y Costa Rica sufrieron aumentos importantes en sus cifras de homicidios durante 2021. Del mismo modo, la pandemia no trajo  mejora alguna en materia de seguridad pública entre los países más violentos de la región; Jamaica, Venezuela y Honduras.[2] Más allá del subcontinente, a escala global la regla parece ser la misma: la pandemia no derivó en reducciones sostenidas del número de homicidios.

Todo parece indicar que sí, en efecto, la estrategia de seguridad pública del Gobierno de México ha comenzado a cosechar sus primeros resultados. En otros delitos de alto impacto también hay avances. Tres botones de muestra: 1) el secuestro se ha reducido en 44.8 por ciento desde su máximo histórico en enero de 2019. 2) El robo de vehículos se ha reducido en 39 por ciento desde su máximo histórico en enero de 2018. 3). Por último, el robo en general se ha reducido en 25 por ciento desde su máximo histórico en octubre 2017.

¿Podrá sostenerse la tendencia positiva por los siguientes tres años? Dependerá de muchísimos factores —algunos más allá del control del propio Gobierno. Además, pequeños y lentos avances en seguridad pública pueden irse por la borda con una mala gestión de crisis; el mejor ejemplo de ello es lo sucedido durante la administración de Miguel Mancera en la CdMx.[3] El hecho es que, al menos por ahora, hay razones para ser cautelosamente optimistas: enero de 2022 cerró como el mes con la cifra de homicidios más baja desde el 2018.

En la narrativa del Gobierno estos números difícilmente podrán presentarse como triunfos mientras no se resuelvan definitivamente temas tales como la crisis de asesinatos a periodistas y defensores de derechos humanos. Recordemos que, desde el inicio de la actual administración, se han contabilizado 52 asesinatos a periodistas y 97 de personas defensoras de derechos humanos. Son muertes especialmente sensibles porque lastiman, además, las bases de la vida democrática del país. La obligación de un Gobierno de izquierda es atender este problema como si de ello dependiera la valoración total de su administración. No hacerlo —o seguir haciéndolo como hasta ahora— solo ensombrece resultados que pueden y deben presumirse como lo que son: evidencia de que, tras años en aumento, la violencia criminal parece haberse estabilizado y ha comenzado a retroceder.

[1] Sobre este tema ya escribí en este mismo espacio hace unos meses. Véase: Carlos A. Pérez Ricart, ¿Hay mejoras en la seguridad pública en México?, https://www.sinembargo.mx/26-10-2021/4046460

[2] https://insightcrime.org/news/insight-crimes-2021-homicide-round-up/

[3] Sobre esto, véase: Carlos A. Pérez Ricart, Seguridad pública en CDMX: buenos resultados, https://www.sinembargo.mx/19-10-2021/4042986

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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