Díez Gargari denuncia ante FGR a Julio Scherer, exconsejero jurídico de Presidencia

Los delitos que se les atribuyen a los implicados son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, entre otros.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- El abogado Paulo Díez Gargari dio a conocer públicamente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Julio Scherer, exconsejero jurídico de Presidencia durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, y a otros servidores públicos y abogados por su presunta participación ligada a la obtención de beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Díez Gargari afirmó que presentó la denuncia por los hechos en apariencia de delito de la obtención de beneficios indebidos que se cometieron ejerciendo cargos, y consideró que Scherer ha traicionado la confianza del Presidente López Obrador.

Los delitos que se les atribuyen son asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, uso ilícito de atribuciones y facultades, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencia y contra la administración de justicia.

«He presentado una denuncia contra el exconsejero Jurídico del Ejecutivo Federal y de otras personas, integrantes de una red de servidores públicos, abogados, asesores financieros y parientes, creada por Julio Scherer Ibarra desde una posición privilegiada de enorme poder político para obtener beneficios indebidos en el ejercicio de su cargo», se lee en el escrito.

https://twitter.com/pdiezg/status/1489697849122172928?s=28

Además, informó que entre las empresas que han salido beneficiadas por esta actividad corrupta y corruptora de dicha red de personas, se encuentran: Aleatica S.A.B. de C.V. (antes OHL) y su accionista de control IFM Global Infrastructure Fund, «un fideicomiso sin personalidad jurídica, constituido en las Islas Caimán».

Paulo Díez resaltó que confía en que la FGR realice una investigación seria que permita llevar sin demoras a estas personas ante la justicia.

Y finalizó diciendo que México espera una pronta respuesta de Aleatica y de su accionista de control (IFM), así como «de las turbias relaciones con el exconsejero jurídico y la red de servidores públicos, abogados y asesores financieros referida».

La FGR acusó de manera formal ante un Juez a cuatro abogados cercanos a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de Presidencia, por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, tráfico de influencias, extorsión, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, según algunos medios.

De acuerdo con documentos judiciales citados por Animal Político, los litigantes presuntamente extorsionaron a clientes que enfrentan los casos de mayor impacto en la actual administración.

Juan Antonio Araujo Rivapalacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez, socios del despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”, fueron citados a comparecer mediante una videoconferencia a audiencia inicial el próximo 28 de febrero ante José Rivas González, Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

La carpeta de investigación es la FGR/FECOC/UEIDCSPCAJ/SP036/2021 y, según El Universal, inició a partir de una denuncia que fue presentada por el hermano del abogado Juan Collado, que se encuentra en proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, quien expresó que le exigieron altas sumas de dinero para negociar un supuesto criterio de oportunidad que le daría la opción de salir de la cárcel. El Juez aceptó este caso dando origen a la causa penal 550/2021.

Mientras que Milenio informó que los abogados habrían presuntamente extorsionado a involucrados en el Caso Agronitrogenados; así como a los implicados en el caso de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa Cruz Azul; y a quienes estuvieron relacionados en el asunto del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga para evitar que sus casos fueran judicializados por la FGR.

La FGR intenta imputar penalmente a los litigantes por coludirse para exigir millonarias cantidades de dinero a potenciales clientes bajo el argumento de que cuentan con contactos de altos mandos del Gobierno federal y la Fiscalía, entre ellos Scherer, aunque no se ha encontrado evidencia alguna para imputarlo pero las investigaciones siguen su curso, según Animal Político.

Cabe destacar que el dinero de este tipo de pagos que supuestamente recibían, y no eran parte de los honorarios, era triangulado mediante prestanombres para blanquear su ilícito origen.

El despacho “Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá” se ha encargado de llevar la defensa de Alonso Ancira, accionista mayoritario de la empresa Altos Hornos de México, en el proceso que se inició en su contra por la acusación existente de haber sobornado a Emilio Lozoya Austin, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que gestionara la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados; así como en “La Estafa Maestra”.