Guadalajara: Transa por patrullas salpica a políticos y jueces

Las corruptelas del Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, ha derivado en un salpicadero luego de que un tribunal de alzada anuló la licitación para la compra de 290 patrullas con sobreprecio se casi 400 millones de pesos. Después de este fallo, salió a flote el uso de documentos falsos y la cuestionada intervención del magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, acusado de echar abajo la citada suspensión del caso sin tener el expediente en sus manos, lo que ha puesto al Poder Judicial de Jalisco, una vez más, en entredicho.

El caso de la licitación de las patrullas por parte del ayuntamiento de Jalisco, que encabeza Pablo Lemus, se ha convertido en un verdadero desgarriate que implica a funcionarios municipales y altos mandos del Poder Judicial de Jalisco, implicados en fallos amañados y hasta en presunta falsificación de documentos para favorecer la corrupción y los intereses municipales.

De diciembre a la fecha, el tema de la licitación ha pasado por varias etapas administrativas y judiciales desde que el Comité de Adquisiciones del ayuntamiento de Guadalajara adjudicó la Licitación Pública Local LPN-010/2021 a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V. pese a que presentó la propuesta más cara con un monto superior a los 792 millones. La irregularidad que aquí salió a flote fue un sobreprecio de casi 400 millones de pesos.

Ante los vicios y anomalías evidentes en dicha la licitación, el 14 de diciembre de 2021 una empresa participante en el concurso acudió al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) e interpuso una demanda de juicio de nulidad.

La demanda quedó radicada en la Cuarta Sala, la cual está a cargo de Armando Estrada; dos días después, el 16 de diciembre de ese mismo año, esa instancia judicial le notificó al ayuntamiento de Guadalajara la suspensión provisional del proceso de licitación para adquirir 763 vehículos, entre otros, 290 patrullas equipadas.

Los enredos y los manejos oscuros comenzaron cuando José Ramón Jiménez Gutiérrez, presidente, presidente de la Sala Superior del TJA emitió un fallo en contra de la suspensión a pesar de no tener el expediente del caso a la vista. Esto colocó al juzgador contra la pared y, por ello, está por enfrentar un delito contra la administración de la justicia que se castiga con diez años de cárcel.

De igual forma salieron a relucir versiones del propio magistrado respecto de que la demanda de origen se encontraba en la Cuarta Sala, lo que evidenció que la Sala Superior nunca atrajo el caso, como quedó demostrado posteriormente. Fuentes consultadas en el Poder Judicial de Jalisco y en el ayuntamiento de Guadalajara confirmaron por separado lo mismo: que la Sala Superior nunca ejerció la facultad de atracción.

No sólo eso: Otra anomalía mayor que salió a flote en este caso refiere que, al parecer con documentos falsos de la Sala Superior del TJA, el ayuntamiento desacató la suspensión emitida por la Cuarta Sala y, así, el alcalde Pablo Lemus le adjudicó la licitación a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A. de C.V.

En las demandas que siguieron, interpuestas por la fracción de Morena en el Ayuntamiento, encabezados por Carlos Lomelí, también salió a relucir que una empresa participante en el concurso hizo una oferta con un 40 por ciento menos que Integradora de Apoyo Municipal, pero fue desechada por barata.

A todo esto siguieron otros recursos legales: una de las compañías inconformes interpuso el amparo 2524/2021, el cual fue radicado en un juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Ésta instancia judicial otorgó la suspensión provisional el pasado 3 de enero.

Los enredos en los que incurrió el magistrado Jiménez Gutiérrez lo hundieron aún más en la confusión y en el descrédito al salir a relucir sus falsedades.

En enero pasado, Jiménez Gutiérrez le informó al juez federal que resolvió el 15 de diciembre que decidió anular la suspensión al tener a la vista el expediente del caso; sin embargo, su versión resultó ser falsa, ya que los documentos –el expediente, pues –aún siguen en la Cuarta Sala.

Lo que evidenció lo anterior fue que Jiménez Gutiérrez emitió un fallo sin tener el expediente en sus manos, todo ello, para favorecer la licitación del ayuntamiento, cuestionada por los 400 millones de sobreprecio. ¿Por qué el magistrado resolvió anular la suspensión sin conocer el expediente? ¿Se lo ordenaron? ¿Quién se lo habría ordenado? ¿Con qué fin incurrió en el delito actos contra la administración de la justicia? Las respuestas se pueden inferir, pero todavía no se conocen las verdaderas razones de estas acciones del alto mando del Poder Judicial.

Ahora el magistrado Jiménez Gutiérrez está envuelto en un lío mayor y, por ello, ha utilizado cuanto recurso tiene en sus manos para exigirle a la Cuarta Sala el expediente original 4524/2021, así como los sellos y el reloj checador.

Este caso ya derivó en amenazas, acosos y presiones de todo tipo por parte del ayuntamiento y de la Fiscalía de Jalisco para que dicho expediente le sea entregado al magistrado Jiménez Gutiérrez, sin el cual no tendría elementos para justificar su veredicto de anular la suspensión de la licitación.

Por ejemplo, el notificador de la Cuarta Sala –Rubén Bravo –acudió al ayuntamiento de Guadalajara a entregar el oficio que acreditaba la suspensión del proceso de licitación, pero fue recibido con insultos, amenazas y un acoso feroz por parte de elementos de la Fiscalía Investigadora que portaban armas.

Además, se le abrió una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía, que también participa en los acosos y presiones en este caso. El notificador del TJA fue notificado de un citatorio emitido por la Fiscalía del Estado. Hasta ahora no le informan de qué lo acusan ni en qué calidad acudirá a la agencia 7 del Ministerio Público. Así de fuertes están las presiones en Guadalajara por el caso de las patrullas.

Lo que queda en evidencia es el desacato a la ley por parte del ayuntamiento de Guadalajara, al no cumplir con dos suspensiones –la de nulidad y la de un juzgado federal –y se ha decidido que el expediente no se le entregará a la Sala Superior –la que preside el magistrado José Ramón Jiménez Gutiérrez –hasta que se resuelva la suspensión definitiva.

En un chat manejado por personal del TJA, y en particular de la Cuarta Sala, se exponen algunos pormenores del acoso que enfrentan funcionarios de dicha instancia judicial por parte del Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. A continuación algunos extractos de una de las conversaciones conversación a la que este reportero tuvo acceso:

Necesitamos que todo el mundo se entere de que Pablo Lemus está amedrentando al personal que trabaja en la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco.

            Haciendo uso de su poder, envió a la Policía Investigadora por uno de los actuarios de la sala, que fue quien le notificó la sentencia que no le favorece a su intención de hacer negocio con la adquisición ilícita de patrullas.

            No le basta con que un juez Federal le reitere en una sentencia que la resolución de la Cuarta Sala era correcta, se pasa las suspensiones (estatales y federales) por el… sustentándose de un expediente falso para auto permitirse esa licitación y encima monta un espectáculo en el que penosamente se prestan los mediocres e ignorantes miembros del Deshonorable Congreso de Jalisco y los poco profesionales medios de comunicación.

            La ignorancia está por encima de todas las personas, gracias a la ignorancia, se engrandecen personas como Pablo Lemus y hacen abuso de poder en plena luz del día, lo presumen, hacen show y la gente ignorante lo enriquece en redes sociales.

            Ha sido tanto el revuelo por el tema de las patrullas, que el expediente de este asunto polémico ya llegó a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, el escándalo ya es ampliamente conocido en todas las instancias del gobierno de Jalisco, incluida la Fiscalía del estado que, por cierto, está acéfala tras la extraña renuncia del fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, presuntamente por problemas de salud.

El escándalo de corrupción en Guadalajara llegó a su máximo de ebullición luego de que el regidor de Morena en el ayuntamiento de Guadalajara, Carlos Lomelí Bolaños interpusiera una demanda en contra del Alcalde tapatío, Pablo Lemus, la cual fue aceptada el pasado 26 de enero en el Juzgado Segundo en Materia Civil, cuyo titular es el juez Alan Rafael Acosta Navarro.

Presentada el 17 de enero originalmente, la querella fue presentada por el coordinador de los regidores de Morena luego de que el Alcalde Pablo Lemus declaró que el regidor morenista lo pretendió extorsionar al pedirle, supuestamente, que a cambio de aprobar la licitación de las patrullas y motocicletas para la policía municipal Lemus gestionara ante el gobierno de Zapopan algunos permisos para la operación de unas bodegas presuntamente propiedad de Carlos Lemelí que están ubicadas en Periférico Poniente, a la altura de la colonia El Colli.

Lomelí Bolaños aduce que lo dicho por Lemus “era falso” y había informado que demandaría al Alcalde de Guadalajara por hacerle acusaciones sin fundamento. La demanda fue aceptada por el juzgador. Ahora demandado y demandante serán citados para ofrecer pruebas.

Mientras tanto, el tema de las patrullas sigue convertido en un verdadero vodevil en el que, por desgracia, sale a la superficie las corruptelas de funcionarios y altos mandos del Poder Judicial.

APUNTES DEL SUBSUELO

La captura del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, por un caso de tortura, parece indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) ha decidido capturar a los aliados de García Luna por los excesos cometidos en el desempeño de sus funciones y no por sus vínculos con el narcotráfico, el lavado de dinero y el tráfico de influencias.

Después de la caída de Genaro García Luna –preso en Nueva York desde diciembre de 2019 –en México han sido detenidos Luis Cárdenas Polominos, acusado también de tortura por el caso de los hermanos Vallarta; Cárdenas también fue acusado, desde que estaba en funciones, de servir a los intereses del crimen organizado: como brazo derecho de Genaro García Luna era responsable de manejar las operaciones de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que, en el sexenio de Felipe Calderón, estaba controlado por el cártel de Sinaloa.

Después de giró orden de aprehensión en contra de Ramón Pequeño, alto funcionario del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, acusado de servir a los intereses del crimen.

Recientemente fue capturado otro miembro de ese clan, Facundo Rosas Rosas excomisionado de la extinta Policía Federal –también durante el gobierno de Calderón –y extitular de la policía estatal en Puebla. Se le acusa de homicidio culposo al haber atropellado a una mujer en la alcaldía Álvaro Obregón que perdió la vida.

Ahora tocó el turno a otro hombre estrechamente ligado a García Luna, Porfirio Sánchez Mendoza, a quien seguramente también investigarán, además de los temas de tortura que se le imputan, por sus presuntas ligas con el crimen organizado.