La SSPC propone usar el dinero congelado al crimen para equipar a policías del país

Rosa Icela destacó que de llevarse a cabo las propuestas, éstas «proveerían de mejores herramientas legales para fortalecer la estrategia de construcción de paz del Gobierno de México».

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a los senadores de Morena trabajar en cuatro iniciativas de Gobierno, entre las que destacan temas como el equipamiento a policías del país, trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), castigar el reclutamiento de menores de edad, así como tipificar la venta de videojuegos violentos a niños.

Durante su participación en la reunión plenaria del grupo parlamentario, la funcionaria reiteró su compromiso para trabajar en la consolidación de los cimientos legales que permitan seguir con la labor en materia de seguridad y protección ciudadana.

En este sentido, mencionó que un asunto relevante es la Reforma Constitucional para transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, dijo que un tema pendiente que sería importante incorporar a la agenda legislativa es la revisión de recursos que se encuentran en cuentas bancarias congeladas propiedad de integrantes del crimen organizado, para que sean utilizados para el equipamientos de policías del país.

«Respetuosamente les pido revisar el destino de las cuentas bancarias incautadas al crimen. ¿Qué les parece utilizar los recursos que están congelados procedentes de narcotraficantes, criminales, secuestradores y extorsionadores para el equipamiento de nuestros policías de todo el país?», expresó.

«Es momento de pensar nuevos esquemas para el aprovechamiento de estos recursos para el beneficio colectivo. Para este tema sin duda se requiere revisar el marco legal que permita la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Hacienda, las instituciones del sistema bancario y demás instancias involucradas a fin de contar con el mecanismo legal para el aprovechamiento social de estos recursos», añadió.

Rosa Icela destacó que otro de los temas a señalar son los ajustes al marco legal para proteger la seguridad y desarrollo de niñas, niños y adolescentes, por lo que propuso realizar reformas en materia penal para tipificar la venta a menores de edad de videojuegos que realicen apología de la violencia y el delito, así como de aquellos que tengan contenido sobre consumo de drogas.

También recordó que existe un vacío legal en la protección de menores de edad víctimas del reclutamiento forzado a través de las redes sociales, plataformas digitales e incluso a través de los videojuegos.

«En este tema ustedes nos pueden ayudar a crear herramientas legales que faciliten las investigaciones que se realizan desde la policía cibernética y que este tipo de conductas se castiguen y que no quede en la impunidad el daño que estos criminales realizan a la niñez mexicana. Porque retornar a la paz requiere también que las niñas, niños y adolescentes hagan uso de la tecnología en ambientes seguros», subrayó.

La titular de la SSPC consideró que se deben endurecer las sanciones para quienes almacenen, distribuyan o comercialicen contenido digital relacionado con la pornografía infantil.

Además, Rosa Icela Rofríguez enfatizó en la necesidad de devolver al Ejecutivo federal y a los estados la facultad de autorizar los traslados de personas privadas de la libertad de centros locales a centros federales penitenciarios.

En la misma línea, expuso una iniciativa para que los gobiernos de los Estados destinen recursos para la compra de productos elaborados por estas personas dentro de estos centros penitenciarios.

«Estos son algunas propuestas que sometemos a su consideración y que de llevarse a cabo nos proveerían de mejores herramientas legales para fortalecer la estrategia de construcción de paz del Gobierno de México».

La funcionaria destacó las bases de la transformación en el país y detalló que en los tres años de este Gobierno se han detenido a dos mil 700 criminales relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 940 eran objetivos prioritarios.