Guadalajara: Impune, la transa de las patrullas

–Pese a que un juez ordenó suspender la licitación, por amañada, para comprar 290 patrullas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, el Alcalde Pablo Lemus, en abierto desacato a la autoridad judicial, dijo que la operación se realizará porque se trata de un acto consumado, no obstante que las unidades, adquiridas en arrendamiento, se pagarán entre 2022 y 2024 con sobreprecio de casi 300 millones de pesos, un negocio a la vista de todos los tapatíos.

La licitación para la compra de 290 patrullas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza Pablo Lemus Navarro, se convirtió en un verdadero vodevil.

Las irregularidades cometidas pusieron en evidencia una presunta transa de Lemus y su séquito, y son tan contundentes, que sirvieron de base para que una de las empresas perdedoras interpusiera un recurso legal ante un tribunal de alzada que otorgó un fallo a favor al solicitarle al Ayuntamiento tapatío suspender la licitación hasta en tanto se subsanen los vicios y fallas de la licitación pública LNP 010/2021.

De acuerdo con las denuncias, interpuestas por el bloque de regidores de morena, en la licitación referida existen no sólo “anomalías e irregularidades” sino un evidente “conflicto de interés”, pues en su denuncia los ediles exponen, entre otros argumentos, que con el manejo de “los tiempos entre la junta de aclaraciones, efectuada el 13 de diciembre de 2021, y la apertura de proposiciones, celebrada el 16 de ese mismo mes, se violó el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Compas Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la que estipula que entre la junta y las proposiciones deben transcurrir tres días naturales. Lo que dicta la ley no se cumplió.

El bloque de regidores, encabezado por Carlos Lomelí Bolaños, también sostiene en su denuncia ante la encargada del despacho de la contraloría ciudadana, a cargo de Ruth Isela Castañeda Ávila, que en la sesión del comité de adquisiciones, celebrada el 20 de diciembre de 2021, se hizo mención de una medida cautelar, así como de una suspensión emitida por parte de la Sala Unitaria y de la Sala Superior del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco.

En este caso, los ediles argumentan que el oficio IV-4524/2021 prevalece sobre otro documento sólo de forma discursiva pero sin dejar en claro de forma contundente que no existe alguna imposibilidad jurídica para continuar con el proceso de licitación.

Aquí empezaron a surgir las evidencias respecto de cómo el Ayuntamiento de Guadalajara, a través de Rafael Martínez, excuñado del Gobernador Enrique Alfaro, ha echado mano de todas sus influencias para sacar adelante la licitación y favorecer a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V., la cual resultó ganadora del concurso con la propuesta más alta –más de 792 millones de pesos – frente a la propuesta más baja que fue de casi 300 millones menos, de lo que se desprende, según las denuncias, que existe un sobreprecio multimillonario hasta ahora no aclarado fehacientemente por el Alcalde Pablo Lemus.

Como antecedente, cabe mencionar que ésta no es la primera vez que Pablo Lemus –uno de los fuertes aspirantes a la gubernatura de Jalisco, pieza clave del equipo del gobernador Enrique Alfaro –realiza este tipo de maniobras y aprovecha las influencias de Rafael Martínez en el Poder Judicial.

Un dato: El actual Alcalde de Guadalajara fue presidente municipal de la ciudad de Zapopan en dos ocasiones; según consta públicamente, efectuó licitaciones para la compra de patrullas en las que, como ahora, resultó ganadora la empresa Integradora de Apoyo Municipal, S.A de C.V., una de sus preferidas, entre los años 2016 a 2018, por un monto superior a los 293 millones de pesos. En aquel momento se compraron 325 vehículos: 248 Pick Up de doble cabina, con características similares a las que se pretenden compran para Guadalajara; quince unidades de emergencia, sesenta motos, entre otros vehículos.

En el caso de Guadalajara, la licitación amañada ya atrajo reflectores locales y nacionales no sólo por las presuntas irregularidades sino porque un juzgado de Distrito ordenó la suspensión de dicho concurso, por estar viciado de origen, lo que pone en evidencia una suerte de “quiebra jurídica” al Ayuntamiento que encabeza Lemus.

Una fuente consultada dentro del Ayuntamiento de Guadalajara, que conoce los pormenores legales, sostiene en entrevista:

–Le explico: Dentro de un juicio de amparo, las autoridades responsables deben rendir un informe sobre los actos reclamados, en este caso, el acto reclamado es el desacato al incumplir una orden del Tribunal Local de Justicia Administrativa que indica que detengan provisionalmente la licitación de patrullas que se resuelva el juicio de nulidad que interpuso una de las empresas afectadas. Al respecto, el Ayuntamiento debe informar si es cierto o no; se debe precisar que no hay discusión sobre si se detuvo o no la licitación porque es público que el fallo lo otorgaron después de recibir la notificación de la medida cautelar.

–Ante la suspensión de la licitación, ordenada por una autoridad judicial, qué debe hacer el Ayuntamiento? –se le pregunta a la fuente referida.

–El municipio tiene tres opciones: Negar el acto; Reconocerlo u ofrecer una resolución manipulada de la Superior o, en su caso, ser omiso al responder. Si lo niega, mentiría porque es evidente que mentir ante un juez federal es delito penal. Si ofrece como estrategia de delinde la resolución manipulada de la Sala Superior, donde se resolvió sin tener el expediente del caso, incurrirían en fraude procesal, otro delito. Y si son omisos y no responden nada, se daría por sentado el acto, el desacato, en este caso, lo que constituye delito penal.

–Entonces qué ruta seguiría el caso desde lo legal? –se le inquiere a la fuente municipal.

–Lo que hagan, respondan u omitan, considero que este asunto terminará formando parte de una carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Esto colocaría el caso lejos de las manos del operador político y jurídico, Rafael Martínez, el cuñado del gobernador, y ahora sí las autoridades federales tendrían la gran oportunidad de regresarle la esperanza a los jaliscienses de que la justicia es para todos y no sólo para los amigos (y cómplices) de Enrique Alfaro.

A pesar de que un juez en Materias Administrativas, Civil y del Trabajo ordenó que se suspenda la licitación respecto del arrendamiento de patrullas en el municipio de Guadalajara, el alcalde Pablo Lemus aseguró que no se va a detener el proceso. Su expresión evidencia un abierto desacato a la autoridad judicial en Jalisco, al afirmar que no acatará el fallo para suspender el arrendamiento de patrullas.

“El proceso para tener 763 unidades nuevas en Guadalajara –dijo Lemus –no se detiene, es más, tenemos ya la primera entrega programada para la próxima semana. Todo va en ruta, simplemente se le informará al juez que el proceso ha sido concluido, contratado, pagado y por lo tanto no hay forma de revertir absolutamente nada”.

En otros puntos, el alcalde de Guadalajara asegura que lo que solicita el juez –la suspensión de la adquisición de patrullas –para la compra de patrullas es un acto consumado porque los contratos ya fueron adjudicados, pagados e incluso la próxima semana se entregan las primeras patrullas.

Sin embargo, la adquisición de las patrullas, de acuerdo con las bases de la licitación, no serían pagadas por adelantado sino mediante el esquema de arrendamiento, entre el mes de enero de 2022 y el 30 de junio de 2024, lo que indica, a juicio de las fuentes consultadas, que para nada constituye un acto consumado.

En este caso, Pablo Lemus –el más fuerte aspirante a la gubernatura de Jalisco –vuelve a dar muestras de autoritarismo, evidenciando, una vez más, que en esa entidad el poder político está por encima del Judicial. Y no sólo eso: también queda en evidencia que la corrupción con apego a la ley es un recurso bastante socorrido por la pandilla en el poder.