La reforma de Zaldívar no llega al hueso duro: transparencia y supervisión externa

Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que, si bien son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, aún hay retos y pendientes, entre ellos, establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Federación.

Ciudad de México, 18 de enero (SinEmbargo).– La limpia dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF) que ha encabezado el Ministro Presidente, Arturo Zaldívar, enfrenta aún retos importantes, sobre todo en materia de transparencia, participación ciudadana y en la creación de organismos de supervisión para las actuaciones de los jueces, magistrados y del personal de las unidades administrativas.

Zaldívar asumió como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en enero de 2019 con la bandera de acabar con la corrupción en uno de los poderes que ha arrastrado con la falta de confianza de la ciudadanía. Por ejemplo, la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública refiere que 68.4 por ciento de la población mexicana adulta considera que los jueces —sin diferenciar a los federales de los locales— son corruptos.

El propio Ministro Presidente hace más de un año y medio —cuando anunció su cruzada— dijo que “quien diga que en tribunales no hay corrupción, miente descaradamente”. Ahora el también titular del Poder Judicial de la Federación llega a su tercer año de gestión asegurando que dentro de ese Poder “ya no hay corrupción tolerada, ni institucionalizada”.

No obstante, especialistas consultados por SinEmbargo destacaron que, si bien es difícil evaluar los avances en materia de combate a la corrupción y a pesar de ser notorios los esfuerzos que ha emprendido la actual administración en la materia, el combatir las mafias, corrupción, malas prácticas y trasformar al Poder Judicial es una tarea complicada con varios pendientes.

«Hay muchas cosas que se pueden hacer por parte del Consejo de la Judicatura Federal que preside el Ministro Presidente. Creo que es muy importante que se abata la corrupción, pero aún faltan muchas cosas, como crear más órganos de supervisión; crear comisiones que vigilen las actuaciones y también se requiere más de la participación de la población”, destacó el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM.

Luis Fernando Villanueva, coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres, señaló a su vez que uno de los avances y aspectos a favor del Ministro Presidente Arturo Zaldívar ha sido el discurso político sobre el combate a la corrupción y la Reforma al Poder Judicial. No obstante, destacó que, si bien la transformación es trascendental, es necesario que ésta vaya de la mano de la población y ahí es donde faltó incluir ejercicios de parlamento abierto y participación de la sociedad civil.

“El Poder Judicial dentro de su transformación necesita quitarse sus mantos de divinidad —por decirlo de alguna manera— de majestuosidad, y abrirse a la participación ciudadana. Sí, (la administración de Zaldívar) es una gestión que va a la vanguardia en derechos humanos y transparencia, pero creo eso que no va a funcionar si no va de la mano con la sociedad civil y la ciudadanía, y ahí es donde tiene que haber un cambio en la gestión del Ministro Presidente”, expresó el especialista.

CORRUPCIÓN Y NEPOTISMO

Como parte de la política de combate a la corrupción desde el ámbito penal, la Corte informó que el año anterior se judicializaron cuatro carpetas de investigación que se iniciaron en contra de dos actuarios judiciales y un exchofer de un funcionario público y un exoficial administrativo; así como también se dictó auto de apertura a juicio en contra de un Magistrado de Circuito que no reportó ni aclaró en sus movimientos financieros las inconsistencias en su evolución patrimonial.

De acuerdo con datos del Tercer informe de actividades, en el 2021 se sancionaron a 55 a servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales, entre ellos, a tres magistradas; ocho magistrados de Circuito; 15 jueces de Distrito, y tres secretarios de Tribunal.

Entre las acciones sancionatorias que destaca la Corte, a través del Consejo de la Judicatura, se encuentra la destitución de un Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio por hechos de hostigamiento sexual; así como la destitución del Magistrado de Circuito, Carlos Loranca Muñoz, quien además fue inhabilitado por 15 años porque no reportó en sus declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 cerca de seis millones de pesos producto de diversas operaciones. El exmagistrado, quien es vinculado a Othón ‘Cachetes’ Muñoz Bravo, quien es un líder ‘huachicolero’, fue destituido en febrero del año pasado.

Otra de las sanciones que destacó el PJF como parte del combate a la corrupción y nepotismo fue la inhabilitación por un año de una Secretaria de Juzgado en funciones de Jueza por actos de nepotismo, ya que nombró a su hija como secretaria. Se trata de Rosa María Sánchez Baltazar, quien era secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en Naucalpan, Estado de México.

Además, con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa, la Contraloría del Poder Judicial de la Federación sancionó a 182 servidoras y servidores públicos, de las cuales, 80 fueron apercibimientos privados, cuatro amonestaciones privadas, 80 amonestaciones públicas, 12 suspensiones, seis inhabilitaciones y tres sanciones económicas.

En tanto que de los procedimientos de responsabilidad administrativa resueltos por el Pleno o por el Ministro Presidente, se impusieron 13 sanciones: 7 amonestaciones públicas, 2 amonestaciones privadas y 4 apercibimientos públicos, según detalla el informe de la Corte.

En cuanto al nepotismo, la SCJN dio cuenta que las al menos 183 readscripciones —cambios de jueces o juezas del área de adscripción— realizadas en la gestión de Zaldívar son muestras “de la problemática del fenómeno y del éxito que se ha logrado en el combate al nepotismo”, ya que de esos al menos 23 casos fueron de titulares que se readscribieron el año pasado porque tenían familiares dentro del mismo órgano jurisdiccional.

Otros 19 titulares fueron readscritos por los esquemas de contratación o relaciones familiares que mantenían con otras u otros servidores públicos del circuito donde anteriormente se desempeñaban. El Poder Judicial también destacó la implementación de un padrón electrónico de relaciones familiares.

LOS PROS Y CONTRAS DE LA LIMPIA

Expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que son notables los esfuerzos para transformar el Poder Judicial, pero que entre los pendientes está el de establecer mecanismos que permitan la participación ciudadana en la vigilancia, designación y en los procesos disciplinarios a jueces y magistrados.

“El Poder Judicial deja de ser ciudadano cuando la población no participa en los procesos de transformación de la institución. [En el proyecto de Reforma Judicial] sí participó el Poder Legislativo, si se presumió que fue con el Poder Ejecutivo, ¿pero dónde está la ciudadanía? Entonces, sí es importante que en el discurso político se pongan en estos temas, (combate a la corrupción), pero siempre que esté ausente la sociedad civil y la ciudadanía estamos fallando en construir un Poder Judicial o una justicia ciudadana”, reiteró Luis Fernando Villanueva, el coordinador del Área Legal de Equis Justicia para las Mujeres.

“Falta que el (Ministro) Presidente participe más en los eventos de escucha de la sociedad civil, es decir, mesas de trabajo. También faltan ejercicios como observatorios de sentencias”, dijo.

Villanueva también destacó la ausencia de mecanismos disciplinarios y de acciones dentro del Poder Judicial Federal.

“Hay quejas entre el Consejo de la Judicatura, hay sanciones, pero mecanismos accesibles a la ciudadanía o mecanismos disponibles para la ciudadanía no hay […] Hay que revisar qué cambios de fondo necesite el Consejo de la Judicatura para poder evaluar la transparencia de todas y todos sus juzgadores”, ejemplificó.

Y añadió: «No solamente es crear mecanismos que favorezcan a la acción, sino crear mecanismos que permitan la participación ciudadana. La ciudadanía debe tener la oportunidad de impugnar nombramientos de juezas y jueces a través de sus resoluciones”.

En materia de transparencia y justicia abierta comentó que, aunque también hay avances, por ejemplo, que ahora tanto el Poder Judicial de la Federación y los poderes estatales están obligados a publicar las sentencias y acuerdos, por otra parte, aún faltan mecanismos de vigilancia y evaluación de los integrantes del Poder Judicial que no cumplan con las exigencias de rendición de cuentas.

“El Poder Judicial de la Federación incluido el Tribunal Electoral publica la mayoría de sus sentencias, lo hacen con versiones públicas, ¿pero qué pasa con aquellas juezas y jueces que no lo hagan? ¿Cuáles son esos mecanismos disciplinarios? Ahí nos falta materializar la transparencia”, señaló.

En materia de impartición de justicia con perspectiva de género, el abogado de Equis Justicia indicó que sí se han realizado acciones e implementado herramientas para juzgar con perspectiva de género. Al respecto aplaudió que este año la SCJN actualizó y sacó una nueva versión del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género —implementado desde 2012—, sin embargo, dijo que aún no se logra la meta al 100 por ciento.

“Mientras sigamos encontrando sentencias que discriminan y que se basan en estereotipos, es porque nos siguen faltando pasos para la justicia con perspectiva de género y derechos humanos”.

Por su parte, el doctor Manuel Plata García, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, coincidió con Villanueva, pues señaló que la gestión de Zaldívar en cuanto al combate a la corrupción “ha sido loable”, pero destacó que erradicar la mala praxis no sólo es asunto del Poder Judicial, sino que deben ser partícipes los otros poderes, los otros órganos del poder público y la ciudadanía.

“Pienso que el largo camino para combatir la corrupción se ha iniciado por el Ministro presidente Zaldívar, sin embargo, creo que falta un buen trecho para lograr tan ansiada pretensión en pro de la administración de Justicia” detalló.