Entre los tres hombres detenidos durante el operativo, está uno de los objetivos criminales de la FGR y la Comisión Presidencial del Caso Iguala.
Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Un hombre ligado con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, fue detenido junto a dos personas más este sábado por fuerzas federales y locales, informó en un comunicado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
Se trata de Mateo “N”, detallaron las autoridades, quien tiene orden de aprehensión. «Lo anterior fue resultado de los trabajos de la Comisión Presidencial del Caso Iguala y la Fiscalía del Caso Iguala – FGR, la cual da prioridad a objetivos criminales que participaron en la desaparición de los estudiantes», indicaron.
«El objetivo criminal Mateo ‘N’ se encuentra dentro de la orden de aprehensión federal por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por los hechos referidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014», agregaron.
Durante la madrugada de este sábado, con base en información de inteligencia y una llamada al 911, se alertó sobre la presencia de personas armadas en la colonia Los Doctores de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el sur de México, hecho que derivó en la detección de tres hombres que se trasladaban en dos vehículos con armamento de «alto poder».
Inteligencia y acción coordinada entre #SSPC, @SEDENAmx, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx, @CONASE_mx y Secretaría de Seguridad Pública de #Guerrero logra detención de tres individuos en #Iguala.
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— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) January 15, 2022
El operativo, explicó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue por la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, con apoyo de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena); de Marina (Semar); la misma SSPC, así como Guardia Nacional (GN) y Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).
«Dichas personas fueron puestas a disposición de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo para los efectos legales correspondientes», señala el comunicado.
A siete años de la desaparición de los estudiantes, se han presentado distintas claves en la evolución del caso, desde la “verdad histórica” de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) hasta la identificación de tres de los normalistas desaparecidos de manera forzada, así como la instalación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, entre otros obstáculos encontrados.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador reabrió el caso en 2018 y con ello, las investigaciones tomaron un nuevo impulso con la creación de la Unidad Especial dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). Desde entonces se han ejecutado 40 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos del estado de Guerrero y de la PGR, policías federales y ministeriales e incluso un militar en retiro; sin embargo —según los abogados de los estudiantes—, aún es visible la reticencia para perseguir a los elementos del Ejército que estuvieron involucrados en el circuito de la desaparición.
Hace unos meses, López Obrador informó a los padres la solicitud que hizo para extraditar al principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel, mientras que las familias criticaron el desdén que perciben por parte de la Fiscalía y el Ejército para esclarecer lo sucedido.
El pasado mes de noviembre, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, acompañados de familiares directos de víctimas de desapariciones en el estado, denunciaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la connivencia de autoridades de los tres niveles de Gobierno con grupos delictivos, responsables de la desaparición de por lo menos cinco mil 300 personas en Guerrero.
Durante el encuentro en la Normal de Ayotzinapa, denunciaron que son las madres y parientes los que buscan a las víctimas, quienes además sufren persecución de criminales con respaldo de policías. También acusaron al Gobierno de negarse a investigar al Ejército en el caso de los 43, por lo que piden que recomendaron al Estado mexicano seguir las cuatro líneas de investigación que proponen para hallar a sus hijos.
El caso Ayotzinapa es emblemático en un país que atraviesa una severa crisis con más de 90 mil personas desaparecidas desde 1964, la inmensa mayoría posteriores a 2007, año del inicio de la guerra contra el narcotráfico.
