No sólo es Ocotequila, indígenas de 23 comunidades luchan por sus derechos políticos

Pese a que el derecho al voto de las las mujeres fue reconocido desde hace 68 años, en comunidades indígenas del país aún no es una realidad. Este mes, habitantes de Ocotequila, en Guerrero, exigieron por primera vez que les permitan ejercer sus derechos políticos y participar en una elección local, lo que podría marcar un precedente en la entidad para localidades con la misma problemática.

Ciudad de México, 15 de enero (SinEmbargo).– Mujeres indígenas de Ocotequila, Guerrero, buscan algo histórico: repetir la elección de la persona que las representará en la comisaría para que les permitan votar por primera vez. Pero ellas no son las únicas que no pueden ejercer sus derechos políticos.

En Guerrero hay al menos otras tres comunidades donde las mujeres sufren esta discriminación, un caso similar es el de Oaxaca, donde datos oficiales apuntan a que en 20 municipios no tienen derecho a votar, aunque la participación de las mujeres incrementó significativamente en los últimos años.

 «Somos las nuevas generaciones quienes tenemos esta inquietud, ya conocemos un poquito más nuestros derechos y queremos que se ejerzan en la comunidad, pues van avanzando muy poco a poco. Queremos también participar, queremos que tomen en cuenta lo que opinamos, nada más pedimos poder votar», dijo a SinEmbargo Antonia Ramírez Marcelino, habitante de Ocotequila y una de las mujeres que denunció desde el 2 de enero que ella y sus compañeras recibieron burlas cuando trataron de participar en la elección por la Comisaría, un derecho ganado por las mujeres y reconocido en la Constitución hace 68 años pero que aún no es una realidad en todo el país.

En comunidades como Ocotequila las mujeres que exigen sus derechos suelen ser estigmatizadas, reconoce en entrevista Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses. Antonia y sus compañeras, en su mayoría trabajadoras del hogar y campesinas, lo viven en carne propia, pues ahora temen ser agredidas por ir en contra del sistema de usos y costumbres de donde habitan.

«En el municipio hay mucha inseguridad, ha habido muchos homicidios. Entonces sí nos da miedo que nos vean como sus enemigas y que haya rencores, resentimientos con la misma comunidad, no queremos que nos digan que nosotras estamos dividiendo más, pero pues sí queremos que nos escuchen», denuncia.

La también Consejera electoral del Consejo local del INE ha identificado que en Guerrero las comunidades de Potoichán y Patlicha, ubicadas en el municipio de Copanatoyac, donde también está Ocotequila, así como Cahuatache, en la ciudad de Xalpatláhuac, aún no permiten que las mujeres voten para elegir a sus autoridades locales.

En el caso de Oaxaca, desde 2016 el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) informó que son 20 los municipios con comunidades gobernadas por usos y costumbres que no permiten el derecho de las mujeres a votar y ser votadas.

Sin embargo, los últimos datos del organismo publicados en 2019, cuando 413 municipios tuvieron votaciones bajo sus propios sistemas normativos, muestran avances en este tema ya que mil 571 mujeres fueron electas para ejercer cargos por periodos de uno a tres años. Además, 137 municipios optaron por cabildos paritarios, lo que representó el 33.4 por ciento de los que nombraron autoridades.

Ese mismo año también se registraron avances en Michoacán, donde mujeres de la comunidad indígena de Capacuaro ejercieron por primera vez en la historia su derecho al voto para la elección de Jefe de tenencia.

Ante los rezagos en distintos estados sobre la participación de mujeres indígenas en los procesos políticos, organizaciones civiles han denunciado en informes ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) que en México siguen sin ser tratadas como sujetas de derecho porque no se fomenta su participación en espacios de representación y toma de decisiones.

Como se observa con las restricciones en distintas comunidades, aunque el derecho de las mexicanas a votar y ser electas fue reconocido en la Constitución desde 1953 y dos años después acudieron por primera vez a las urnas en las elecciones federales, las mujeres siguen sin gozar de total autonomía para realizar actividades políticas.

En México se estima que tres de cada 10 mujeres avisan o piden permiso a su esposo o pareja para decidir por quién votar, de acuerdo con datos analizados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados en el estudio “Mujeres y Elecciones” (2012).

A ello se suma que datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010 apuntan que todavía 8.7 por ciento de las mexicanas de 18 a 29 años piden permiso o avisan a su esposo, pareja o algún familiar para decidir por quién votar, mientras que en la misma condición están 6.3 por ciento de las de 30 a 59 años.

Por ello, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación considera que la subordinación en la que se encuentran muchas mujeres «las coloca en situación de desventaja y vulnerabilidad».

OCOTEQUILA: UN PARTEAGÜAS

Desde el 6 de enero, un grupo de nueve mujeres, entre ellas campesinas, trabajadoras en la iglesia y que se dedican al cuidado del hogar, presentaron un juicio electoral ciudadano ante el Ayuntamiento Municipal de Copanatoyac que encabeza el priista Eleuterio Reyes Calleja para impugnar la elección y exigir que se repita para que así ellas puedan participar. Esta semana se cumple el plazo que tiene la autoridad electoral para remitir al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el caso.

Aunque tanto Antonia Ramírez como Muriel Salinas, quien desde la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses acompaña legalmente el caso, confían en obtener un fallo a favor, también exigen que éste sea el principio de una serie de capacitaciones y trabajos de sensibilización en la comunidad para garantizar los derechos político de las mujeres y avanzar a que ocupen cargos de representación.

“Ahorita nada más pedimos votar, todavía ni siquiera hemos manifestado que una de nosotras sea postulante para comisaria, porque también eso falta, eso sería otro proceso de sensibilizar a las personas de la comunidad para que puedan reconocer que tenemos los mismos derechos que los hombres, por eso que podamos votar es un primer paso“, expuso Antonia, quien también es cofundura del sitio web Jale Noticias.

El que las mujeres de Ocotequila se presentaran a inicios de año en las elecciones para la Comisaría —un cargo honorario que se renueva año con año— no fue un proceso sencillo. De acuerdo con Antonia, la inquietud de las mujeres creció desde hace al menos tres años, pues luego de pláticas varias de ellas coincidieron que al no participar ni en las votaciones ni en las asambleas su opinión no es considerada para la toma de decisiones que las afectan, como en iniciativas para mejorar servicios como el agua o los caminos.

“Queremos que se nos tome en cuenta para que también vayamos a las reuniones y nos pregunten cuáles son nuestras necesidades como mujeres”, insistió.

Pese a recibir burlas y comentarios de hombres de la comunidad, quienes las acusan por no tener «quien las controle», las mujeres insisten en sus demandas porque buscan «mejores oportunidades para la localidad de la que también somos parte».

Por su parte, Muriel Salinas enfatizó que las autoridades estatales deben garantizar la seguridad de quienes se atrevieron a denunciar, pues insistió en que al cuestionar las violaciones a sus derechos humanos ahora podrían enfrentarse a que dentro de la comunidad se  les estigmatice como personas conflictivas.

“Vamos a hacer un llamado muy atento al Gobierno del estado, al Gobierno municipal  y a la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos para que vigilen que en este proceso de elección de candidatura de comisarías haya seguridad y se garantice la plena participación de las mujeres y de los hombres para elegir el cargo. No se garantizará este derecho solo con un fallo favorable, sino que se tienen que adoptar medidas para proteger a las mujeres, a las denunciantes y a todas las ciudadanas”, mencionó.

La activista recordó que el derecho de pueblos y comunidades indígenas a la libre autodeterminación, reconocido en el artículo 2 de la Constitución mexicana, no puede estar por encima de los derechos humanos de las mujeres ni en Ocotequila u otras comunidades de Guerrero.

“Ocotequila no es un caso aislado, hay una gran cantidad de comunidades e indígenas de de la montaña,de la Costa Chica y de la Costa Grande de Guerrero y de la zona centro que también padecen este tipo de problemáticas en donde las mujeres no tienen acceso al ejercicio pleno de sus derechos políticos, no como el derecho al voto o como el derecho a ser electas”, agregó.