Guadalajara: El negociazo de las patrullas

En el municipio de Guadalajara, que encabeza Pablo Lemus Navarro, ha estallado una denuncia por posible acto de corrupción, que ya alcanzó niveles de escándalo, por la licitación para la adquisición de 290 patrullas y equipo de seguridad que, de acuerdo con las denuncias y documentos consultados, esconde un posible negocio multimillonario con el sobreprecio de las unidades.

La maniobra -en la que están confabulados varios funcionarios municipales, entre otros, Rafael Martínez, cuñado del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, responsable del área jurídica del Ayuntamiento y a quien se le señala de operar con enorme influyentismo en el Poder Judicial- inició con el lanzamiento de la licitación pública LPN 010/2021, el pasado 7 de diciembre, por parte del Comité de Adquisiciones.

El objetivo de la convocatoria era la adquisición de 290 camionetas de doble cabina, motor 3.3 y 3.6 L V6, modelo 2022, “equipadas con barreras, torretas, roll bar, banca central, GPS, pintadas y rotuladas”. El contrato debería incluir “mantenimiento correctivo y preventivo en las unidades, así como dos cambios de llantas por unidad durante la vigencia del contrato, que comprendería del 10 de enero de 2022 al 30 de junio de 2024.

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En el concurso participaron cuatro empresas: Forza Arrendadora Automotriz S.A de C.V., Micro Credit S.A.P.I. de C.V. Sofom ENR, Casanova Vallejos S.A. de C.V. e Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V.

El 16 de diciembre de 2021, se llevó a cabo el registro y acto de presentación de propuestas técnicas. Las tres primeras compañías fueron descalificadas por “insolventes técnicamente”.

En el fallo de adjudicación se explica que la empresa Forza Arrendodadora Automotriz S.A. de C.V. “se califica como no solvente técnicamente. Lo anterior debido a que incumplió con los requisitos mínimos solicitados en cuanto a la sirena con controlador de mando y mini torreta 1”.

El mismo argumento de “insolvencia técnicamente” se aplicó a las compañías Micro Crédit S.A.P.I. de C.V. Sofom ENR en cuanto a detalles como la doble cabina de la camioneta y en el rubro de cero emisiones. Y de igual forma fue descalificada Sacasona Valejo S.A de C.V.

El fallo, sin embargo, favoreció a la empresa Integradora de Apoyo Municipal S.A de C.V., pese a que hizo la propuesta más alta: 786 millones de pesos, es decir, 300 millones más caro que las propuestas de las anteriores empresas.

Este hecho derivó en serias denuncias que ponen en evidencia la presunta corrupción del Alcalde Pablo Lemus, de quien se afirma que cuando fue presidente municipal del municipio de Zapopan realizó la misma operación con patrullas haciendo ganar el concurso a la misma compañía que ahora resultó ganadora de la licitación.

El caso, como se dijo, alcanzó niveles de escándalo. El bloque de regidores de MORENA –Carlos Lomelí Bolaños, María Candelaria Ochoa, Mariana Fernández y Salvador Hernández Navarro –presentaron una denuncia de hechos ante la Contraloría Ciudadana, a cargo de Ruth Isela Castañeda Ávila para que que se investigue este presunto acto de corrupción.

En el punto cuatro de la denuncia, en poder de este reportero, los regidores exponen:

“Es evidente que en la licitación antes mencionada se registran una serie de anomalías e irregularidades en sus procesos, además del posible conflicto de intereses, tales como los tiempos entre la junta de aclaraciones que se llevó a cabo el 13 de diciembre de 2021 a las 12:00 horas y la apertura de proposiciones celebrada el 16 de diciembre del mismo año a las 11:00 horas, incumpliendo con el artículo 63 fracción IV de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, la cual estipula que deben pasar entre la junta y las proposiciones tres días naturales”.

Y añade:

“En la sesión del comité de adquisiciones del 20 de diciembre de 2021 se hace mención de una medida cautelar, así como de una suspensión, de la sala unitaria y de la sala superior del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco. Se argumenta que el oficio IV-4524/21 prevalece sobre otro documento, sólo de forma discursiva pero sin dejar claro de forma contundente que no existe alguna imposibilidad jurídica para continuar con el proceso de licitación”.

Ante las evidentes irregularidades en la licitación, para favorecer a la empresa ganadora que presuntamente está coludida con los funcionarios municipales, el bloque de regidores de MORENA pide “se de inicio a una investigación de todos los involucrados en el fallo de adjudicación de la licitación pública nacional No. 010/2021 y, a su vez, se investigue los posibles conflictos de intereses con la empresa que resulta ganadora de la licitación”. Y exige: “Se ordena a las autoridades competentes iniciar con las investigaciones pertinentes y en su caso castigar a los implicados en las normativas pertinentes”.

De acuerdo con fuentes consultadas al interior del Ayuntamiento de Guadalajara, y con base en las declaraciones hechas por el regidor de MORENA, Carlos Lomelí, la licitación para adquirir las 290 patrullas está plagada de vicios, fallas e irregularidades con el objeto de favorecer a la empresa Integradora de Apoyo Municipal, S.A. de C.V., presuntamente vinculada al Alcalde Pablo Lemus.

Las fuentes consultadas sostienen que la licitación de 290 patrullas y equipo de seguridad fue manipulada para que sólo una empresa –la ganadora –reuniera los requisitos.

Entre otros puntos cuestionables está el requisito de que los dictámenes financieros estén firmados por empresas internacionales, una exigencia excesiva que prohíbe la Ley de Compras del estado de Jalisco; otro punto es que se limitaron a solicitar sólo patrullas V6, las cuales sólo la empresa Ford produce ese tipo de patrullas con esas características y, además, exigieron requisitos de equipamiento que sólo una marca tiene, lo cual limitó la participación del resto de las empresas y la oferta, actos prohibidos por la Ley de Compras.

Luego de esta polémica por los presuntos amaños de la licitación salió a flote el influyentismo de Rafael Martínez, el cuñado del Gobernador Enrique Alfaro.

Y es que el 14 de diciembre la convocatoria para la licitación fue impugnada por estar plagada de vicios, por lo que se procedió a interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en Jalisco.

El 15 de diciembre, la Sala Unitaria de dicho tribunal emitió una suspensión para efectos y pide que se detenga el proceso en tanto se resuelve la legalidad de las bases.

Un día después, el 16 de diciembre de 2021 el Ayuntamiento de Guadalajara fue notificado de la suspensión; en la demanda se hizo valer la urgencia y para mantener la materia del juicio la sala hizo valer días y horas inhábiles para la notificación.

El 21 de ese mismo mes fue emitido el fallo, violando la suspensión debidamente notificada. La empresa ganadora planteó un monto de 786 millones por las 290 patrullas, lo que dejó en evidencia un sobreprecio de 300 millones más caro, por encima de la propuesta más baja que fue de unos 400 millones en números redondos.

Con base en lo anterior, cada patrulla tendría un costo de 2 millones 700 mil pesos. Y sin blindaje.

Otro de los cuestionamientos que hicieron regidores del PAN fue que las patrullas son innecesarias. Dijeron: “Tenemos información de que hay 500 elementos para ese efecto, si salen de a dos elementos por patrulla y actualmente tenemos 420 vehículos para qué necesitamos 290 patrullas extras”.

Una de las empresas perdedoras –Forza Arrendadora Automotriz S.A de C.V. –interpuso un amparo después de ser descalificada. El amparo se ventila ante la justicia federal y exige que se haga valer la suspensión; también presentó ante el tribunal local una solicitud para que se decrete el desacato a la medida cautelar y se le de vista a la Fiscalía Estatal Anticorrupción “por el delito de abuso de autoridad en contra del Ayuntamiento”.

De acuerdo con las fuentes consultadas al interior del Ayuntamiento de Guadalajara, el operador de todas las decisiones tiene nombre y apellido: Se llama Rafael Martínez, cuñado del Gobernador Enrique Alfaro, señalado públicamente de encabezar una red de jueces y magistrados con los que suele hacer jugosos negocios con la justicia.

Una de las fuentes detalla cómo operó Rafael Martínez en el caso de las patrullas y el tamaño de influyentismo que ejerce en el Poder Judicial. Explicó:

“Existe un documento circulando en medios de comunicación, difundido por el propio director de comunicación social, el cual usan en su defensa. Dicho documento dice que la sala superior atrajo el juicio el día 15 de diciembre, negó la suspensión (de la licitación) y se lo notificó al Ayuntamiento.

“Del mismo documento se desprende lo siguiente: Resolvieron el caso sin tener el expediente en mano. Además, en una hora elaboraron el auto, los oficios de notificación y recorrieron 20 kilómetros que hay entre la sala superior y el palacio municipal de Guadalajara con tráfico de navidad, lo que materialmente es imposible. Lo más grave fue que el lunes 3 de enero la sala superior solicitó el expediente, lo cual confirma que el documento filtrado por los funcionarios es falso y fraudulento. Aquí está la mano de Rafael Martinez”.