Don Roberto, campesino de Zacatecas, lucha contra una mina del magnate mexicano

La minera Ocampo (Grupo Frisco), propiedad del magnate Carlos Slim, se apoderó del pueblo de Salaverna, al noroeste de Zacatecas. Desde hace una década busca extender su explotación de cobre a tajo abierto por lo que las autoridades locales desplazaron familias y destruyeron casas, escuela e iglesia. Don Roberto, el único que se resiste a dejar su hogar y entregar el pueblo a la destrucción ambiental, fue vinculado a proceso.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Don Roberto de la Rosa nació en Providencia, Zacatecas, ahora un pueblo fantasma sin agua por la actividad minera. Desde los sesenta huyó al semidesértico Salaverna, en Mazapil, al noroeste del estado. Ahí una mina del magnate Carlos Slim Helú explota cobre y Grupo Frisco planea convertirla a cielo abierto, por lo que desde 2016 se desplazó a los habitantes. Pero el ganadero se ha resistido porque prevée que pasará lo mismo que con su comunidad y con Peñasquito, a sólo 16 kilómetros.

«Mi pueblo Providencia está abandonado desde 1962 y también otras siete comunidades abajo que se quedaron sin agua. Se acabaron los ganados de chiva porque la mina abatió los mantos de agua. Está sucediendo lo mismo de aquellos años con Peñasquito (Goldcorp) y la de Salaverna. Se están acabando todos los manantiales que afloraban aquí y estamos en el semidesierto», planteó.

Hace unos días fue vinculado a proceso por presunta amenaza a tres trabajadores de la empresa filial Ocampo Mining. En abril de 2020, a inicios de la pandemia, don Beto tuvo un altercado con empleados de la minera, quienes se encontraban cercando la comunidad y electrificando el perímetro. El 3 de diciembre la Jueza Blanca Aguilar le dictó como medida cautelar no acercarse a ellos, lo que le imposibilita acceder a su casa ya agrietada. El 10 de febrero tiene una audiencia, por lo que podría ser encarcelado hasta cinco años.

«Uno de los ingenieros mide 1.90 metros, dicen que están traumados psicológicamente. ¿Usted cree que yo no tengo daños psicológicos viendo mi pueblo cómo está? Que la Jueza indague en el problema, estamos con la amenaza de que nos encierren por defender a nuestro pueblo de la minería a cielo abierto», afirmó.

Desde agosto el defensor está exiliado en un cabaña a solo dos kilómetros abajo de Salaverna porque la entrada está bloqueada con una cerca y dos casetas de vigilancia, y a su hijo las autoridades municipales le advirtieron que «algo le iba a pasar» si intentaba volver al poblado. A otro joven lo golpearon y a dos mujeres les dijeron que ya no fueran, según denunció. En una fotografía don Beto mostró a sus chivas.

«Todo acá para mí tiene su encanto, por eso la defensa», dijo nostálgico. En su cabaña improvisada sigue trabajando con sus chivas y en la milpa. «No lucho por mí, yo qué. Cuando estaba niño disfrutaba mucho ver los manantiales y las grandes huertas de fruta con pájaros. Ahora ya no hay huertas, todo está muerto [en Providencia]. Me ha tocado cómo han ido depredando todo, no quiero ser partícipe de eso; defiendo la vida».

En Mazapil, un municipio minero con 44 por ciento en pobreza (Coneval, 2020), operan desde hace una década dos grandes proyectos mineros: Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más importante de América Latina de la compañía canadiense Goldcorp —que ya secó pozos de agricultores y afectó el cultivo de miel— y Tayahua, la mina subterránea de cobre que opera desde 1972 y que adquirió Slim en 1998, cuyos planes de convertirla en una de cielo abierto «implica la destrucción» de la comunidad de Salaverna, evaluó el artículo académico «Dos conflictos mineros en Mazapil».

«Lo que para ellos es una bendición y bonanza, para nosotros es una maldición. La mina a cielo abierto es muy desastrosa, por Peñasquito ya no hay abejas, ya no hay agua potable alrededor», afirmó don Beto, quien lamentó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea amigo del empresario Carlos Slim, con quien desayunó a finales de año.

«Para nosotros no tiene nada de respetable por lo que nos ha hecho. Es como una guerra fría. Si quisiera buscar trabajo, no hallaría en ninguna parte», comentó sobre su lucha contra el empresario más rico del país.

EL DESALOJO CON VIOLACIONES

En la víspera navideña de 2016, sin orden judicial la policía estatal y ministerial de Zacatecas, gobernado entonces por Alejandro Tello, desalojó a habitantes de Salaverna. Trabajadores con dos maquinarias tipo bulldozer destruyeron la iglesia, escuela y la casa de la señora Teresa y su hija Leticia aún con muebles dentro, «vulnerando con ello la legalidad y seguridad jurídica», expuso la Comisión de Derechos Humanos estatal (CDHEZ/746/2016).

La población de Salaverna registraba 303 habitantes en 2010, año en que comenzó el conflicto. La mayoría era campesino o ganadero, y los otros laboraban en la mina. Pero tras el desalojo permanecían aproximadamente sólo 50 habitantes de cinco familias, entre ellas Don Roberto y su hijo Roberto Cuauhtémoc.

«Le regalaron de Navidad a Slim nuestro pueblo», evocó el chivero. «Nunca nos atendieron las denuncias».

El resto fue orillado a abandonar la comunidad y por 15 mil pesos aceptaron ser reubicados en un fraccionamiento vecino a la cabecera municipal denominado “Nuevo Salaverna”, sin escuela ni iglesia, el cual fue ofrecido en comodato por la minera Tayahua (Grupo Frisco), «hecho que se constituye como un evidente desplazamiento forzado», determinó la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Pero Don Beto no aceptó y, aunque su pueblo está en ruinas y con grietas por las detonaciones de la mina, no planea hacerlo. No por él, dijo, sino para evitar daños ambientales para la generación futura por la minería de cielo abierto que deja profundos tajos en el suelo y absorbe grandes cantidades de agua.

«Jamás agarré el dinero para que destruyan a mi pueblo y que envenenen la tierra, el aire y el agua», afirmó.

EL CONFLICTO POR TIERRAS

Desde hace una década la empresa de Carlos Slim planea convertir la mina en tajo abierto, pero el yacimiento está debajo de las casas de Salaverna. En esas mismas fechas, y en el marco de detonaciones internas, alegó que el lugar donde está asentado el poblado le pertenece legalmente y advirtió que existe un riesgo de hundimiento de suelo debido a «una falla geológica natural», por lo cual solicitó al gobierno local las medidas de desalojo.

Pero los habitantes de Salaverna argumentaron que son posesionarios desde “tiempos inmemorables”, pues nacieron ahí y atribuyen los hundimientos, como el de 2012 en el Cerro «El Farito», a diversas detonaciones y operación minera subterránea. Así consta la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos estatal.

«No fue casual. La gente, por medio al hundimiento y porque sus casas estaban estrelladas, se fue», dijo don Beto.

Es delegado municipal y encabeza el Comité de Posesionarios Salaverna, creado para exigir la certeza jurídica de los terrenos de la comunidad y probar que el polígono no pertenece a Grupo Frisco.

Con apoyo del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), los inconformes llevaron el caso a la Secretaría de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano (SEDATU) para la regularización de 4 mil 650 hectáreas. Ya en la reunión en las oficinas en la Ciudad de México, comenzó a temblar. Era el 19 de septiembre de 2017.

Entre el terremoto, las elecciones de 2018 y la pandemia, a más de diez años de haber estallado el conflicto, no avanza el cambio de uso de suelo de mina subterránea a cielo abierto, por lo que el proyecto de expansión se mantiene frenado.

«El Grupo minero Frisco ha intentado imponer su voluntad sobre la población con el apoyo de actores e instituciones gubernamentales», concluyó el artículo de los académicos.