Abusos y el temor a que el crimen reclute a internos persiste a un año de la matanza

Aunque en Guanajuato aumenta el número de anexos que opera con permisos estos siguen sin seguridad, en ellos se han reportado situaciones delictivas como abusos y acoso sexual, violencia e incluso algunos operan como casas de reclutamiento para cometer crímenes.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Guanajuato, 2 de enero (Zona Franca).– A un año y seis meses de la masacre en un anexo de Irapuato, Guanajuato, la regularización municipal de poco o nada sirvió para garantizar seguridad en los centros de rehabilitación de la entidad, donde los internos generalmente, son jóvenes con problemas de adicción al consumo del alcohol hasta drogas con mayor demanda como lo es el cristal, cuyas familias pueden pagar tratamientos que van desde 300 o hasta los poco más de mil pesos semanales.

El líder de la red estatal de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce dijo que los centros podrán contar con sus permisos expedidos por municipios, pero los focos rojos están latentes y no duda que la situación se le vuelva a salir de las manos a las autoridades.

«Ahorita nosotros en lo que nos hemos percatado es que hay centros de rehabilitación que cuentan con todos sus permisos, pero a veces los líderes es lo que luego andan haciendo cosas ilícitas y de ahí se derivan este tipo de ataques”, dijo.

Precisó que por semana reciben 15 quejas de otros centros ajenos a la red, contra líderes, encargados o también llamados padrinos que incurren en malas prácticas en los tratamientos e incluso situaciones delictivas como abuso y acoso sexual, violencia y anexos que operan como casas de reclutamiento, donde los jóvenes son usados para delinquir.

“Hacemos el llamado a las autoridades de que hagan una investigación a cada uno de los líderes de los centros. Trascienden denuncias por acoso sexual, denuncias de vecinos que señalan que traen a los chavos robando, algunos bebiendo”.

Pérez Ponce expuso que personal de Protección Civil y seguridad hacen el trabajo, al menos en Irapuato, pero se han deslindado de la responsabilidad de investigar a los padrinos al argumentar que esto le compete a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Es importante mantener la tranquilidad en estos lugares por lo que se ha vivido no solo en este centro, ha habido ataques que ya los medios no sacan a la luz. En León sacaron a otro chavo de un centro de rehabilitación, hacemos un llamado para tomen cartas en el asunto, porque esto se puede volver a salir de control”.

Tan solo en León se cometieron al menos seis homicidios relacionados con anexos:

-El 19 de enero, el encargado de un centro de rehabilitación, Marcelo  fue atacado a balazos en la colonia España.

-El 11 de abril, un interno fue asesinado en un anexo de la colonia Brisas del Pedregal.

-El 11 de junio, un interno de Irapuato con tan solo 26 años de edad fue asesinado a golpes, sus agresores, uno de ellos, trabajador del centro de rehabilitación ubicado en la colonia Héroes de León.

-El 21 de junio, un interno identificado como Efraín fue asesinado a golpes, después de ser esposado en un anexo de la colonia San Joaquín, su agresor fue detenido.

-El 3 de agosto, Manuel murió tras recibir varios golpes, sin embargo el encargado aseguró que con las lesiones había ingresado al anexo de la colonia Valle de San Bernardo.

-El 4 de agosto,  un hombre llamado Jesús fue asesinado a balazos cuando salió de su terapia en el anexo ubicado en el Barrio de San Miguel.

Cabe señalar que el 22 de junio Gabriel murió en un anexo del Barrio de San Miguel aparentemente a causa de un infarto, mientras que el 6 de abril, una mujer falleció al caer de la azotea, cuando supuestamente intentaba escapar de un centro de rehabilitación de la colonia León 1.

Apuntó que mientras en Salamanca tienen ubicados 60 centros de rehabilitación y prometieron apoyo para expedir permisos de uso de suelo, en Guanajuato, capital, ni siquiera han sido recibidos por el Alcalde, Alejandro Navarro.

Destacó que en Cuerámaro también han ocurrido hechos violentos en anexos, y aunque no mencionó a Celaya, en junio se registró un ataque armado en un anexo que dejó un muerto y un herido.

CRUB está conformado por 110 anexos que operan en diferentes municipios de la entidad, donde tratan a 7 mil internos, de los cuales el 40 por ciento tiene su permiso de uso de suelo, mientras que el resto sigue su trámite algunos con factibilidad.

LA SEGURIDAD EN LOS ANEXOS DE IRAPUATO: EL RETO

Hasta octubre del 2021 pareciera que el problema de los anexos hubiera quedado en el olvido y aunque las autoridades aseguraron continuar con las revisiones, las suspensiones y/o clausuras nunca subieron de cinco, entre éstos «Buscando el camino a mi rehabilitación» que reabrió sus puertas y otro centro de la comunidad La Calera, donde un interno fue asesinado a golpes derivado de una riña.

Las cifras nunca fueron claras, pues se decía que operaban 36 anexos con permiso o en trámite y otras veces se declaró que eran 26.

Y es que con 43 víctimas de homicidio doloso, entre quienes estaban 27 internos del anexo «Buscando el camino a mi recuperación», 10 heridos de bala y por lo menos cuatro personas desaparecidas, la situación hasta julio del 2020 obligó al Municipio a regularizar con licencias de uso de suelo y revisiones los centros de rehabilitación.

A partir del cambio de Administración, desde noviembre y hasta los primeras semanas de diciembre mediante el operativo «anexo seguro» las autoridades encabezaron la revisión en alrededor de 18 anexos, de los cuales 7 se suspendieron y 3 se clausuraron.

Las principales causas: carecer de permiso de uso de suelo, observaciones hechas por protección civil, detectar internos menores de edad y espacios reducidos sin capacidad para el número de internos.

Zona Franca solicitó una entrevista con el Secretario de Seguridad, pero no hubo respuesta.

SON REVISIONES PROFESIONALES, PERO FALTA MUCHO

Para Eduardo Padilla del centro de rehabilitación «Rescatando Ángeles» después de los atentados contra anexos, el Municipio volteó a verlo, pero consideró que hace falta mucho, sobre todo revisiones minuciosas.

“Solo se estaba verificando que los centros cumplieran con la licencia de uso de suelo y la demanda de no trabajar con menores edad, hay incongruencia porque la Ley permite que los centro trabajen con menores, siempre y cuando haya espacios específicos, siguen trabajando, son revisiones profesionales pero falta mucho para llamarla una revisión minuciosa”.

Apuntó que hubo anexos que optaron por ejecutar acciones poco adecuadas como sacar internos y llevarlos a otros lugares, para cumplir con las especificaciones de la revisión.

Sobre la seguridad, destacó que trabajan con medidas preventivas para evitar atentados como un registro de los internos, que sean generalmente recomendados y dispuestos a cumplir con el tratamiento.

“Esto es lo que nos hace sentir más seguridad, que tengamos usuarios que busquen la ayuda, salir de las drogas y no buscan la oportunidad de esconderse por algún delito que hayan cometido, estamos trabajando de la mano con el Ministerio Público, con Gobierno Municipal y el Estado que nos ayuda en proyectos para apertura a la seguridad que debemos tener los centros”.

CRUB IRAPUATO A FAVOR DE REVISIONES

El representante de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB) en Irapuato, Guillermo Guerrero dijo que de los 26 centros de rehabilitación de la red, 8 tienen permiso de uso de suelo, mientras que unos cuentan con su factibilidad y otros están en proceso, es el caso de «Amo la vida» anexo que tiene dos años y medio y cuenta con 25 jóvenes en tratamiento basado en lo que llamaron: ayuda mutua.

“Tenemos un médico de cabecera que los checa, y psicólogo, consejeros en adicciones. Cuando entran pasan a un área de enfermería, donde vienen mal y se les tranquiliza, si vienen drogados no los pueden juntar; después de dos días se incorpora a los muchachos, el tratamiento dura cuatro meses”, refiere el encargado.

Sin embargo, Guillermo también consideró que las revisiones que actualmente se hacen en los anexos con el despliegue de operativos eran necesarias, aunque haya implicado sellos de suspensión a uno de los centros que representan.

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