VIDEO: Madre pide a Caro Quintero y a los Salazar que la dejen buscar a sus hijos

La fundadora del colectivo levantó la voz para pedir a los líderes de cárteles que no les arrebaten la vida a las buscadoras y les permitan seguir con sus labores para dar con el paradero de los desaparecidos, pues no planean hallar culpables sino paz.

Ciudad de México, 2 de enero (SinEmbargo/EFE).- Cecilia Patricia Flores Armenta, líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, pidió este domingo a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que les permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos aunque no haya justicia ni culpables.

A través de un video compartido en redes sociales, Ceci Patricia Flores Armenta destacó estar en la necesidad de comunicarse con los líderes delictivos para pedirle que no desaparezcan ni maten a las buscadoras, pues no están en búsqueda de culpables, solamente quieren regresar a casa a sus hijos.

«Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos. Por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida», expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.

Asimismo destacó que en el camino de su búsqueda se ha encontrado con varias madres que sufren por la ausencia de sus hijos y que intentan seguir luchando para dar con ellos.

Por esa razón, afirmó que quiere regresar a Sonora, junto con su familia, para continuar con las labores de búsqueda de su hijo y de los desaparecidos, pues las madres buscadoras necesitan encontrar la paz que se fue cuando sus familiares desaparecieron.

«Necesito volver a mi estado, volver con mi familia y a mi casa para buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos. Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe del cártel que matas y desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos, que necesitamos traerlos de vuelta a casa, sin buscar culpables y justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos», señaló.

Debido a sus labores de búsqueda y lucha, tanto su familia como Cecilia Patricia Flores Armenta fue amenazada por organizaciones criminales, incluso la fundadora del colectivo fue desplazada de Sonora, por lo que actualmente se encuentra protegida por un mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos.

«Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos, y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos», comentó.

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Además, recordó que el colectivo fue fundado por ella cuando la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe, el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio, el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora, la obligaron a iniciar una búsqueda a la que se han sumado otras familias en busca de más personas.

Madres buscadoras de Sonora nació «al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo y la necesidad tan grande que tenía yo de volver a traerlo a casa, eso fue lo que me impulsó a salir a los campos con pico y pala a buscarlo y en el camino encontrar tanto desaparecido», resaltó.

El colectivo encontró al menos 18 cuerpos humanos en fosas clandestinas y hogueras ubicadas a unos 30 kilómetros de Hermosillo, capital del noroccidental estado mexicano de Sonora, según informó el pasado 25 de noviembre la propia asociación.

La organización que conforman abuelas, madres, hermanas, hijas y hermanas de personas desaparecidas, anunciaron que el hallazgo se dio en seguimiento a una denuncia anónima que les informó sobre un posibles entierro clandestino utilizado por grupos criminales.

El descubrimiento se dio tras una jornada de búsqueda que decenas de mujeres habían iniciado desde la madrugada y que las llevó a recorrer varios kilómetros.

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Según explicaron, siguiendo un fétido olor a descomposición, encontraron el sitio con las fosas y la hoguera en la llamada Costa de Hermosillo, una zona agrícola desértica situada entre la capital estatal y la Bahía de Kino, en el mar de Cortés.

En los 14 hoyos se encontraron restos óseos, algunos de ellos calcinados y otros en estado de descomposición. Los cuerpos estaban cubiertos con cal para evitar que emitieran un olor fétido.

Sonora ha sido escenario de una guerra por el control de territorios entre grupos delictivos que involucran a facciones del Cártel de Sinaloa, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo asociado con el narcotraficante prófugo Rafael Caro Quintero.

UNA CRISIS QUE NO ES NUEVA

La crisis de derechos humanos en la que México se encuentra inmerso desde hace más de una década no se ha podido revertir en 2021, al igual que en los últimos años, debido a la persistente impunidad y violencia, señalaron organizaciones civiles a Efe el 26 de diciembre.

“Los indicadores públicos disponibles así lo confirman, vamos a concluir el 2021 con más de 35 mil homicidios en el año lo que indica que la violencia no ha cedido y que se mantienen unos niveles muy altos”, explicó en entrevista con Efe el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.

Además, indicó que otros indicadores como el número de personas desaparecidas “siguen en niveles extraordinariamente altos”.

Para Aguirre, el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador “no puede hablar de que las desapariciones, y la violencia, sean solo una herencia del pasado; por el contrario son una herida del presente, son más de 20 mil desaparecidos en lo que va de esta administración”, que comenzó el 1 de diciembre de 2018.

Un informe presentado a inicios de octubre de 2021 por el centro de análisis México Evalúa indicó que el 94.8 por ciento de los casos denunciados en México quedan impunes como resultado de “un sistema que no cuenta con herramientas de priorización ni capacidades suficientes”.

El informe detalló que las fiscalías y sus funcionarios están colapsados y cada vez se pueden abrir menos investigaciones.

En noviembre, México reconoció ante el grupo de expertos del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU (CED), el cual inicia este lunes una visita en territorio nacional, que el país enfrenta una crisis humanitaria por la desapariciones forzadas, al acumular más de 94 mil personas no localizadas.

“Esta es la herencia más dolorosa que está enfrentando el Gobierno de México y donde tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos como prioridad del Estado mexicano”, expresó por su parte Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, durante la bienvenida al CED, encabezado por la presidenta del Comité, Carmen Rosa Villa Quintana.

Durante su discurso de aquel entonces, Encinas reiteró que la crisis de desapariciones que vive actualmente el país, se deriva de la Guerra Sucia y de la “mal llamada guerra contra el narcotráfico“, la cual se declaró en la gestión del Presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Afirmó que pese a que en noviembre del 2017 se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, estos mecanismos han sido inoperantes.

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Exaltó que tras la llegada al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018, se han enviado “señales muy claras” para atender esta problemática.

Sobre esto, Aguirre destacó acciones positivas como el reconocimiento que ha hecho el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, “de que hay una crisis de derechos humanos en el país” y algunas acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), México acumula desde 1964 más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, la gran mayoría desde el inicio de la guerra militar contra el narcotráfico iniciada en 2006.