De Toledo a Cuauhtémoc Gutiérrez: la FGJ-CdMx asestó golpe a exfuncionarios en 2021

Las investigaciones contra los exlegisladores como Mauricio Toledo y Cuauhtémoc Gutiérrez avanzaron en 2021, además políticos como Julio Serna y Edgar Tungüí, que desempeñaron cargos importantes con el exjefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, fueron detenidos.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Las investigaciones contra exfuncionarios de la Ciudad de México avanzaron durante el año que terminó, actualmente al menos seis políticos que ejercieron cargos de 2012 a 2018 enfrentan procesos penales por delitos como uso ilegal de atribuciones, enriquecimiento ilícito, hasta trata de personas, aunque por ahora ninguno ha sido sentenciado.

Entre los exfuncionarios que no han sido detenidos pero tienen investigaciones abiertas están al menos tres del llamado “cártel inmobiliario”, conocido de esa forma porque se le atribuye el desvío de alrededor de 40 millones de pesos destinados a los damnificados del terremoto de 2017.

Los avances más recientes se registraron en el caso del exlegislador perredista Mauricio Toledo, quien será extraditado a México desde Chile, así como en la investigación por trata de personas que la Fiscalía de la Ciudad de México mantiene contra el exdirigente del PRI en la capital, Cuauhtémoc Gutiérrez, detenido la semana pasada.

Además, en noviembre de 2021 destacó el trabajo de la Fiscalía capitalina en investigaciones contra funcionarios cercanos a Miguel Ángel Mancera ya que ese mes fue detenido Julio César Serna Chávez, extitular del Gabinete del Gobierno perredista.

Hasta ahora autoridades no han descartado que investiguen a Miguel Ángel Mancera. En una entrevista el 13 de diciembre para el programa Los Periodistas, de SinEmbargo Al Aire y que se transmite por YouTube, el Vocero de la Fiscalía, Ulises Lara, dijo que no no podría afirmarlo, pero tampoco decir que no.

“No podría decirle eso, es un tema del cual nosotros no podemos señalar a alguien, no le puedo decir que está, tampoco que no esté, es decir, no podemos dar información en ninguno de los dos sentidos. Lo que sí le puedo decir es que en los casos que estamos trabajado en los próximos días estaremos presentando más elementos», expuso.

MAURICIO TOLEDO

El caso contra Mauricio Toledo Gutiérrez, el exdiputado del Partido del Trabajo, es uno de los que han registrado avances recientemente ya que el 24 de diciembre la Corte Suprema de Chile, país donde se refugió desde julio de 2021, aprobó su extradición a México para que enfrente la acusación de enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) mantiene contra él.

Ernestina Godoy, titular de la dependencia mexicana, informó desde enero que Toledo es investigado por el «incremento inexplicable en su patrimonio” que le habría permitido comprar tres propiedades valuadas en 34. 5 millones de pesos. La Fiscalía plantea que los recursos resultan “incongruentes” con sus ingresos reportados cuando fue Jefe delegacional de Coyoacán (2012-2015) y por ello obtuvo desde agosto una orden para detenerlo; ese mismo mes la Cámara de Diputados de México aprobó desaforarlo.

En enero, morenistas acusaron que durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México (2012-2018) varias denuncias fueron frenadas. “En la administración del licenciado Mancera hubo una protección directa a Toledo”, acusó Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena.

Incluso el PRD, partido en el que militó por años, expulsó a Toledo Gutiérrez en 2019 luego de que el entonces Alcalde de Coyoacán lo acusó de estar detrás del cobro de un “diezmo” a los trabajadores de la demarcación. «No vamos a permitir que se pidan diezmos, ni mucho menos que Toledo Gutiérrez se aproveche de este instituto político que ha sido construido por militantes que han luchado por la democracia”, escribió el partido en un comunicado de febrero de ese año.

DETENCIÓN DE CUAUHTÉMOC GUTIÉRREZ

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre se desempeñaba como dirigente del Partido Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México cuando, en abril de 2014, un reportaje elaborado por la Unidad de Investigaciones Especiales de MVS Noticias, del programa de Carmen Aristegui, reveló que lideraba una red de trata con fines de explotación sexual.

El político conocido como “El príncipe de la basura” fue detenido hasta el 29 de diciembre de 2021 por su probable participación en el delito de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual.

La investigación se retrasó durante años porque la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital cerró el caso en 2015, exonerando al priista. Fue hasta septiembre de 2020 cuando la FGJ-CdMx informó que la investigación sería reabierta, pero en marzo de 2021 defensoras de derechos humanos como Teresa Ulloa, directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), denunciaron que el expriista fue alertado, por lo que pudo evadir una orden de aprehensión.

El lunes de la próxima semana se realizará una audiencia para determinar si será vinculado a proceso. Tan solo el viernes la Fiscal General Ernestina Godoy llamó a las posibles víctimas de la red criminal operada por el exlegislador a acercarse a la institución y presentar su testimonio.

JULIO SERNA

En en noviembre, la detención de Julio César Serna Chávez, extitular del Gabinete del Gobierno capitalino y exdirector de la Central de Abastos, conmocionó a la ciudadanía porque desempeñaba un cargo alto en la administración mancerista.

La Fiscalía de la Ciudad de México lo detuvo por supuesto enriquecimiento ilícito y el 3 de diciembre un Juez de control lo vinculó a proceso, como medida cautelar dictó prisión preventiva y la inmovilización de sus cuentas bancarias. El 9 de diciembre elementos de la Policía de Investigación  realizaron cateos simultáneos en tres de las propiedades del exfuncionario.

Serna Chávez se desempeñó como Oficial Mayor en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Para enero de 2012, se integró como Coordinador Administrativo y de Finanzas para la campaña de Miguel Ángel Mancera,  a la Jefatura de Gobierno.

Desde septiembre de 2019, la Secretaría de la Contraloría General lo inhabilitó por un periodo de 10 años por irregularidades halladas durante su administración en la Central de Abasto, por lo que la dependencia notificó a la Fiscalía sobre la posible comisión de un delito. La Fiscalía a su vez señaló que junto con otros dos servidores públicos habrían vendido y asignado bodegas de manera ilegal en la Central de Abasto.

La acusación por supuesto enriquecimiento ilícito se suma a un historial de señalamientos de corrupción que pesan tanto en su contra como en la de su hermano, Luis Ernesto, quien también es buscado por las autoridades capitalinas.

Después de la detención de Serna Chávez, el Senador Miguel Ángel Mancera afirmó que espera que se le respeten todas garantías de defensa y que “ojalá que no haya ningún tipo de chicana política”.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, dijo en la entrevista del 13 de diciembre con Álvaro Delgado y Alejandro Paéz, conductores del programa Los periodistas, que hay una intención de querer minimizar el trabajo de investigación diciendo que tiene un contenido político, pero “no hay ningún contenido de esta naturaleza, sino ha sido el hallazgo de procesos de entrega-recepción, de documentos que poseen las diferentes áreas y que cuando se analiza se entiende como la probable comisión de un delito”.

MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ REYES

En diciembre de 2019 el exsubsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la Ciudad de México, Miguel Ángel Vázquez Reyes, fue detenido por su presunta responsabilidad en los delitos de uso ilegal de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público. Sin embargo, en septiembre de 2021 fue excarcelado para continuar su proceso penal en arresto domiciliario luego de que aceptó acogerse a un un criterio de oportunidad.

El Vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México aseguró en ese mes que el exfuncionario ha proporcionado nombres e información relevante que se agregará a los datos que tiene la dependencia contra servidores públicos que podrían ser responsables de delitos.

Además, en noviembre de 2021 un Juez decidió no vincularlo a proceso por un delito relacionado con la suspensión del pago de cuotas de jubilados y pensionados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

EDGAR TUNGÜÍ

A Edgar Tungüí, excomisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, la FGJ-CdMx le atribuye la probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, delito por el que fue vinculado en mayo de 2021, luego de ser extraditado desde España.

De acuerdo con las autoridades, en octubre de 2018, como Comisionado para la Reconstrucció, Tungüí otorgó un apoyo económico a un inmueble de una unidad habitacional en Tlalpan, a pesar de no satisfacer los requisitos establecidos en los lineamientos, “y aun así se llevaron a cabo las gestiones correspondientes para entregar un apoyo económico por más de 32 millones de pesos”, mencionó la Fiscalía en un comunicado.

El exservidor público también está acusado de desviar 48 millones de pesos de recursos públicos, los cuales debieron utilizarse para las reconstrucciones.

El 22 de mayo fue procesado por el ilícito de uso indebido de atribuciones y facultades, por lo que desde su extradición permaneció interno en el Reclusorio Norte.

Édgar Tungüí se desempeñaba como Secretario de Obras en el Gobierno de Mancera y posteriormente fue nombrado Comisionado para Reconstrucción, luego del sismo del 19 de septiembre de 2017. El exfuncionario también participó en el proyecto de la ampliación de la red de transporte Metrobús.

FERNANDO JAVIER LINARES SALVATIERRA

El exdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda (Invi) fue detenido en septiembre de 2021 por segunda ocasión, ya que en enero de 2020 fue arrestado pero obtuvo su libertad luego de que un Juez avaló que prescribió la acción penal por los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades que la Fiscalía capitalina le trató de imputar.

En septiembre, la dependencia lo detuvo por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades; posteriormente fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Linares Salvatierra está acusado por la FGJ-CdMx de adquirir, junto con otro exservidor, un predio para al Invi sin contar con la autorización  del Comité de Suelo, el órgano encargado de vigilar y autorizar la adquisición de suelo para el Instituto.