El tema me toca muy de cerca. Soy, por un lado, Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); por otro lado, simpatizo —desde hace más de quince años— con el movimiento político que representa el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De lo primero me siento orgulloso; de lo segundo también.

El tema me toca muy de cerca, decía, porque no puedo entender —en buena fe— la forma en que el Gobierno de México ha permitido que se crear en el CIDE un conflicto en donde no lo había.[1] Todo empezó como algo menor, casi insignificante; hoy brota como un asunto que trasciende, por mucho, al centro de investigación y en el que el gobierno solo puede perder.

En el corazón del problema se encuentra Conacyt y la incansable búsqueda de su directora general, María Elena Álvarez-Buylla, por controlar directamente al CIDE, uno de los 27 centros públicos de investigación que orbitan en la estructura de Conacyt. Es normal —casi un acto de usos y costumbres— que desde el Gobierno federal se intente influir en la dirección de sus centros. Lo que no es normal, y mucho menos admisible, es que esto se hiciera utilizando métodos propios del antiguo régimen. Hoy es un secreto a voces que al exdirector del CIDE, Sergio López Ayllón, no se le tomó durante meses el teléfono desde las oficinas de Conacyt al punto en que solo le quedó presentar su renuncia. Así se abrió un proceso de designación de un nuevo director general y el inicio de una saga.

Como director interino del CIDE fue designado José Antonio Romero Tellaeche, un profesor de El Colegio de México con credenciales suficientes para el cargo. Algunos vieron su designación con reticencias —no es común que una persona externa a la institución sea elegida para dirigirla— a otros, en cambio, nos pareció que el cambio podía traer aires frescos al centro público. Muchos nos interesamos por el proyecto del nuevo director, su agenda de investigación y las propuestas de reforma que presentaría. Esperamos en vano.

Recibimos, en cambio, el silencio y la arrogancia de quien suponía que el apoyo de la directora de Conacyt iba a ser suficiente para dirigir al CIDE. No le importó entender a la comunidad, sus problemas, demandas y atributos; en cuatro meses no organizó una sola reunión con el claustro de profesores ni se tomó el tiempo para hablar con estudiantes o trabajadores de la institución. Quiso gobernar solito: debilitó su legitimidad removiendo a dos miembros de la comunidad de puestos de dirección de enorme importancia y suspendió reuniones colegiadas ante la certeza de saberse con una minoría de votos.

En el plan de trabajo que Romero Tellaeche presentó para ocupar la dirección definitiva del CIDE intenté encontrar un proyecto de reformas y una hoja de ruta realista de cómo transitar hacia una institución más cercana a los problemas del país (un asunto en el que el CIDE, desde mi punto de vista, ha quedado a deber); en lugar de eso encontré una síntesis de lugares comunes y una injuria al trabajo de más de cien colegas a los que pretendía dirigir.  Todo —absolutamente todo— lo que se hacía en el CIDE, dijo, era neoliberal —una etiqueta que pierde sentido cuando se caricaturiza.

En un proceso tan accidentado como su interinato, Romero Tellaeche fue finalmente impuesto como director del CIDE. Esto, a pesar de haber perdido (por mucho) el proceso de auscultación interna entre los miembros de la comunidad. La imposición fue propia del antiguo régimen: Conacyt celebró un comité ad hoc en el que el conflicto de intereses haría sonrojar hasta el más cínico y negó que los integrantes del Consejo Directivo del CIDE —la última instancia de decisión— tuvieran la oportunidad de votar en el proceso de designación del nuevo director. Nada que no hubiéramos visto antes en México, pero tampoco nada que represente la promesa de un país más democrático.

En las últimas semanas la situación institucional se ha degradado aún más y está perdiendo cauce. Hartos del desprecio, hace ya algunas semanas los estudiantes decidieron tomar las instalaciones del CIDE en sus dos sedes y exigen, entre otras legítimas demandas, la renuncia o destitución de Romero Tellaeche. La planta de profesores  —prácticamente de forma unánime— ha respaldado el pliego petitorio de los estudiantes y no sería raro que pronto su sindicato emplazará a huelga. Del extranjero han llegado decenas de cartas firmadas por reconocidos académicos que piden la solución a un conflicto que —insisto— no existía hace cinco meses y que solo deja en entre dicho la política educativa del Gobierno de México. Por su parte, desde la dirección del CIDE, han continuado los agravios a la comunidad. [2]

El tema seguirá escalando y golpeando al Gobierno en la medida en que se extiendan las demandas de la comunidad estudiantil y se incorporen otros grupos sociales y causas al movimiento. Ojalá me equivoque pero pronto el asunto rebasará el área de influencia de Conacyt para convertirse en un asunto propio de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría del Trabajo.

Afortunadamente la salida está (todavía) a la vista. Si lo que de verdad importa es el proyecto y no la persona, Romero Tellaeche y la directora de Conacyt deben dar un paso al lado. Se puede y debe reponer el proceso de elección del director general; en este deberá ser preponderante la opinión de la comunidad: trabajadores, académicos y estudiantes. Esto daría lugar a un fructífero debate del papel que debe jugar el CIDE —así como el resto de los centros públicos de investigación— en la nueva coyuntura política que vive el país y en el que el Gobierno actual podría proponer su plan de reordenamiento. Para encabezar este proceso deberá encontrarse un perfil transitable como director general tanto para el Gobierno, como para la comunidad académica y estudiantil.

El Presidente de México sabe, mejor que nadie, que la imposición no es el camino. Su movimiento —nuestro movimiento— entiende que sin legitimidad no se puede gobernar. De ahí que comprender que la imposición de Romero Tellaeche no traerá nada bueno ni al CIDE ni a su Gobierno no debería ser tan difícil; recular y dar un paso al lado sería una señal de respeto, comunicación y entendimiento: el inicio de un nuevo diálogo y el fin a un conflicto en donde no lo había.

[1] Sobre este tema ya escribí hace unas semanas este artículo: https://www.sinembargo.mx/23-11-2021/4067550

[2] Este artículo da cuenta de varios de ellos: Diego Badillo, Conflicto en el CIDE: el rugido del ratón. El Economista, 12 de diciembre de 2021. Veáse: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Conflicto-en-el-CIDE-El-rugido-del-raton-20211210-0068.html

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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