Dos décadas y 3 años pagando el Fobaproa. Y seguiremos pagándolo por generaciones

El 12 de diciembre se cumplieron 23 años de la aprobación del Fobaproa, un fondo anunciado para rescatar los bancos y miles de empresas que quebraron como parte de una crisis financiera que se agravó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Varios panistas y priistas que avalaron la iniciativa aún tienen un lugar importante en la política actual, entre ellos destacan Ignacio Mier y Germán Martínez.

–Con información de Valeria González Cervantes

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– Hace 23 años legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) —fuerzas políticas que ahora han conformado una alianza electoral— aprobaron el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), un rescate que los mexicanos seguirán pagando hasta el 2070, según ha señalado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde la oposición fue uno de los detractores de esta medida.

El Fobaproa fue una iniciativa presentada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) para «rescatar» a bancos y empresas privadas en México, luego de que se desatara la deuda por la serie de factores socio-económicos arrastrados de la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

La propuesta fue enviada por el expresidente a inicios de 1998 y aprobada en el Congreso —entonces de mayoría priista— con un total de 326 votos a favor, 226 legisladores eran del PRI, 99 pertenecían al PAN, y otro más fue el de Carolina O’farril Tapia, Diputada sin partido.

En ese entonces 158 legisladores votaron en contra de la medida: 124 eran del Partido Revolución Democrática (PRD) —entonces el principal partido opositor—, siete más del PRI, 11 del PAN, seis del Partido del Trabajo (PT), cinco del Partido Verde y cinco de independientes.

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Entre los 226 legisladores del PRI que avalaron la creación del Fondo de contingencia se encuentran políticos que hoy defienden los ideales de Morena. Uno de ellos es Ignacio Mier Velazco, actual coordinador del partido guinda en la Cámara de Diputados y que en aquel entonces conformaba la bancada tricolor.

En 1998, Mier Velazco era subsecretario del programa de Acción y Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ahora, en este Gobierno ha sido uno de los promotores de la Consulta Popular que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE) en agosto de este año para abrir la posibilidad de juzgar a expresidentes de México, incluido Ernesto Zedillo, precisamente por haber vuelto pública una deuda de unos pocos cuantos.

Bajo los colores de Morena, Mier Velazco criticó durante 2021 a “los partidos de derecha” —incluyendo al PRI con el que trabajó hasta 2006— por “tratar de boicotear el ejercicio democrático”.

Pese a que el legislador ha defendido propuestas clave del actual Gobierno federal, su pasado lo persigue: el Diputado ha sido duramente criticado por usuarios de redes sociales que le han recordado su voto a favor del Fobaproa.

Miguel Ángel Navarro Quintero, actual Gobernador de Nayarit de Morena, fue otro de los priistas que hace 23 años avaló la iniciativa, en ese año era delegado especial de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares en Tamaulipas.

En marzo de 2020, cuando el Senado discutía reformar el Artículo 4 de la Constitución para elevar a rango constitucional el derecho a los programas sociales, Navarro Quintero reconoció que fue un error respaldar el Fobaproa, pero pidió no olvidar que la decisión la tomaron tanto priistas como panistas.

“Sí, yo fui legislador cuando lo del Fobaproa que votamos los del PRI conjuntamente con los de Acción Nacional, no se olvida, fue un error. Y lo que decía Martí Batres estoy de acuerdo, a ese se le llamó rescate, a esto se le llama populismo. En mi etapa de conciencia plena social antes de morir, prefiero un capitalismo, un capitalismo que esté al servicio de los pobres”, expuso en el Pleno cuando se discutía el dictamen.

Otro funcionario federal relacionado con el Fobaproa es Marcos Bucio Mújica, nombrado en febrero de este año como Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), previamente fue Subsecretario de Educación Básica. Bucio Mújica también votó bajo las siglas del PRI en 1998, ese mismo año formó parte de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

https://twitter.com/Tu_IMSS/status/1365112718169165840?s=20

De igual manera el Senador Germán Martínez Cázares, quien busca crear un nuevo grupo parlamentario en el Senado y quien fuera director del IMSS al principio del sexenio, dio su respaldo al Fobaproa bajo las siglas de Acción Nacional, en ese entonces era Secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del partido blanquiazul.

“Yo sí sé que hay coincidencias con la 4T y con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Unas de ellas: yo considero que el discurso igualador del Presidente, lo de por el bien de todos, primero lo pobres, no me distancio ni un milímetro de ese discurso. Es un valor del obradorismo que debe cuidar Morena”, dijo Martínez Cázares en una entrevista para el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube, realizada en septiembre.

También Martha Palafox Gutiérrez, actual Senadora federal de Tlaxcala por el Partido del Trabajo, votó por la creación del fondo en el mismo año que ejercía el cargo de presidenta del organismo nacional de mujeres priistas.

LOS PRIISTAS Y EL FOBAPROA

Entre los votantes de las reformas a las leyes del Banco de México, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y que hace 23 año regularon las Agrupaciones Financieras (Fobaproa) destacan priistas como Dionisio Meade García de León, quien ahora preside la Fundación UNAM, además de ser padre de José Antonio Meade, excandidato presidencial del PRI y dos veces Secretario de Hacienda con partidos distintos.

Otro priista que dio su voto a favor fue el exgobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán, acusado de corrupción y por presuntos vínculos con el cártel de Los Zetas.

De la misma forma, la iniciativa fue respaldada por la entonces vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, María de las Mercedes Martha, quien fuera exsecretaria de Salud con Enrique Peña Nieto.

En 1998, el mismo en el que fue precandidata a la gubernatura de Quintana Roo con el PRI, Addy Cecilia Joaquín Coldwell respaldó el Fobaproa. Años después se sumó a Acción Nacional (PAN) y en 2006 fue Coordinadora de campaña de Felipe Calderón en la misma entidad que buscó gobernar.

LOS PANISTAS

Marco Antonio Adame, actual Diputado federal, dio su voto en 1998; el político forma parte del grupo de exgobernadores del PAN autodenominado Unidos X México que este fin de semana externó su preocupación por la crisis que enfrenta su partido.

Otros panistas responsables de la crisis que dejó el Fobaproa fueron el exgobernador de Chihuahua Javier Corral; así como Santiago Creel, el Secretario de Gobernación de Vicente Fox y actual Diputado.

De igual forma, en la lista destaca el nombre de Carlos Medina Plascencia, el primer Gobernador del PAN en Guanajuato sin ser candidato y cuya gestión inició desde 1991 tres décadas con seis gobiernos del PAN en los cuales se ha disparado la violencia.

LA HISTORIA DEL FOBAPROA

En diciembre de 1982, cuando asumió la Presidencia Miguel de la Madrid Hurtado, la deuda externa ascendía a 100 mil 384 millones de dólares. En 1987, el equipo de Carlos Salinas, Pedro Aspe y Ernesto Zedillo dirigió la economía con el Pacto de Solidaridad Económica.

En ese momento, Salinas ya era candidato presidencial y el país se hallaba al borde de la hiperinflación. Con dicho pacto se buscaban nuevos acuerdos con los representantes del trabajo, los negocios y los campesinos, pero una vez que se instaló como Presidente de México, comenzó la privatización de Aeroméxico, Fundidora de Monterrey, Mexicana e incluso Telmex.

“Privatizaciones, ingresos de una sola vez, reducción de deuda, el Gobierno podía tener menos competencia en los mercados y entonces habría más recursos para el sector privado por un lado y por el otro lado podía el Gobierno tener más recursos para el gasto social”, dijo Pedro Aspe, Secretario de Hacienda (1988-1994), en el documental La decisión del Presidente, tal como rescató la periodista Dulce Olvera. “Queríamos abrir la economía. Cómo puedes abrir la economía con la banca estatizada”.

Fue el 17 de mayo de 1990, luego de una reunión de banqueros con el entonces titular de la Secretaría de Hacienda, Pedro Aspe, cuando se anunció la reprivatización de la banca tras casi 10 años de ser propiedad del Gobierno: se vendieron 18 instituciones bancarias en subastas en un periodo de 13 meses por 39 mil millones de pesos entre el 7 de junio de 1991 y el 16 de julio de 1992.

El dinero fue a un fondo de contingencia para reducir deuda. Sin embargo, aquí comenzaron a repercutir los fallos. Los grupos de banqueros se prestaron dinero entre ellos para comprar los bancos, por lo que el capital no existía: eran millonarios créditos cruzados.

Al mismo tiempo, los nuevos banqueros empezaron a dar préstamos al consumo y generaron el boom crediticio, al ser impagables, crecieron de manera exorbitante las carteras vencidas.

Cuatro años después, el 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, Salinas, Zedillo y Aspe decidieron posponer la devaluación. Sólo 11 días después tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo y ya en la Presidencia hizo el ajuste cambiario «en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda de nuevo se disparó».

En ese momento se perdieron un millón y medio de empleos ante la quiebra de las empresas, y los ciudadanos no podían pagar los créditos. Ante dicho contexto, en enero de 1995, Zedillo anunció que había logrado un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y al mismo tiempo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, ninguna de las dos medidas evitaron el quiebre de los bancos y de miles de empresas, por lo que para rescatarlas se creó el Fobaproa.

Desde ese momento, y a pesar de las manifestaciones en contra, «las pérdidas de unos cuantos se socializaron y la deuda privada se volvió pública».

El entonces Presidente Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, en la que pidió que el Congreso —entonces de mayoría priista— reconociera la deuda pública por 552 mil millones de pesos, lo que provocó un aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos.

“¡El IVA nos quita la comida!”, gritaban los mexicanos en aquel entonces en las protestas acompañadas con cacerolazos. “Robaproa”, lo llamaban. A la par, el mandatario federal reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio de López Portillo. En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte.

Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), difundió este fin de semana imágenes con los nombres de empresas que fueron analizadas en su momentos por la dirección de activos corporativos del Fobaproa, como parte del Programa de Capitalización y Compra de Cartera diseñado en el Gobierno de Ernesto Zedillo para capitalizar a las instituciones de crédito; a través de él los bancos transfirieron los derechos de cobro al Fobaproa, que emitió a favor de ellos pagarés a 10 años.

https://twitter.com/mario_dico50/status/1470092113392148483?s=20

La «Lista negra del Fobaproa» y «23 años de impunidad», escribió en su cuenta de Twitter Di Costanzo.

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EMPRESARIOS PIDEN NUEVO RESCATE

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en México, los consejos empresariales mexicanos han llamado al Gobierno federal un rescate similar, pero el Presidente López Obrador se ha opuesto totalmente a realizar este tipo de medidas.

En diversas ocasiones, el mandatario federal ha enfatizado que el rescate no será para los grandes empresarios, sino para el pueblo mexicano que se ha quedado sin empleo y que, desde años atrás está sumido en pobreza.

» [Apoyar a la ciudadanía] es una estrategia completamente distinta a la que se aplicaba durante el periodo neoliberal, que se presentaba una crisis, pedían crédito y endeudaban al país para rescatar a los de arriba, a los de la punta de la pirámide, de la cúpula, a costa de abandonar a los de abajo y de cargarles la deuda, como fue lo del Fobaproa. Se cayó la economía, pero en vez de rescatar al pueblo, rescataron a banqueros y grandes empresarios y todavía convirtieron esas deudas, privadas, en deuda pública. Estamos todavía pagando por esa enorme deuda», argumentó el Presidente López Obrador en su conferencia de prensa matutina del 22 de febrero de 2021.

Desde el año anterior, el Jefe del Ejecutivo aseguró que no comparte la visión del sector empresarial que busca incrementar la deuda.

“Aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070”, escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta enviada al Senado para solicitar la Consulta Popular contra expresidentes mexicanos, en septiembre del año pasado.

Los organismos empresariales más influyentes del país entraron en una batalla con el Presidente porque consideran que el plan de rescate de la economía mexicana, frente a la crisis del coronavirus, “se queda muy corto”. Piden ayudas como diferir impuestos, reducir cargar fiscales y que el Estado inyecte aún más dinero en inversión pública.

Como parte de su respuesta, el Primer Mandatario ha puesto de ejemplo una larga historia de rescates de parte del Estado mexicano a compañías y empresarios poderosos a lo largo de las crisis económicas del México moderno, especialmente el caso del Fobaproa.

En ese sentido, analistas económicos han apuntado que lo que los empresarios han solicitado a este Gobierno no se asimila con lo ocurrido entre 1988 y 1995, pues en ese entonces claramente se emprendió un «rescate», mientras que ahora, al no haber quiebras, buscan un apoyo en su liquidez a través de «endeudamiento responsable».

“El Fobrapoa es un animal de otra especie que estuvo centrado en el sector financiero con incapacidad de pago de créditos por la devaluación y las tasas de interés que crecieron como locas, lo que a su vez hizo que los bancos implotaran. Fue un rescate necesario, quizá mal hecho porque ‘a río revuelto ganancia de pescadores’ y hubo abusos porque había que actuar muy rápido para no quedarnos sin sistema de pagos, y no faltó el vival que hizo negocio con ello. Debió haber habido auditorías para ver quién abusó y castigarlo”, dijo Héctor Villarreal Páez, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) a la reportera Dulce Olvera el pasado 12 de abril de 2020.

Los señalados de abusar en la era Fobaproa fueron Norberto Alcántara de Bancrecer; Ángel Isidoro Rodríguez, “El Divino”, de Banpaís; Jorge Lankenau de Banco Confía y Carlos Cabal Peniche de Banco Unión y Banca Cremi, quien además usó depósitos de la clientela para prestarlos a empresas de su propiedad.

“Pero aquí estamos hablando de otro animal”, contrastó Villarreal respecto a la pandemia. “Está en toda la economía y además está la parte sanitaria, y no se habla de un rescate de que el Gobierno absorba deudas de nadie. Ahorita es cuando se vale dar dinero a la población de manera general para que el bienestar de la gente no se nos haga pedazos”.