Demanda contra empresas de armas «no es intervencionista” ni contra EU, asegura SRE

El pasado viernes 10 de diciembre el Gobierno de México sostuvo una reunión con embajadores de América Latina y del Caribe, en la que se dio a conocer la demanda civil que interpuso el Estado mexicano contra fabricantes y distribuidores de armas de fuego de Estados Unidos. 

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Las y los embajadores de América Latina y del Caribe se reunieron este viernes 10 de diciembre en una sesión informativa en la que se abordó la demanda civil que interpuso el Gobierno de México contra fabricantes y distribuidores de armas de fuego estadounidenses.

Dicha demanda civil se interpuso ante una corte de Estados Unidos «por prácticas comerciales negligentes que propician el tráfico de armas a nuestro país», informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México a través de un comunicado.

La dependencia federal detalló que el encuentro fue presidido por Alejandro Celorio Alcántara, Consultor jurídico y Martín Borrego Llorente, director general para América Latina y el Caribe. Además, contó con la participación de Pablo Monroy Conesa, consultor jurídico adjunto “A”.

En la reunión se dieron a conocer las acciones que el Gobierno de México emprendió «desde el ámbito nacional, bilateral, regional y multilateral para atender el tema del tráfico de armas», luego de «la masacre de mexicanos en El Paso, Texas, en agosto de 2019», e incidentes con armas de alto calibre que ocurrieron posteriormente en territorio mexicano.

Destacó que también Marcelo Ebrard, titular de la SRE, instruyo acciones a nivel internacional, para las que recurrió de «los recursos jurídicos a su alcance» con el propósito de «atender el problema del tráfico de armas desde su origen».

Subrayó que la demanda es contra el «comercio negligente de armerías y distribuidoras, no contra el Gobierno de Estados Unidos», ya que no es intención que se interprete como un «acto intervencionista». En este sentido, aclaró, que el Estado mexicano recurrió al sistema legal de los Estados Unidos, al que considera «imparcial y que las empresas conocen bien».

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La SRE enfatizó que el «tráfico ilícito de armas es un tema de interés para México y para la región entera», que, sostuvo, afecta la calidad de vida de la población, así como su desarrollo de las naciones, por la violencia que genera, la cual, independientemente de los contextos específicos, mantiene uno de los índices más altos a nivel mundial por el uso de armas de fuego.

«En muchos casos, porcentajes considerables de las armas que se encuentran en el mercado ilegal de nuestros países provienen de Estados Unidos», indicó la dependencia mexicana, la cual se comprometió a dar «seguimiento para definir las formas más oportunas para dirigir el apoyo que se reciba de los países».

Por su parte los embajadores convocados a la reunión agradecieron al Gobierno mexicano por «compartir la estrategia del litigio, y coincidieron en que la violencia que propicia el tráfico de armas de fuego es un desafío compartido en la región».