Familias mantienen plantón para exigir que se atiendan los casos de abusos militares

Familias mantienen desde hace nueve meses un plantón en la Ciudad de México, frente a las oficinas del sector 6 de la Sedena, ubicada en avenida Industria Militar, para exigir la resolución de sus casos por tortura, desaparición forzada y omisiones cometidas por las Fuerzas Armadas.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– Óscar Kabata tenía 17 años cuando fue privado de la libertad, torturado y violentado sexualmente por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), esto como parte de un operativo en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

A 11 años de las agresiones y con una recomendación de la CNDH que acredita la violencia que sufrió; él, su mamá y familiares de víctimas de omisiones y desapariciones que habrían sido cometidas por militares en distintos años mantienen un plantón para exigir justicia frente a una de las oficinas de la dependencia en la capital del país.

El despliegue de militares en las calles que comenzó en diciembre de 2006, como parte de la llamada Guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, dio pauta para una serie violaciones a los derechos humanos de cientos de civiles, como han acreditado distintos organismo.

Sólo de 2006 a 2012, durante el sexenio panista, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 112 recomendaciones contra la Sedena y 91 quejas por tortura, mientras que la Secretaría de Marina (Semar) acumuló 23 recomendaciones y nueve acusaciones por tortura.

Los casos de violaciones a derechos cometidos por las Fuerzas Armadas también trascienden al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los informes de la CNDH de 2019 y lo que va de 2021 muestran que la Sedena recibió cinco recomendaciones y otras cuatro por violaciones graves a los derechos humanos. Por su parte, la Marina tuvo cinco recomendaciones, además de otras cinco por violaciones graves.

Uno de los casos acreditados por la CNDH es el de Óscar Kabata. En la recomendación 38VG/2020 la dependencia evidenció que el joven permaneció retenido durante cuatro días de febrero de 2009, junto con su compañero Víctor, quien fue torturado y asesinado durante los días que duró la detención, esto en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua que lanzó Felipe Calderón en 2008.

“Mi hijo es un sobreviviente, todo este operativo estuvo en manos del General Felipe de Jesús Hernández —quien ahora está retirado—. Lo que sucedió fue dentro de las instalaciones de la Sedena, por eso nosotros estamos aquí en la sede, porque ellos fueron los victimarios, ellos fueron los que violaron, los que mataron al amigo de mi hijo. Hace unos días nos enteramos que el papá de Víctor, el compañero al que mataron ahí a un lado de mi hijo —cuyo cuerpo fue hallado en 2016—, una persona adulta que estaba en la lucha, murió sin encontrar la justicia (…). Por eso yo creo que como padres, como madres, estamos dispuestos a morir en la raya y a seguir en la lucha, para que al final familias como las de Víctor tengan la justicia que tanto buscaron”, dice Laura Kabata, madre de Óscar, en el plantón que mantiene desde el 29 de marzo en la Avenida Industria Militar, frente al sector 6 de la Sedena.

Además de la familia Kabata, otras personas se han sumado al plantón para denunciar a las Fuerzas Armadas por presuntamente violar los derechos de sus familiares. Como lo hizo María Reyna Flores Romero, una adulta mayor que pasó meses viviendo en la carpa, entre colchonetas y lonas, para exigir al Ejército mexicano que le dé respuesta sobre dónde está su hijo, el cabo Horacio Cruz Flores, quien desapareció el 24 de febrero de 2020 después de ser visto por última vez en la 25 zona militar de Puebla.

Héctor, un campesino de Huetamo, Michoacán, también se incorporó a las protestas para denunciar las omisiones de elementos de la Sedena, a quienes pidió ayuda luego de ser golpeado y amenazado por personas que estarían relacionadas con el crimen organizado, pero fue ignorado.

EL CASO DE ÓSCAR

En junio de este año la CNDH reconoció la deuda que la Sedena, actualmente encabezada por el General Luis Cresencio Sandoval González, mantiene con Óscar Kabata y su familia al determinar que ha cometido “agresiones, provocaciones y actos de molestia” durante los meses que llevan en el plantón, esto luego de una reunión que el joven mantuvo con Rosario Piedra Ibarra, titular de la dependencia.

En la recomendación que el organismo emitió por el caso en 2020, y en la que menciona como víctimas directas de tortura a Óscar y a otras dos personas, el órgano defensor de los derechos humanos instruyó a la Sedena a colaborar para identificar a los agresores “quienes se encontraban adscritos al 46/o Batallón de Infantería al momento de los hechos”.

Actualmente, Felipe de Jesús Espitia Hernádez, el General a cargo del operativo, está retirado y no ha sido sancionado, el último cargo que desempeñó hasta el año pasado fue el de coordinador de asesores en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

“Hay muchas víctimas al igual que mi hijo, algunos sobrevivientes, el operativo estuvo en manos del General Felipe de Jesús Espitia Hernádez, esto que sucedió fue dentro de las instalaciones de Sedena, por eso nosotros estamos aquí en la sede, porque ellos fueron los victimarios, ellos fueron los que violaron, los que mataron al amigo de mi hijo, al que secuestraron junto con él, lo privaron de su libertad y el muchacho sí se murió, lo mataron a un lado de donde estaba mi hijo; el General sigue libre, actualmente está retirado. No hay una justicia legal en cuanto a que los culpables estén pagando lo que hicieron”, insiste Laura Kabata.

Personal de la CNDH se ha reunido con Laura y su hijo y se ha comprometido a pedir a la Sedena que acelere el cumplimiento de las recomendaciones, pero hasta ahora no hay avances.

En una de las paredes que separan las oficinas de la Sedena de las lonas que han servido de techo a las y los manifestantes durante los últimos meses se lee la palabra “Justicia”. Además de funcionar como cocina y dormitorio, el plantón es cuarto de juegos de dos niñas.

Las personas que protestan desde marzo han sufrido amenazas, robos de pertenencias, han intentado atropellarlas, incluso en una ocasión las lonas con las que se protegen del sol y la lluvia fueron rociadas con gasolina. De acuerdo con Laura, la CNDH dejó de apoyarlas como “castigo” luego de que a finales de agosto se manifestaron por sus casos en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional.

Sin embargo, la mujer asegura en que no dejará de protestar hasta que la Sedena sancione a los militares culpables de la tortura a su hijo.

“¿Por qué seguir en esta demanda de justicia? Porque no podemos volver a ese infierno en el que vivíamos en Juárez, en el que cuando yo llegaba de mi trabajo encontraba a mi hijo en posición fetal pidiéndome que lo ayudara a morir. Porque no quiero volver a esa oscuridad, porque quiero regresar a Juárez a iniciar una vida y que mi hijo empiece y trate de ser feliz, porque ésa es la justicia que buscamos, que este círculo, que esta pesadilla y que este cuento de terror termine”.

FAMILIAS EXIGEN JUSTICIA

Además de Laura y Óscar Kabata, Héctor Soria ha protestado desde hace meses en la Ciudad de México, primero frente a Palacio Nacional y ahora frente a las instalaciones de Sedena pues acusa que militares ignoraron su petición de ayuda en Michoacán, donde fue agredido en mayo luego de negarse a pagar a personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado por su trabajo en el campo; desde entonces él y su familia recibieron amenazas.

Héctor denuncia que los militares han sido omisos para proteger a la población en Huetamo, lo que, según acusa, fue uno de los factores que permitió que días después de que el denunciara las agresiones en su contra, su esposa fuera agredida sexualmente en su casa.

«Después pasa esto [la denuncia que hizo por las agresiones que recibió], violan a mi esposa en mi casa, entonces yo les prevení antes, pero no hacen nada», lamenta en entrevista. El campesino ya expuso su caso ante la CNDH y  está a la espera de respuestas.

Otra de las personas que permaneció por meses en el plantón frente a Sedena es María Reyna Flores, pues acusa militares de Puebla de encubrir la de desaparición de su hijo Horacio Cruz. Aunque la mujer tuvo que dejar la protesta hace unas semanas por complicaciones de salud, su exigencia continúa. Por este caso la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Puebla inició la carpeta CDI-216/2020/FED.

En entrevista para SinEmbargo Al Aire, Reyna Flores denunció en septiembre que Horacio fue visto por última vez luego de ser entregado en las instalaciones de su trabajo acusado por el supuesto robo de un celular, por lo que responsabiliza al teniente César Malpica Maltes de su desaparición.

«El era militar, trabajaba en la 25 zona militar de Puebla, tenía 23 años de servicio. Sedena no me ayudó como yo esperaba», acusó en esa ocasión.

FUERZAS ARMADAS VIOLAN DERECHOS: CNDH

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas han sido una constante en todo el país, así lo muestran los informes anuales de la CNDH.

De 2006 a noviembre de este año, el organismo reportó 136 recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y 50 a la Secretaría de Marina, además, de 2020 a 2021 la Guardia Nacional creada por el Gobierno de López Obrador fue acreedora de dos recomendaciones.

De acuerdo con estos datos, el mayor número de recomendaciones y expedientes de quejas contra militares de Sedena fueron iniciadas durante el sexenio de Calderón Hinojosa, con 112 y 8 mil 183, respectivamente.

De 2013 a 2018, con Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo Federal, la CNDH hizo 19 recomendaciones a la Sedena e inició 3 mil 311 expedientes de quejas por violaciones a derechos humanos.

El Presidente López Obrador asegura en que durante su administración las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos, como insistió el 1 de diciembre en su Tercer Informe de Gobierno, donde expuso: “El vasto esfuerzo para construir la paz se ha llevado a cabo sin violaciones a los derechos humanos, sin el involucramiento de las fuerzas federales en masacres, sin cometer torturas, sin desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como ocurría antes. Ya no aplica el “mátalos en caliente”.

Sin embargo, las cifras de la CNDH exponen que en lo va del primer Gobierno federal morenista, además de las cinco recomendaciones emitidas, el organismo defensor de los derechos humanos ha iniciado mil 225 expedientes de quejas contra la Secretaría de la Defensa Nacional y 782 de la Guardia Nacional.

Aunque el Gobierno de López Obrador impulsó la creación de una Comisión de la Verdad para esclarecer la represión cometida por el Estado mexicano durante la llamada Guerra Sucia, entre los años 60 y 80, uno de los principales retos de esta unidad será cumplir con una exigencia de las familias de las víctimas: abrir las instalaciones militares donde se perpetraron violaciones a derechos humanos.

Entrevistadas en noviembre por SinEmbargo, tres consejeras que participarán en una de los cinco mecanismos de la Comisión de la Verdad explicaron que es necesario que el Gobierno cumpla con su promesa de abrir los archivos de la Sedena, del Estado Mayor Presidencial (EMP), así como otros documentos ocultos para poder avanzar en su cometido, pues de lo contrario, el organismo no podrá cumplir con su prometido.

Pese a esfuerzos importantes como éste, organizaciones civiles, colectivos y víctimas de omisiones y agresiones por parte de militares ven con preocupación que el Gobierno de López Obrador defienda la participación de las Fuerzas Armadas en el espacio público.

Para Laura Kabata y Horacio, desplazado por la violencia en Michoacán, una decisión como esta debería ir acompañada de la garantía de que los militares no violarán más derechos humanos.

“Ya estamos llenos de Sedena, en cualquier rincón de nuestro país hay Sedena. Si Sedena sigue con el comportamiento que tuvo en el 2009 [en el Operativo Conjunto Chihuahua], si ese es el mismo y es la misma directriz, pues todos estamos en riesgo”, alerta Laura.

Además, el colectivo Seguridad sin Guerra ha insistido en que las autoridades mexicanas tienen hasta el 26 de marzo de 2024 para retirar a las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, como lo establece la reforma constitucional aprobada en 2019.