La Revocación de Mandato genera choque político inédito entre INE y Ejecutivo federal

El 2022 sería el año de la primera consulta de Revocación de Mandato. Hoy está en duda. Desde la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2022, el INE lanzó las primeras advertencias, sobre que si había un recorte peligraba la organización del ejercicio. El recorte llegó y ahora el tema brincó hasta la Corte, mientras que por otro lado transcurre la validación de las firmas reunidas.

Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- Una de las principales banderas de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue el garantizar la realización de una Revocación de Mandato bajo su idea de que “el pueblo pone y el pueblo quita”. Cumplida la primera mitad de su administración, el momento llegó y si se validan las firmas requeridas, el ejercicio se realizará el 10 de abril de 2022. No obstante, en el cierre de 2021 esta consulta ha llevado a que el Gobierno y el INE —la autoridad encargada de organizar este ejercicio— se hayan confrontado a causa de la falta de presupuesto que alega el órgano electoral.

La promesa está en el número 82 de la lista de 100 compromisos que el Presidente leyó al tomar posesión de su cargo el pasado 1 de diciembre.

“Cumpliré el compromiso de someterme a la Revocación del Mandato; el primer domingo de julio de 2021, habrá una consulta para preguntarle a los mexicanos si continúo en la presidencia o si renuncio, porque como lo creo y lo he dicho muchas veces, el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo es soberano”, dijo en aquel momento López Obrador.

Desde entonces y pese a que el mandatario buscaba juntar este proceso con la elección intermedia de 2021, la fecha ha cambiado en parte al retraso del Congreso al aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato. Una vez que esta legislación fue avalada por el Poder Legislativo en septiembre pasado, el Instituto Electoral determinó en sus lineamientos realizarla en marzo del próximo año, pero en noviembre el INE volvió a modificar la cita de la Revocación para el 10 de abril.

La semana pasada el órgano electoral buscó aplazar de nueva cuenta el día de la consulta mediante un acuerdo aprobado por seis de los 11 consejeros, lo cual dio pauta a un conflicto en el que ha intervenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha dado dos suspensiones temporales —a la presidencia de la Cámara de Diputados y otra a la Consejería Jurídica de la Presidencia— que obliga al INE a seguir con la organización con el presupuesto con el que cuenta.

La postura del INE ha sido criticada por el Presidente, quien ha cuestionado la vocación democrática de este organismo al grado de calificarlo de conservador. López Obrador dijo el día de ayer que la Revocación de Mandato se llevará a cabo sin lugar a duda, una postura en la que se ha mantenido y que va en línea con el llamado que hizo el pasado 22 de diciembre a los gobiernos y ciudadanos para que ayuden al Instituto a organizarla.

El INE por su parte se ha aferrado en señalar que el recorte que aprobó la Cámara de Diputados de 4 mil 900 millones de pesos ha vuelto inviable que se lleve a cabo este ejercicio.

En la sesión del 17 de diciembre del Consejo General, el Consejero Presidente Lorenzo Córdova  dijo que el Instituto logró concretar una bolsa de mil 503 millones de pesos e indicó que era insuficiente para llevar a cabo «un proceso de la amplitud, calidad y magnitud que se prevén en la ley federal en la materia, y que implica un costo de 3 mil 830 millones de pesos».

Bajo ese escenario, el INE buscó posponer sin éxito este ejercicio, una decisión que incluso dio pauta a que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpusiera una denuncia penal contra los consejeros que aprobaron la suspensión, sobre la cual desistió el miércoles luego de que el órgano electoral denunciara una persecución y de que el propio Presidente considerara excesiva la medida.

Ahora, el ejercicio de Revocación de Mandato tendrá que lidiar al arranque de 2022 con la falta de presupuesto que alega el INE, con la ratificación aún pendiente de las casi 10 millones de firmas que se presentaron para que arranque el proceso y, sobre todo, con la decisión final que tomará la Suprema Corte una vez que reinicie sus labores en la primera quincena de enero.

LA RECOLECCIÓN DE FIRMAS

De validarse las firmas —las cuales fueron recolectadas del 1 de noviembre al 25 de diciembre pasado— y concretarse el procedimiento en el Instituto Nacional Electoral, la Revocación de Mandato del Presidente se realizará el 10 de abril de 2022.

Está estipulado que el inicio del proceso sólo será a petición de los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al tres por ciento de las inscritas en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas. Es decir, se requerirían 2.7 millones de firmas. Y hasta el momento la autoridad electoral sólo ha validado un millón 308 mil 375 firmas, según el reporte que brindó el lunes pasado.

No obstante, el Presidente ha señalado que hasta el momento se han entregado al rededor de 10 millones de firmas, las cuales —de ser aceptadas— superarían el número requerido por el Instituto.

Otro de los puntos a considerar en la Revocación de Mandato es que sólo podrá solicitarse, por una sola ocasión, durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de quien ostente la titularidad del Ejecutivo Federal por votación popular.

Los críticos consideran que se trata de un ejercicio que no es necesario en estos momentos, aunque el Presidente ha insistido en que es un acto de gran importancia. Incluso le dedicó varios minutos al tema durante su Tercer Informe de Gobierno: pidió no dejar pasar a la derecha a México y dejar un precedente, que sería la revocación de mandato.

“En abril del año próximo, vamos a probar de nuevo qué tanto respaldo tiene nuestra política de transformación; sabremos si vamos bien o no; con la consulta para la Revocación del Mandato, se le preguntará al pueblo, que es el soberano, el que manda, si quiere que yo continúe en la Presidencia o que renuncie. Este ejercicio, este método creado por nosotros, elevado a rango constitucional, no solo resolverá si me voy o me quedo; establecerá además el procedimiento para hacer realidad el principio de que el pueblo pone y el pueblo quita. Es sembrar, establecer en nuestro país un precedente, nada de que me eligieron por seis años y puedo hacer lo que me dé la gana: no”.

Y agregó en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre: “El pueblo tiene que mantener todo el poder en sus manos, si un gobernante no está a la altura de las circunstancias y no manda obedeciendo al pueblo: Revocación del Mandato y para afuera. Por eso llamo a participar a todas y todos los mexicanos, militantes de partidos o ciudadanos apartidistas, para poner en práctica el método de la Revocación del Mandato, hasta convertirlo en hábito democrático”.

UNA CONSULTA TROPEZADA

El 1 de noviembre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió impugnaciones presentadas sobre el proceso de Revocación.

Por mayoría de votos, se estableció que el INE debía modificar algunos lineamientos como el entregar formatos físicos para la recolección de firmas y no sólo utilizar dispositivos electrónicos, para que así la ciudadanía interesada pudiera contar con la posibilidad de elegir el medio que más les convenga.

¿De dónde surgió esta impugnación? El 5 de octubre pasado, el INE se refirió a los señalamientos que afirman que el organismo presuntamente “incumple con la Ley al no permitir la recolección de firmas para la Revocación de Mandato en papel”, con excepción de 204 municipios.

El INE añadió que la “Constitución establece la facultad al Instituto de determinar los formatos y medios para recabar las firmas de la Revocación de Mandato”, por lo que el Instituto no está obligado a “permitir la recolección de firmas en papel en todo el territorio nacional”.

Para convocar a la revocación de mandato es necesario que quienes la promuevan presenten las firmas del 3 por ciento de las personas inscritas en la Lista Nominal de Electores, correspondientes a 17 entidades y que representen, como mínimo, ese porcentaje de las listas nominales locales.

La decisión generó inconformidad ya que el partido Morena dijo que no se podía garantizar que en todo el país hubiera aparatos electrónicos para que la gente firmara. Un mes después, el Tribunal dio la razón a este argumento. Y arrancó la recolección.

También en septiembre se dio a conocer la papeleta que se utilizará en caso de que se cumpla con el mínimo requerido de firmas. Será un papel color rosa con una sola pregunta, que fue aprobada por el Senado de la República:

“¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

A esto se podrá responder una de dos opciones:

“Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la Presidencia de la República”.

PROBLEMAS POR EL PRESUPUESTO

Uno de los temas principales que hubo en la discusión del Paquete Presupuestal para 2022 fue el recorte de recursos al INE.

«El INE también quiere realizar la Revocación de Mandato, pero quiere hacerlo conforme a la ley y para eso las condiciones en las que se nos han colocado, nos colocan en una imposibilidad”, dijo Lorenzo Córdova, Consejero Presidente del INE el 17 de diciembre pasado, día en el que el Consejo General determinó posponer la consulta, medida que no prosperaría con la suspensión provisional de la Corte.

El recorte que aprobó la Cámara de Diputados fue de 4 mil 900 millones de pesos. Córdova ha dicho que el INE hará todo lo posible para llevar a buen puerto la Revocación de Mandato, pero que no pondrá en riesgo otros derechos políticos, derechos laborales del personal del Instituto ni actividades sustanciales.

El Presidente López Obrador ha asegurado, a su vez, que el órgano electoral tiene recursos suficientes para realizar la consulta de Revocación de Mandato pese al recorte y les recomendó llevar a cabo un plan de austeridad, que se bajen el sueldo, porque los consejeros ganan más que él y también disminuirle a los viáticos, a las comidas y los vinos, y a todos los gastos superfluos. Incluso planteó que la ciudadanía —en caso de que el INE optará por no realizar la consulta— se organizará y la celebrara.

Lo cierto es que esa batalla aún no termina. El 8 de diciembre, el INE presentó a la Suprema Corte a través de una controversia constitucional para que la Cámara de Diputados otorgue mayor presupuesto al organismo.

A través de un comunicado, el Instituto anunció que promovió la controversia en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación.

El Instituto explicó que el recorte careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal e impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato.

En ese documento agregó que en la solicitud de su presupuesto para 2022 incluyó un monto como “presupuesto precautorio” para la realización de una revocación de mandato como de una nueva consulta popular.

Pero luego vino un forcejeo entre el INE, la Corte y la Cámara de Diputados. El pasado 22 de diciembre, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro interpuso una denuncia ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia de la FGR, en la que se acusa a los consejeros del INE de delitos como presunta coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Los consejeros del INE rechazaron las denuncias penales que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso en contra de los integrantes que votaron a favor de posponer la Revocación de Mandato. Posteriormente, el día de ayer, el legislador desistió de su denuncia ante las críticas que recibió, una de ellas la del Presidente.

Mientras que el lunes 27, la Comisión de Receso de la Suprema Corte, integrada por las ministras Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Mossa, aceptó la controversia constitucional que interpuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República contra el acuerdo del INE de aplazar la Revocación de Mandato.

Este es ya el segundo recurso al que le da entrada, luego de que el jueves pasado hiciera lo mismo con la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados para que el INE se abstenga de ejecutar un acuerdo con el que buscaba posponer todas las actividades relacionadas en la organización de este proceso.

La última palabra la tendrá la Suprema Corte, una vez que retome sus labores a inicios del próximo año y discuta a fondo el asunto.