El Instituto explicó que en la solicitud de su presupuesto para 2022 incluyó un monto como «presupuesto precautorio» para la realización de una revocación de mandato como de una nueva consulta popular.
Ciudad de México, 7 de diciembre (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una controversia (recurso) constitucional, que ordene a la Cámara de Diputados otorgar mayor presupuesto al organismo.
«El INE promovió este martes una demanda de controversia constitucional ante la SCJN en contra del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, publicado el 29 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación», expresó el organismo electoral en un comunicado.
En dicho decreto, añadió, la Cámara de Diputados resolvió, entre otros aspectos, aplicar un recorte por 4 mil 913 millones de pesos al presupuesto originalmente solicitado por el INE.
«El recorte determinado por el Legislativo, que careció de motivación o justificación alguna en el decreto presupuestal, impide el ejercicio pleno de las atribuciones constitucionales a las que está obligada la autoridad electoral, en particular, la realización de un eventual proceso de Revocación de Mandato que, en caso de ser solicitado por la ciudadanía, requiere de 3 mil 830 millones de pesos para llevarse a cabo», concretó el INE.
Con el objetivo de fomentar la democracia directa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una iniciativa aprobada en el Congreso para que a mitad de su mandato se convoque una consulta ciudadana para que los mexicanos decidan si debe seguir en el cargo o dimitir.
El Instituto explicó que en la solicitud de su presupuesto para 2022 incluyó un monto como «presupuesto precautorio» para la realización de una revocación de mandato como de una nueva consulta popular.
En 2021, la autoridad electoral, que comenzó a independizarse del Gobierno en la década de 1990, promovió otra controversia constitucional sobre la consulta popular para conocer si se debía o no proceder contra actores políticos del pasado.
La Corte determinó entonces que el INE tenía la «obligación de prever» los recursos suficientes para este tipo de ejercicios de participación ciudadana que se contemplan en la Constitución.
«El INE reitera que tiene toda la disposición y cuenta con toda la experiencia necesaria para llevar a cabo, como es debido, este ejercicio de participación ciudadana», añadieron.
El Instituto terminó el comunicado expresando su confianza hacia las instituciones de justicia del país y dijo «contar con suficiencia presupuestaria que garantice los principios constitucionales de legalidad y certeza».
Tradicionalmente, la izquierda mexicana, que ahora controla el Gobierno federal y el Congreso, había batallado para conseguir un órgano electoral independiente tras las constantes acusaciones de fraude electoral contra los Gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El 1 de diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador fue investido presidente prometió que se acabaría la «vergonzosa tradición» de fraudes y las elecciones serían limpias y libres.
Sin embargo, en lo que va de su gobierno, el mandatario mexicano ha tenido constantes enfrentamientos con el INE, pues ha puesto en duda la imparcialidad del instituto e incluso ha insistido en varias ocasiones en promover una reforma electoral para hacer una renovación completa del organismo.
