Carlos A. Pérez Ricart
30/11/2021 - 1:03 am
¿En qué va la demanda contra armeras en EU?
«La respuesta a la demanda por parte de las empresas y hecha pública el lunes pasado confirmó dos cosas: aunque el camino es cuesta arriba, una victoria mexicana no es inverosímil. Aquí David le puede ganar a Goliat —aunque necesitará más que una honda y una piedra para ello».
Es un esfuerzo jurídico y político sin precedentes. La demanda mexicana contra varias compañías productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos es el mayor intento realizado por el Estado mexicano para detener el flujo de armas provenientes de aquel país.[1] A continuación, un recuento de lo sucedido desde el 4 de agosto, fecha en que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó la demanda ante la Corte del Distrito de Massachusetts y el pasado 22 de noviembre, día en que las empresas respondieron al alegato mexicano.
Empecemos por el principio. El 4 de agosto de este año, el Gobierno de México acusó a once empresas distintas de conducirse en forma negligente al diseñar, producir, distribuir y comercializar sus armas. La negligencia con la que se conducen estas compañías —según la lógica de la demanda— facilita que todos los días se trafiquen alrededor de 600 armas de manera ilegal a México y terminen en manos del crimen organizado.
Son varios los puntos que ataca la demanda, pero pueden sintetizarse en tres áreas: diseño y producción, distribución y venta, y publicidad y comercialización. En el primer campo identifico los siguientes argumentos: a pesar de que existen tecnologías para ello, las armas no tienen dispositivos que impidan su uso por personas distintas al comprador, que faciliten su trazabilidad o impidan su fácil modificación para aumentar su poder de fuego. En el área de la distribución y venta, la crítica es que las empresas distribuyen y venden sus productos a toda tienda con licencia para vender armas, sin importar si esta ha sido investigada por haberse coludido en el pasado con traficantes. Además, toleran (e incentivan) ventas múltiples a compradores recurrentes y previsiblemente asociados a redes criminales. Esto es: saben que sus armas son parte del tráfico ilegal y no solo no les importa, abastecen precisamente a ese mercado. Por último, con relación al área de publicidad y comercialización, la demanda sugiere que los departamentos de venta de las empresas enfatizan las “características militarizadas” de las armas, y hacen uso de motivos mexicanos especialmente atractivos para usuarios al sur de la frontera. Esto solo puede significar una cosa: las compañías saben que su mercado está en México. No lo esconden. No les importa. Son negligentes.
Era previsible que el camino legal de una demanda de este calado iba a estar lleno de espinas. No es fácil ganar una demanda en Estados Unidos; mucho menos cuando se hace contra uno de los grupos de presión más grandes del mundo, con excelentes relaciones entre los congresistas de ese país y con abundantes recursos para pagar abogados. La respuesta a la demanda por parte de las empresas y hecha pública el lunes pasado confirmó dos cosas: aunque el camino es cuesta arriba, una victoria mexicana no es inverosímil. Aquí David le puede ganar a Goliat —aunque necesitará más que una honda y una piedra para ello.
¿Qué argumentan las empresas armamentistas? Muchas obviedades, algunas con mayor sentido que otras; y, sin embargo, afortunadamente, casi todas fáciles de contra replicar para la Consultoría Jurídica de la SRE. A continuación, resumo los argumentos de las empresas en cuatro puntos.
Dicen, en primer lugar, que todas las acusaciones de la demanda nacen del hecho de que son criminales quienes compran ilegalmente la armas, que son criminales quienes las introducen de manera ilegal a México y que son criminales quienes hacen uso indebido de las mismas en territorio mexicano. Todo el daño narrado en las 130 páginas de la demanda, dicen, es 100 por ciento atribuible a actividad criminal de gente que de ningún modo está relacionada con las empresas. El razonamiento es fácilmente rebatible.
Argumentan, también, que la demanda no cumple con el “umbral de evidencias suficientes” para iniciar una acción legal. Según la respuesta de las armerías, la demanda mexicana está repleta de presunciones, pero no presenta evidencias concretas que muestren responsabilidad alguna por parte de los acusados. Etiquetan la evidencia mexicana como “vaga y “llena de conjeturas”. Esto es sencillamente falso y una somera revisión a la demanda original basta para desvirtuar el argumento.
Dicen, en tercer lugar, que existe un argumento de legitimación procesal activa. Según las empresas, el Gobierno de México no solo no puede acreditar que ha sufrido directamente un daño por parte de las empresas demandadas, sino que no puede demandar. Así sin más, las empresas piden a la Corte que desestime de inicio el caso y ni siquiera entre al fondo del asunto porque México no ha probado que tiene derecho a una reparación. En este sentido presentan dos argumentos: uno tiene que ver con la larga cadena que inicia con la compra de un arma y que termina con el acto criminal (lesión u homicidio) y otro que tiene que ver con el hecho de que México se considere víctima de crímenes cometidos en su territorio o en contra de su población. En ambos casos, el Gobierno tiene suficientes elementos para hacer frente a los razonamientos.
Por último, las empresas sostienen que la famosa ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA)– hace improcedente la demanda. Esta ley —que es, en la práctica y en la teoría, inmoral y resultado de una arbitrariedad— vuelve prácticamente inmune a la industria armamentista ante demandas por daños ocasionados por sus productos. La Cancillería mexicana defiende que PLCAA no resulta aplicable para crímenes cometidos fuera de la frontera de los Estados Unidos y que, por tanto, no evita la procedencia de este litigio particular. Las distribuidoras y fabricantes de armas consideran lo contrario. Este debate, aparentemente trivial, será el mayor obstáculo que tendrá que sortear, al menos en primera instancia, la demanda mexicana. Es la primera vez que un Gobierno extranjero hace este tipo de demanda y, por tanto, aquí el pronóstico debe ser más cauteloso.
¿Qué sigue? La etapa de la “esgrima jurídica”; la etapa de los alegatos y el debate; la hora de los especialistas. Tocará esperar al próximo 31 de enero para conocer la contrarréplica del Gobierno de México a los argumentos de las armadoras y al 28 de febrero para revisar la respuesta final de las empresas demandadas; será, sin embargo, hasta mediados de 2022 en que conoceremos si la Corte Federal de Massachusetts admite o no la demanda; luego, solo mucho tiempo después, sabremos la decisión de los jueces.
La moneda está en el aire. En esta columna seguiremos su vuelo esperando, claro, que no caiga cruz. David puede ganar a Goliat. Sería un acto de justicia.
[1] Sobre el tema escribí dos artículos. Uno de ellos en este mismo espacio:
Carlos A. Pérez Ricart, ¿Movimiento audaz de la Cancillería?, Sin Embargo, 24 de agosto de 2020.
https://www.sinembargo.mx/24-08-2021/4018160
Carlos A. Pérez Ricart, Eugenio Weigend, Raúl Zepeda Gil, Luces y sombras de la demanda mexicana contra las armerías estadunidenses. Véase: https://seguridad.nexos.com.mx/luces-y-sombras-de-la-demanda-mexicana-contra-las-armerias-estadunidenses/
Carlos A. Pérez Ricart
Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.
https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/
El autor nos presenta que la demanda de México contra las armeras estadounidense está suficientemente motivada y que el principal obstáculo es una Ley interna que protege a éstas empresas contra demanda por daños de sus productos. En mi opinión el debate aislado sobre ésta demanda carece de importancia para el ciudadano de éste país, porque la disminución del abasto no disminuirá la delincuencia organizada. En otras palabras las armas son instrumentos del crimen organizado, y dado que el estado participa en él activamente y es ésta relación de complicidad de beneficios económicos y políticos recíprocos donde reside su fortaleza, no en las armas.
Volviendo al punto de que las armas son un instrumento para matar y lesionar, también sirven para prevenir y disuadir. Algunas comunidades de Chiapas ante el vacio de poder del estado que no los protegen se han armado y organizado en grupos de autodefensas como el “machete” y han logrado detener los abusos de la delincuencia organizada. En otras comunidades de éste estado las armas han servido para reinvindicar por la fuerza conflictos agrarios porque la ausencia del estado lo permite, otra historia fuera si la gente de Aldama, los agredidos, estuviesen armados, los paramilitares lo pensarían dos veces antes de disparar contra sus vecinos. Las agresiones no sucederían. Otro ejemplo son las denominadas autodefensas de Michoacán donde los ciudadanos se armaron con la ayuda de grupos del crimen organizado para frenar a los grupos rivales y esto fue sancionado, aprobado y fomentado por el gobierno federal. Hoy representan una fuerza armada que a nivel convencional pueden enfrentarse con éxito al estado. Es preciso decirlo en Chiapas las armas frenan a los delincuentes, en Michoacán frena al estado, y evitan que un grupo domine a otro. En ambos casos , en Chiapas y en Michoacán el estado ha sido incapaz de dar seguridad al ciudadano, con la diferencia que el crimen organizado en Michoacán tiene relaciones sólidas con el estado en base a beneficios económicos mutuos. Es decir las armas como instrumentos pueden servir para defender una comunidad o para sostener negocios lucrativos. Es pues la acción o la omisión de las obligaciones del estado que dan relevancia a la posesión de armas en México y lo que ocasionan que éstas fomenten un problema de ingobernabilidad, pero hay que repetirlo esto lo causa el estado mismo.
En este orden de ideas la demanda es muy lucidora en términos políticos , pero también es muy hipócrita ya que en el fondo le servirá gane o pierda, para establecer omisiones o acciones mutuas según lo determinen los EU, es decir si gana México te apoyo con el tema del narcotráfico ( lo cual será una simulación, y será un éxito redondo para los políticos demócratas norteamericanos ) ; si pierde México cómo apoyarte si tus armas me lo impiden! ( un éxito para los derechos estadounidenses) . Este gobierno piensa que los estados unidos, su gobierno y sus partidos políticos no tienen medido al gobierno mexicano y sus aspiraciones políticas rumbo al 2024 , que buscan un chivo expiatorio y/o aliados en los contendientes a la presidencia de los EU. Por su parte también en 2024, habrá elecciones en EU y todos los intereses saldrán ganando de cualquier manera. Esto de la demanda del gobierno de México contra la industria de las armas en EU, es un show mediático de poca relevancia para el tema del combate a la delincuencia organizada que es más que tráfico de armas y drogas. Luego entonces es peligroso culpar a las armas de la inseguridad y aún más participar de un show mediático que tiene evidentemente fines políticos y que deliberadamente no combate integralmente a la delincuencia organizada en México.
«porque la disminución del abasto no disminuirá la delincuencia organizada» No me imagino como podrían realizar las mismas actividades o enfrentar a las fuerzas públicas con resorteras.
No progresara, la demanda, esta muy chata y EEUU es papa de la basura tabasqueña. Marcelo fue hacer el ridículo.
Que bién que siga su cauce por buen camino la demanda solamente prianistas resentidos no apoyan estas acciones.