Blindar proyectos del Gobierno federal puede incurrir en trato asimétrico: Cofece

Tal como lo expuso la Comisión, que los proyectos referidos en el acuerdo emitido el pasado 22 de noviembre sean considerados de interés público y seguridad nacional, no debería interpretarse como una causal de excepción a la licitación pública «en el marco de la normativa de adquisiciones y obra pública en las contrataciones públicas relacionados con los mismos».

Ciudad de México, 25 de noviembre (SinEmbargo).– La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) advirtió que hay posibles riesgos en materia de competencia y libre concurrencia derivados del acuerdo que recientemente emitió el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el cual busca blindar los proyectos y obras que impulsa su Gobierno.

Por medio de un comunicado de prensa, la Comisión expuso que el acuerdo otorga un trato preferencial a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal, lo cual supone que existiría un trato asimétrico y preferente entre proyectos públicos y privados.

«En razón de que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal –de manera inconsistente con las leyes aplicables en diversas materias– a otorgarles una autorización provisional de 12 meses con relación a los dictámenes, permisos o licencias necesarios para su realización en un plazo máximo de cinco días hábiles, y en caso de no ser emitida, establece como consecuencia la afirmativa ficta, sin que ello en todos los casos esté plenamente justificado en consideraciones de riesgo a la seguridad nacional o el interés público. Esto podría otorgar trato asimétrico y preferente respecto de proyectos públicos y privados, a propósito del cumplimiento de trámites y requisitos establecidos en función de riesgos», se lee en el documento de la Cofece.

Además, la Comisión destacó que, conforme al acuerdo, «que un proyecto sea declarado de interés público y seguridad nacional, no implica que las contrataciones relacionadas encuadren como una excepción a la licitación conforme a los artículos 41, fracciones II y IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 42, fracciones II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas».

En ese sentido, el organismo señaló que en todo caso, el Gobierno debería privilegiar el uso de la licitación pública a fin de que el Estado esté en posibilidad de conseguir las mejores condiciones de contratación. «Las excepciones deben responder a casos específicos y delimitados, donde exista una racionalidad clara de peligro, riesgo o alteración a la seguridad pública conforme a la normatividad aplicable», insistió.

Finalmente, la Cofece reafirmó su compromiso de mantenerse vigilante ante actos públicos o privados que puedan afectar las condiciones de competencia, en perjuicio del funcionamiento eficiente de los mercados y en detrimento del bienestar del consumidor.

¿DE QUÉ VA EL ACUERDO?

López Obrador declaró el pasado lunes 22 de noviembre por la tarde de interés público y seguridad nacional “la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”, incluidos el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y otros.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), edición vespertina, el acuerdo indica que los proyectos incluidos son “de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.

Además, el acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados.

“La autorización provisional será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo”, añade el segundo apartado.

También la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva, precisa el acuerdo.

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Asimismo, en el Segundo Transitorio señala que las erogaciones que se generen luego de la entrada en vigor de este acuerdo, serán cubiertas “con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal de que se trate”, por lo que aseguró que “no se autorizarán recursos adicionales” para dicho ejercicio fiscal y los que siguen.

En su argumentación para tomar la decisión, el acuerdo precisa que “México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores” antes mencionados “que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país”.