El Gobierno federal, la Fiscalía General de la República y la administración actual del Conacyt denunciaron en los últimos meses que grupos de científicos se beneficiaron por años de lujos e ingresos que no se destinaron al crecimiento de la ciencia en México.
–Con información de Obed Rosas
Ciudad de México, 18 de diciembre (SinEmbargo).- Las autoridades evidenciaron en el último año a un sector de la comunidad científica mexicana por violar los principios de austeridad que impulsa el Gobierno federal, como el caso del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que, de acuerdo con investigaciones, invirtió millones de pesos en actividades ajenas a la ciencia como viajes, compra y mantenimiento de inmuebles, mientras que extrabajadores despedidos denunciaron gastos innecesarios en la Academia Mexicana de Ciencias (AMC).
El Presidente Andrés Manuel López Obrador incluso se pronunció públicamente al asegurar que en gobiernos anteriores a una parte de la comunidad científica les pagaban “hasta para sus lujos” y mantenían buenas relaciones con el poder por «una especie de chantaje”.
A estas críticas se suman los cuestionamientos de científicos como Jean-François Parrot, exintegrante de una Comisión Revisora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), para evitar que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) excluya a académicos solo por tener menos recursos para realizar investigaciones o por laborar en universidades privadas, como ha denunciado la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.
Las críticas a la comunidad científica cobraron fuerza en septiembre, cuando el Conacyt confirmó que denunció al Foro Consultivo (FCCyT) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por «posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias desde fideicomisos del Consejo.
Sin embargo, investigadores calificaron de desproporcionada la respuesta de la FGR, pues la dependencia mantiene denuncias contra 31 de ellos por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
“Cuál es el meollo, no lo sé, no puedo entender esta magnitud tan exagerada de crimen organizado. Que nos revisen las cuentas, yo no tengo ningún problema, tengo la conciencia totalmente tranquila”, dijo Gabriela Dutrénit, coordinadora del Foro Consultivo entre 2012 y 2014, en una entrevista realizada en septiembre por Alejandro Páez y Álvaro Delgado para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire.
De acuerdo con el Conacyt, la disputa legal comenzó en 2019, cuando el Foro Consultivo solicitó recursos anuales por 50 millones de pesos que les negaron “bajo los principios de la austeridad republicana”.
Y aunque el Poder Judicial ya rechazó en dos ocasiones las peticiones de la FGR para librar ordenes de aprehensión, la dependencia anunció también en septiembre que solicitará por tercera vez la detención de los 31 científicos e investigadores acusados.
Mientras que seis excoordinadores del Foro Consultivo consideraron que las acusaciones de la FGR son “sorprendentes e infundadas“, pues durante años el Conacyt dio el visto bueno al uso de los recursos.
????ESTIMADOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD,
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
OPINIÓN EN GENERAL????
Sobre las sorprendentes e infundadas acusaciones de ilegalidad del #ForoConsultivo señalamos de manera precisa y puntual lo siguiente:https://t.co/TPOeZIB1GJ pic.twitter.com/XUzZZm1X5s— FCCyT ?? (@foroconsultivo) September 24, 2021
En los últimos meses también la relación de la comunidad científica con autoridades ha sido criticada, por ejemplo, luego de que la activista Cristina Auerbach recordó que el FCCyT, por petición de Javier Lozano, exfuncionario federal, estuvo a cargo del dictamen con el que el Gobierno de Felipe Calderón frenó el rescate de los mineros atrapados en el derrumbe de Pasta de Conchos.
A todo ello se suma la corrupción que perciben investigadores y donde, dicen, el mayor ejemplo ha sido la conformación de una Comisión Especial que permitió el ingreso al SNI con el Nivel 3 del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a pesar de que ya había sido rechazado en años anteriores porque no cumplía con los requisitos.
RECURSOS, VIAJES Y UNA PROPIEDAD
Por otra parte, la Academia Mexicana de Ciencias, que utiliza como sede “El Partenón” —construido por el polémico jefe de policía Arturo Durazo Moreno “El Negro” a finales de la década de los 70 y un signo de la corrupción en México—, ha recibido críticas de extrabajadores que a más de un año de sus despedidos no han sido liquidados, mientras que algunos científicos siguen cobrando altos salarios.
En mayo de 2020 la AMC le notificó a 50 trabajadores que ya no tenían recursos para seguir pagando sus salarios, esto luego de cinco meses de mantener retenidos sus pagos, y aunque los despidieron siguen sin pagar sus liquidaciones.
“Ellos hasta la fecha argumentan la falta de recursos, pero bueno, en varias investigaciones por el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) sale que están recibiendo dinero hasta de la UNAM. Entonces no vemos por qué no tienen dinero para poder pagar nuestras liquidaciones, pero sí pueden seguir pagando sueldos de hasta 100 mil pesos de la Coordinadora, por ejemplo”, denunció la extrabajadora Basty Acosta Mayorga el 29 de septiembre en el programa “Los Periodistas”, de SinEmbargo Al Aire.
Acosta Mayorga y el grupo de trabajadores despedidos acusan a la AMC de gastar millones de pesos al año en mantenimiento del “El Partenón”, dinero que podría invertirse en la divulgación de la ciencia.
“En cuanto a todo lo que ha salido del despilfarro del Foro Consultivo, pues es exactamente lo mismo que pasa en la Academia Mexicana de Ciencia porque sí hacen divulgación de la ciencia, pero su materia prima no es el desarrollo tecnológico, nada más se encargan de divulgar la ciencia y a través de estos programas pues consiguen todo este financiamiento público”.
“Pero de ahí a que se esté derrochando en el mantenimiento de un elefante blanco que es actualmente ‘El Partenón’, que era del ‘Negro’ Durazo y mide 6.6 hectáreas y se gastan medio millón de pesos en puro mantenimiento, pues eso de nada le sirve al pueblo mexicano para aplicación de la ciencia. Eso es dinero que se va a la basura”, opinó.
Además de la AMC, los excesos de recursos también han sido denunciados en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Informes de la asociación civil creada en 2002 como un órgano autónomo de consulta del Ejecutivo Federal muestran que recibió a través del Conacyt 455 millones 384 mil 179.29 pesos desde 2003 hasta 2018, en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Ya en el Gobierno del Presidente López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de junio de 2019, el Foro Consultivo ejerció 50 millones de pesos con autorización del Conacyt, de acuerdo con una auditoría realizada por la Secretaría de la Función Pública y que fue citada por el el diario El País en noviembre de este año.
Desde 2020, previo a que se conociera la disputa legal que mantienen el FCCyT y el Conacyt, la organización PODER reveló que sólo durante ese año académicos que dirigían la asociación civil reportaron en sus gastos viajes internacionales con destinos como “Bruselas, China, Colombia”, compras de carnes frías, desayunos en restaurantes lujosos como el Saks de Polanco, gasolina para autos, servicios de estacionamiento, equipos celulares, tintorería y líneas telefónicas particulares.
La investigación de Ricardo Balderas expuso que las titulares del FCCyT se beneficiaron con altos salarios, como en el caso de la secretaria técnica Adriana Ramona Guerra Gómez, quien en 2018 percibió 53 mil 850 pesos quincenales, es decir, mil pesos menos que el sueldo mensual del Presidente López Obrador.
«En tan sólo un año (2019) la Asociación Civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico reportó haber erogado 2,201,537 pesos sólo en gastos dirigidos a Guerra Gómez. Fue ella quien viajó a Beijing, China, con cargo al erario, además de que contrató servicios de comidas en el extranjero», menciona el reportaje de PODER.
La organización destaca el caso de Julia Tagüeña Parga, quien en 2020 era coordinadora del Foro Consultivo, y en su gestión autorizó el pago de nóminas personales, tintorería, servicios personales, pago de telefonía celular, gasolina y hasta pago de impuestos con cargo al Fondo Institucional del Conacyt, aunque, de acuerdo con los reglamentos internos, esto no está permitido.
La investigación de Ricardo Balderas también alertó por la compra irregular en 2015 de un inmueble ubicado en una zona residencial de la colonia Coyoacán, Ciudad de México, pues detalló que su adquisición contraviene a las leyes de Ciencia y Tecnología y la Orgánica del Conacyt, ya que no otorgan personalidad jurídica al Foro Consultivo, y sin ella la asociación no puede realizar compras y contrataciones; a eso se suma que en ninguno de sus informes se reportó la adquisición de fondos para comprarla.
PODER mostró que los aproximadamente 30 millones de pesos que habría costado la vivienda provinieron de un contrato para investigar lo ocurrido con el desastre minero en Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México.
“El dinero para comprar esta casa lo obtuvieron con unos negocios que obtuvieron por la catástrofe de Pasta de Conchos. Uno de los abogados de los mineros me comentaba que, efectivamente, el Foro Consultivo era este grupo de académicos que estaban en contra del rescate de los mineros atrapados […]. Ellos recibieron dinero por la aprobación de los dictámenes técnicos”, abundó Ricardo Balderas en una entrevista con Romina Gándara para “Café y Noticias”, noticiero matutino de SinEmbargo al Aire, realizada en septiembre.
Días después, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, también acusó en “Café y Noticias” a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de crear su propia “verdad histórica” para no rescatar a los mineros que quedaron atrapados usando argumentos del dictamen que elaboró el Foro Consultivo.
La activista criticó que aunque el dictamen del FCCyT no especificaba que no podían rescatarse los cuerpos de los 65 trabajadores, la asociación no se pronunció.
“Apelo a que se investiguen las consecuencias del trabajo del Foro, de sus silencios y de los que Javier Lozano hizo. Es decir, Javier Lozano utilizó recursos públicos para construir su propia verdad histórica de que no se podía entrar a la mina, lo cual era absolutamente falso y permitir que la empresa se quede con los cuerpos de las familias. Creo que se tiene que investigar lo que pasó”.
VÍNCULOS CON EL PODER
Además de la responsabilidad de Javier Lozano en el caso Pasta de Conchos y su relación con académicos, la investigación de PODER recordó el vínculo que han mantenido exintegrantes del Foro Consultivo con políticos mexicanos.
Un caso que ejemplifica esta relación es el de José Luis Fernández Zayas, coordinador del Foro Consultivo entre 2004 y 2008 durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuando la asociación recibió millones de pesos para investigar lo ocurrido con el desastre minero, además, el ingeniero fue uno de los defensores de la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto desde el Instituto de Investigaciones Eléctricas.
En el sexenio priista Fernández Zayas se desempeñó como director del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y fue director general de Investigación Científica y Tecnológica y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía.
Como organización, el Foro Consultivo incidió durante años en el Congreso, muestra de ello fue que en 2014 promovió la creación de la Ley general de instituciones y procedimientos electorales que ordena beneficiar al Conacyt con las multas electorales que se imponen a los partidos y políticos, lo que también aplica en las entidades y municipios.
Mientras que durante la gestión actual del Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, investigadores han criticado al consejo porque conformó fuera del reglamento una Comisión Especial que permitió en abril pasado el ingreso al SNI con el Nivel 3 del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, a pesar de que cinco comisiones dictaminadoras en años anteriores habían opinado en contra porque no cumplía con los requisitos.
INVESTIGADORES PIDEN TRATOS IGUALITARIOS
La forma en la que opera el SNI también ha recibido críticas por no favorecer a la ciencia mexicana e imponer criterios para ingresar y permanecer en el Sistema que suelen contemplar las condiciones precarias en las que trabajan las y los científicos del país.
Jean-François Parrot, investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien en 2020 formó parte de la Comisión Revisora del Área 1, encargada de aprobar y rechazar el trabajo de los científicos que se postulan al SNI, criticó en entrevista que los requisitos que deben cumplir los aspirantes son principalmente de carácter burocrático, como tener cierta cantidad de publicaciones, lo que impide a sus integrantes concentrarse en los resultados de sus estudios, a ello se suma que trabajan con bajos salarios.
El académico explicó, además, que para mantener los beneficios deben producir artículos, principalmente en inglés, y aumentar el número de estudiantes a su cargo, algo que tampoco les garantiza que podrán jubilarse con un buen salario.
“Los investigadores se la pasan tratando de encontrar dinero para seguir trabajando, por lo que buscan subsidios, entrar en proyectos e invierten un tiempo fantástico que se puede consagrar a la investigación. Lo peor de todo es que esto empuja a muchas personas a obtener estos recursos de cualquier manera, aprovechándose de redes de clientelismo, sobre todo tienen una actitud de arribismo o de oportunismo para tratar de obtener ese dinero (…). El que se les trate como niños que necesitan incentivos para trabajar no favorece para nada a la ciencia”, mencionó.
Otro sector que ha hecho pública su preocupación es el de los investigadores nacionales de universidades privadas, pues en mayo pasado el Conacyt anunció que retirará el estímulo económico que como miembros activos del Sistema Nacional de Investigadores recibían casi mil 600 de ellos adscritos a instituciones privadas, algo que fue frenado por un Juez federal, quien sentenció que la medida tomada vulnera los derechos de los académicos, pero aún no hay un pronunciamiento del Conacyt que garantice que la medida no se aplicará.
«Esperamos que el reglamento que discrimina a los investigadores de las universidades particulares eventualmente sea cambiado para que desaparezca por ser violatorio inconstitucionalmente, esperamos haya oportunidades de diálogo porque la discriminación se hace por el solo hecho de ser de una universidad particular, no hay otra razón», lamenta en entrevista Rodrigo Guerra López, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior.
En los últimos meses el gremio de científicos e investigadores ha exigido que el Conacyt escuche sus peticiones previo a que se discuta en el Congreso una nueva Ley de Ciencia y Tecnología, mientras que desde octubre la FGR citó a comparecer a investigadores y exfuncionarios del Foro Consultivo acusados por delincuencia organizada.
