Fallos judiciales en favor de libertades de las mujeres radicalizan a la ultraderecha

Los grupos más conservadores buscan el control de los congresos en los Estados para frenar las leyes que garantizan los derechos de la mujer. Este reportaje forma parte de la serie latinoamericana “Poderes no santos”, que investiga el avance de las medidas ultraconservadoras contra los derechos sexuales y reproductivos en Argentina, Perú, Brasil, Colombia y México.

Por Kennia Velázquez
Integrante de Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, Connectas Hub y fundadora del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública.

Ciudad de México, 15 de noviembre (POP Lab).- Este es el hígado, esta su pancita y en el medio se ve el corazón”, dijo el médico que realizó un ultrasonido a una adolescente de 15 años, exponiendo el embarazo de 38 semanas de la menor de edad ante cinco mil personas en la capital de México. Lo hizo durante el cierre de la Marcha por la Mujer y la Vida Humana, convocada el pasado primero de octubre por la Conferencia del Episcopado Mexicano en respuesta a las históricas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de México que despenaliza el aborto en este país en todas sus formas.

A pesar de las críticas en medios y la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la exposición de la adolescente, los organizadores del acto público señalaron que les parecía más grave lo fallado por la Suprema Corte de Justicia. Un sacerdote de Coahuila propuso, incluso, matar a las mujeres que interrumpen su embarazo, “porque una mujer que aborta ya no sirve para nada, está hueca: moral, físicamente y psicológicamente”, insistió.

El fallo de la Corte Suprema de México determina que es inconstitucional la penalización del aborto voluntario, pero se refiere únicamente a lo que establece el Código Penal del Estado de Coahuila. Sin embargo, sí establece un precedente para el resto del país. La Corte además pidió que se establezcan lineamientos para la objeción de conciencia, pues esta no puede poner en riesgo el derecho a la salud de las mujeres.

El camino legal y legislativo para que este fallo se haga válido en todo el país aún es largo y complejo, explican los abogados expertos en derechos humanos.

Con la resolución de la Corte, ningún juez federal o local puede procesar a una mujer que haya interrumpido voluntariamente su embarazo; aunque los congresos de cada Estado y el federal no tienen la obligación de cambiar los códigos penales o las constituciones. Sin embargo, las autoridades locales ahora pueden legislar sobre el tema amparados en los criterios legales avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este contexto, será en las cámaras donde se de la disputa por llevar a la jurisprudencia local lo resuelto por la Corte.

En la Cámara de Diputados, el 55 por ciento de los legisladores pertenecen al partido oficialista Morena y a sus aliados, los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México. Y los principales opositores al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son la alianza conformada por Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y la Revolución Democrática (PRD). Estos tres últimos tienen el 40 por ciento de diputados y diputadas. Sólo el 5 por ciento restante pertenece a Movimiento Ciudadano, organización que impulsa una agenda más amplia en torno a derechos para las mujeres.

Mientras que en el Senado de la República, hay 76 senadores afines al Gobierno, 40 de la alianza opositora, 8 de Movimiento Ciudadano y 4 independientes.

En México, Morena, el partido del presidente, se define como de izquierda, pero en su bancada hay legisladores conservadores. Mientras que con el PAN “hay tensión entre los varios grupos que existen, no es un partido tan homogéneo, es un partido que tiene varias corrientes desde la socialdemócrata hasta más radicales; hay personas que tienen una visión más empresarial, otras desde el catolicismo social”, explica el historiador Yves Solís Nicot.

El fallo de la corte ha movilizado a varios sectores. Las senadoras de todos los partidos políticos, excepto del PAN, han anunciado que presentarán una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el fin de que se reconozca el derecho de las mujeres a decidir si continúan o no con su embarazo. También plantean un nuevo capítulo para la objeción de conciencia; así como la derogación completa de los delitos de aborto. Esta iniciativa, sin embargo, deberá ser vista por la Comisión de salud, integrada por 17 legisladores, de los cuales 11 se oponen al aborto.

Aidé García, subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir sostiene que “el gran obstáculo”, para la toma de decisiones sobre derechos de las mujeres “tiene que ver con la moral sexual y la moral religiosa que impera en los servidores públicos, para hacer políticas públicas incumpliendo los mandatos constitucionales”.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA CON LÍMITES

En la actualidad la objeción de conciencia no está reglamentada en México. Por ello la Corte pidió que se establezcan lineamientos para que “pueda ser ejercida sin poner en riesgo los derechos humanos de otras personas, en especial el derecho a la salud”.

Martha Patricia Hernández Valdez, coordinadora de la maestría en estudios de Bioética en la Universidad Anáhuac, explica que “para reconocer el derecho a la objeción de conciencia es importante regular de manera concreta, que haya cabida al libre desarrollo de la personalidad y certeza jurídica. Se deben generar guías de actuación o normas oficiales para que el personal médico sepa hacer valer sus derechos, en qué momento oportuno, en qué situación”.

Por su parte, en la Cámara de diputados, legisladores del PAN presentaron una iniciativa para proteger el derecho a la objeción de conciencia del personal de salud que se oponga a interrumpir el embarazo de una mujer. En sentido opuesto, la Diputada Lidia García Anaya, de Morena, presentó una iniciativa para establecer que el personal médico y de enfermería no pueda invocar la objeción de conciencia cuando se vulneren los derechos reproductivos de la mujer.

María Antonieta Alcalde Castro, directora de la organización promotora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, IPAS, en Centroamérica y México, dice que no debería llamarse objeción de conciencia, sino “negación del servicio por razones morales o religiosas”.

México tiene un déficit de personal de la salud, pues cuenta con 2.2 doctores por cada mil habitantes, el promedio en los países de la OCDE es de 3.3. “Muchas veces falta personal de salud, sobre todo capacitado en el conocimiento de estas reglas, no únicamente jurídicas, sino también éticas”, señala Hernández Valdez.

María Antonieta Alcalde señala que será la Corte quien presente los lineamientos. Pero cree que se deben cuidar algunos aspectos, “la conciencia es un elemento individual, por tanto, todo un hospital no puede ser objetor de conciencia. Por ejemplo, en el caso de aborto, la única persona que puede ser objetora, es la que entrega físicamente la pastilla a la mujer, pero no la enfermera que toma los signos vitales. O el médico que haga un procedimiento más avanzado, pero no el anestesiólogo. Tampoco se puede negar el servicio en casos de emergencia, es decir cuando la vida o la salud, incluyendo la mental, de la mujer corra peligro o que puede ser altamente afectada o en los casos en donde negarle el servicio represente una carga insostenible para ellas”, aclara.

CONGRESOS LOCALES, EL OBSTÁCULO

Además de las iniciativas que se están presentando en las cámaras de Diputados y de Senadores con el fin de hacer efectiva la despenalización del aborto y, con ello, evitar que las mujeres requieran de un amparo para poder interrumpir voluntariamente su embarazo, será necesario que los congresos de los estados de México cambien los códigos penales locales.

Sin embargo, esta será una tarea difícil. Como ha sucedido con el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, algunos congresos de los Estados no han implementado los cambios establecidos por el fallo de la Corte. En esas condiciones, lo que han hecho las personas es solicitar un amparo, como único camino para acceder a su derecho. La presentación de esta demanda puede llegar a costar entre mil 500 y dos mil dólares.

Para Juan Pablo Delgado, director de Amicus, una organización que defiende los derechos de las personas LGBTI, sostiene que “en el Congreso la estrategia común es el envío de las iniciativas a comisiones, una vez que se presentan ahí las dejan, se congelan y no pasa nada”.

En 2009 se aprobó el matrimonio igualitario en la Ciudad de México, cinco años después la Suprema Corte de México señaló que las constituciones o códigos civiles que no reconocen este tipo de uniones violentan los derechos humanos. Hoy son 23 estados de 32 en los que han cambiado sus leyes para ajustar sus marcos legales a la jurisprudencia nacional establecida por la Corte.

La Ciudad de México también fue la primera en reconocer la identidad de género el año 2014, y en 2017 la Suprema Corte determinó que el Estado debe garantizar los derechos de las personas sin verse obligadas a “detentar otra identidad que no las representa” y que se debe garantizar el cambio de identidad sin un proceso judicial. Actualmente son 17 estados los que permiten el cambio de identidad a través de un simple trámite administrativo.

El 6 de junio del 2021, se eligieron mil 113 diputaciones para los congresos locales: 11 están controlados por la alianza conservadora PAN-PRI-PRD; Morena y sus aliados lideran 19 legislaturas, Movimiento Ciudadano encabeza en Jalisco, y en Zacatecas tienen el mismo número de legisladores ambas coaliciones.

ABORTO Y CONCEPCIÓN

Eduardo Verástegui fue un actor conocido por su participación en telenovelas, y luego se convirtió en un activista contra el aborto y otros derechos sexuales y reproductivos. Defiende el celibato y la familia tradicional. Fundó el Movimiento Viva México, desde donde apoyó a Donald Trump, a pesar de sus comentarios xenófobos hacia los mexicanos. En septiembre de 2020, fue nombrado integrante de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana.

En septiembre de este año, Eduardo Verástegui, fue un entusiasta impulsor del “Foro Internacional de la Mujer Embarazada en Estado Vulnerable”, organizado como muchas otras veces, por un grupo de senadoras del PAN. En el evento participaron también el activista argentino de ultraderecha Agustín Laje y Santiago Abascal líder del partido español VOX.

Sus acciones y relaciones con el poder van más allá de estas presentaciones públicas. En octubre Verástegui se reunió con gobernadores de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato, estados tradicionalmente conservadores, para “explorar oportunidades de desarrollo”. Lo acompañó el empresario conocido como Bubba Saulsbury, vicepresidente ejecutivo de estrategia corporativa de Saulsbury Industries. Según su biografía, se involucró en la política para “apoyar a los candidatos conservadores que defienden las piedras angulares de la libertad y prosperidad”.

Aquella vez, en el grupo también estaban el empresario texano Shane Bird, el coordinador general del Movimiento Viva México, Ferdinard Recio López; y Betty Cárdenas, presidenta Nacional Hispana Republicana, integrante de la Junta de Latinos del Presidente Trump y parte del Comité de la Asociación Nacional del Rifle.

La lucha contra el aborto concentra gran parte de los esfuerzos de estas organizaciones ultraconservadoras. El 2008, después de la despenalización del aborto en la capital de México, varios colectivos impulsaron la incorporación de un artículo en 19 constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción”.

Aunque en el país, legalmente no hay ningún impedimento para realizar abortos, sobre todo en caso de violación, este artículo se ha utilizado para desinformar sobre el tema a mujeres y personal de salud. El aborto en casos de violación es legal. Incluso, en estados tan conservadores como Guanajuato, desde el 2017 a la fecha, 36 niñas y mujeres de entre 11 y 39 años han podido interrumpir voluntariamente su embarazo no deseado producto de una agresión sexual.

Todo esto ocurre a pesar de que la Corte Suprema de México ha dictaminado que los congresos estatales no están facultados para indicar cuándo comienza la vida, además que es inconstitucional “la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes”.

Aidé García, de Católicas por el derecho a decidir, sostiene que el tema de la vida desde la concepción debe sacarse del debate, “porque hay elementos jurídicos que establecen garantías para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nosotras insistimos en que se respete la laicidad del Estado”.

Fuera del fallo de este año de la Corte Suprema de México que despenaliza el aborto, sólo en Ciudad de México y en los estados de Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz sus normas locales despenalizaban la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. De 2007 al 30 de septiembre de 2021, en México 240 mil 916 mujeres decidieron interrumpir sus embarazos no deseados en la Ciudad de México; de ellas, 74 mil 618 viajaron desde otros estados.

La directora de IPAS, María Antonieta Alcalde, señala que para la Corte Suprema el aborto, es un servicio de salud fundamental. “Está consagrado en el artículo 40 de la Constitución que las personas podamos decidir cuántos hijos tener, el espaciamiento entre ellos y cuándo tenerlos. Entonces tendría que salir de los códigos penales, excepto el de aborto forzado y ser regulado en la Ley General de Salud como un servicio”, explica. El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva publicó lineamientos federales para la provisión de servicios de aborto, que deberán estar en concordancia con lo sentenciado por la corte.

También en estos meses, después del fallo, en la Cámara de diputados se han presentado un punto de acuerdo para los congresos de los estados reformen su legislación y otro para que las autoridades de salud pública estatales garanticen el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes, mediante el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo seguros, gratuitos y accesibles.

“Sin duda gran parte de la responsabilidad hoy está en los congresos estatales y los legisladores tienen que atender el llamado de la Corte, porque no hacerlo es una irresponsabilidad con la sociedad en general, con las mujeres, las personas gestantes y el personal de salud. Es legislar letra muerta” dice Alcalde. En 15 estados, como Sinaloa, Quintana Roo y Colima, ya se presentaron iniciativas de acuerdo a lo señalado por la Corte.

VOX EN MÉXICO

“México nunca va a ser comunista”, dijo el líder del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, durante el anuncio de la firma de la llamada Carta Madrid, un documento impulsado por el partido español de ultraderecha VOX y la Fundación Disenso, el think thank fundado por el partido. Esta carta ha sido respaldada por varios políticos de derecha y extrema derecha en América Latina durante los últimos meses.

Los representantes del PAN compartieron en sus redes sociales fotos con Santiago Abascal, presidente de Vox, una organización política que se opone abiertamente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las imágenes y el comunicado de los senadores y senadoras provocó que varios de los militantes repudiaran el encuentro y cuestionaron al partido por haberse aliado con un partido de ultraderecha. La crítica obligó a varios de los participantes del encuentro a señalar que habían cometido “un error”.

El Senador Rementería tuvo que aclarar que no cree que en México haya un Gobierno comunista. Para mitigar el escándalo, los senadores despidieron al encargado de las redes sociales del partido en el Senado.

Para Fernando M. González, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el hecho de que una parte del PAN reciba a VOX “tiene que ver con un problema no resuelto por parte de ese partido que desde su fundación tiene una corriente muy católica y otra mucho más liberal como uno de sus fundadores, Manuel Gómez Morín”.

El también sociólogo recuerda que el PAN se forma en 1939 durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), con la llamada “educación socialista” que provoca la creación de tres sociedades secretas católicas “para defenderse de la amenaza comunista y luego en la posguerra donde nace «El Yunque». Esta organización ultracatólica empieza a infiltrar al PAN a finales de los años 70 por medio de una organización, el DHIAC, Desarrollo humano integral”. En los años 90 del siglo pasado, hubo un intento por integrarlos abiertamente al partido.

Sin embargo, los simpatizantes de «El Yunque» no sólo se encuentran en el PAN, también están presentes en el PRI e incluso en Morena. “Es un grupo que se expande. En el PRI, está detectado desde las décadas de los 70 – 80 en Guanajuato. Porque lo importante es crear políticas públicas que tengan un valladar contra estos cambios, por ejemplo en la Suprema Corte de Justicia”.

Varias investigaciones periodísticas han revelado la relación entre El Yunque y Vox. El politólogo Yves Solís señala que “hay agrupaciones que piensan que hay todo un proyecto socializante para América Latina y que Andrés Manuel López Obrador es uno de los grandes pivotes, por eso las denuncias en torno a la visita del presidente de Cuba y de Evo Morales, es un proyecto de izquierda, que para ellos es un peligro socialista”.

Grupos ultraconservadores criticaron que los legisladores del PAN se retractaran, algunos hablaron de formar un partido “verdaderamente de derecha”. Incluso el influencer argentino de la ultraderecha en América Latina, Agustín Laje, acusó al partido de estar sometido “a la agenda izquierdista”.

La organización Sublevados, conformada por jóvenes y liderada por el español naturalizado mexicano Pedro Cobo, ha sido de las más duras con los panistas, al llamarlos “derechita hipócrita”. Esta organización fue creada para formar jóvenes en el conservadurismo.

“Los grupos más radicales no están dispuestos al compromiso, ellos lo que quieren es el enfrentamiento. Son grupos que no encuentran cabida dentro del partido y entonces están dispuestos a radicalizarse, a nivel institucional; el Partido Acción Nacional se deslinda de manera casi automática de VOX porque saben los riesgos que involucra darle lugar a esos movimientos mucho más radicales y que quiso durante un tiempo absorber”, dice Solís Nicot.

¿Cuál es el alcance político de estos grupos de ultraderecha en México? Fernando M. González ve como “muy improbable un Bolsonaro o un líder de ese tipo en México, nunca es descartable, pero no se ve un personaje así, no hay los elementos hasta ahora que lo permitan”, señala.

A la organización Católicas por el Derecho a Decidir, les preocupa que haya “una iniciativa que busca ahora recabar firmas con el fin de hacer juicio político a los ministros de la Suprema Corte. Son reacciones irracionales pues estas acciones no tienen sustento jurídico. Los grupos antiderechos tienen toda la libertad de expresarse, pero lo que no pueden hacer es imponer su visión y su mirada del mundo hacia todas las personas, porque entonces se vuelve fundamentalismo”, dice Aidé García.

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