Alertas sobre la Ley de Economía Circular

Por Edgar Lugo Chávez^[1] y Ornela Garelli^[2]

«Los científicos pueden describir los problemas que afectarán el medio ambiente basándose en la evidencia disponible.

Sin embargo, su solución no es la responsabilidad de los científicos, sino de la sociedad en su totalidad».

Mario Molina (1943- 2020)

Después de haber desarrollado toda nuestra modernidad basándonos en un modelo de economía lineal, México ahora comienza a trazar un nuevo rumbo llamado economía circular, tal como muchos otros países lo están haciendo. Una economía circular deberá ser restaurativa y regenerativa, deberá contribuir a reducir los efectos del crecimiento económico en el medio ambiente, incluyendo la emisión de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo en que contribuye al bienestar de las personas y a transitar hacia un modelo en el que se cuestione el crecimiento ilimitado en un planeta de recursos finitos.

En el Senado de la República se ha aprobado en Comisiones (el 18 de octubre) una propuesta de Ley General de Economía Circular con el objetivo de servir como marco para avanzar a este nuevo modelo, pensaríamos que esto es bueno, sin embargo, hay temas trascendentales que deberíamos tomar en cuenta en esta propuesta de Ley General para que el remedio no sea peor que la enfermedad.

Aunque quizá para algunos resulte difícil definir una economía circular, sí se puede definir lo que no es. Por ejemplo, la economía circular no es sinónimo de reciclaje, el reciclaje es un elemento de aprovechamiento que está ubicado entre los últimos recursos de un esquema circular, entre las opciones más abajo de la jerarquía de gestión de residuos. Lo anterior debido a que existen muchas acciones antes que reciclar para asegurar que los materiales se mantengan en uso y prevenir la generación de desechos, como la reducción, la reutilización, la reparación, la renovación, la remanufactura, segundo uso en una función diferente, entre otros.

En una economía circular los productos tienen que durar más, los materiales deben de mantener su valor más tiempo y se debe evitar la generación de residuos desde el diseño, por lo que los productos desechables o plásticos de un solo uso deberían desaparecer, esto sin importar si pueden reciclarse o no. Una economía basada en lo desechable no es circular.

La termovalorización (o waste to energy), eufemismo para no decir incineración, tampoco es economía circular, porque no regresa los materiales al ciclo productivo, por ejemplo pensemos en bolsas u otros productos desechables, si se incineran se requeriría materia prima virgen para poder crear nuevas bolsas y otros productos desechables, por lo que la incineración es economía lineal.

Sin extendernos más, esta propuesta de Ley General de Economía Circular mantiene una visión basada en la generación de residuos para después mandarlos a reciclaje para “reincorporarlos nuevamente en procesos productivos” o para valorizarlos energéticamente. Se define “Valorización” como “(…) recuperar el valor remanente o el poder calorífico de los materiales”, es decir, en esta propuesta de ley se asocia a la economía circular con la incineración de residuos, cuando ya indicamos que esto es un enfoque lineal.

Asimismo, en la propuesta de ley se establece que para 2025 las empresas deben llegar a una meta del 20 por ciento de contenido de material reciclado en los productos. Esta meta de reciclado está directamente vinculada con la recuperación y recirculación de los materiales por lo que sorprende ver que está muy por debajo de metas internacionales, donde empresas internacionales presentes en México cumplen metas más ambiciosas en otros países, pero aquí no las quieren implementar. ¿Por qué? justo por la carencia de legislaciones que establezcan responsabilidades ambiciosas para el sector empresarial. Esta propuesta de ley se queda corta en este sentido porque no establece la responsabilidad extendida de los productores, elemento esencial para el correcto funcionamiento de la economía circular.

Así también, esta legislación busca el desarrollo del Programa Nacional de Economía Circular y el Plan de Economía Circular. Sin embargo, el Programa Nacional de Economía Circular planteado no establece objetivos, estrategias, acciones, metas y prioridades para fomentar una economía circular en México; tampoco asigna responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación de acciones y de resultados, por lo que se vuelve inoperante e ineficaz para cumplir con el objetivo de impulsar la economía circular en el país.

De igual forma, las empresas de envases y empaques deben presentar un Plan de Economía Circular, sin embargo, si éstas ya tienen un plan de residuos quedan exentas, permitiéndoles que las acciones que decidan emprender sean solo voluntarias, restándoles nuevamente de responsabilidades claras para hacerse cargo de los productos que ponen en el mercado durante todo su ciclo de vida.

Como se puede observar, el dictamen tiene una carga muy marcada en materia de residuos, por lo que más que tratarse de una ley de economía circular, parece una ley de residuos, duplicando disposiciones ya contenidas en la LGPGIR (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos). Lo que deja ver el desconocimiento de los legisladores en la materia.

En el caso de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que son residuos de manejo especial, podemos ver más aspectos positivos. Hoy en día sólo se recicla el 10 por ciento de las un millón 200 mil toneladas anuales que se estimaba se generaban en el país, pero que con la pandemia se han exponenciado por el uso excesivo de las tecnologías de información y comunicación. Componentes de estos RAEE son quemados para recuperar el cobre, generando dioxinas y furanos precursores de cáncer.

Esta propuesta de ley, al contrario, promueve la manufactura, la reparación, el reuso y el informar a los consumidores el fin de la vida útil de los productos, para que no nos sorprenda la obsolescencia programada, incluye deducibilidad fiscal en rediseño y reparación, no sólo en destrucción como está establecido en la actualidad. Define un plan de manejo para aparatos eléctricos y electrónicos, lo que permitirá profesionalizar el sector de reciclaje de RAEE, generar empleos, reducir impactos negativos al medio ambiente y reducir contaminantes precursores de cáncer.

Por todo lo anterior, esta propuesta de ley ¿es greenwashing a favor de las grandes empresas o un cambio verdadero? Desde nuestra perspectiva se trata de una legislación con innumerables fallas que no debe aprobarse en el pleno del Senado, cosa que esperan hacer en los próximos días, sin antes realizar un correcto análisis de la misma en donde se involucre a todos los sectores interesados, incluida la academia, la sociedad civil y las Secretarías de Estado que se encargarán de implementarla.

^[1] Asociación Mexicana de Recicladores de Residuos Electrónicos AMRRE y miembro de la Alianza México sin Plásticos.

^[2] Especialista en consumo responsable y cambio climático en Greenpeace México e integrante de la Alianza México sin Plásticos.