Álvarez Puga más allá de Inés Gómez Mont: concesión directa del Gobierno y opacidad

Las acusaciones contra Víctor Manuel Álvarez Puga y su esposa, la conductora Inés Gómez Mont, no son nuevas, ambos han estado involucrados en presuntos desvíos y evasión fiscal. 

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).– Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado por las autoridades como cabeza del “grupo facturero más importante del país”, no sólo utilizó sus empresas para evadir impuestos y lavado de dinero a través de movimientos en efectivo y transacciones bancarias, también participó en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, y cuenta con una concesión vigente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El empresario, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.

Víctor Manuel Álvarez y la conductora Inés Gómez Mont son buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) en 195 países a petición de la Fiscalía General, que solicitó una ficha roja.

El pasado 7 de octubre, el Procurador Fiscal, Carlos Romero Aranda, informó que se habían girado órdenes de aprehensión en contra de las cabezas del “grupo facturero más importante del país”. En una reunión con diputados de la Comisión de Hacienda sobre la revisión del paquete fiscal 2022, el funcionario explicó las acciones que el Gobierno federal estaba llevando a cabo para contrarrestar los delitos fiscales.

«Ahorita ya tenemos los dos casos más relevantes de factureras, por un lado los de facturación de outsourcing, donde tenemos órdenes de aprehensión contra el grupo delictivo y sobre todo las cabezas, y por el otro lado donde tenemos al grupo facturero más importante del país que era uno que operaba, que la cabeza del grupo es un supuesto empresario que tenía un despacho de contadores y su esposa es alguien famosa de la farándula», dijo Romero Aranda.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Víctor Álvarez Puga y su firma, Álvarez Puga & Asociados, han estado envueltos en operaciones ilícitas.

El empresario junto con su hermano Alejandro inauguraron en el año 2000 su despacho y en tan sólo 10 años ya contaba con una cartera de 700 clientes a nivel nacional, según la información publicada en su perfil de Linkedin.

«Dentro de los servicios que respaldan el trabajo de Víctor Álvarez Puga, es la estructura en la planeación fiscal, los amparos, la defensa fiscal, la gestión de Recursos Humanos, civil, mercantil, corporativo y contractual, así como en el campo agrario y el ambiental», destaca su perfil.

La primera vez que el despacho Álvarez Puga & Asociados se vio envuelto en un escándalo fiscal fue en el año 2010, cuando sus oficinas fueron cateadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en siete ciudades del país debido a una investigación por defraudación fiscal y lavado de dinero.

“Álvarez Puga & Asociados desarrolla esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos, reparto de utilidades, aguinaldos, pagos al IMSS y otras prestaciones que deberían gozar los trabajadores en México”, señaló el SAT en abril de 2010 mediante un comunicado.

“El operativo fue en al menos siete de las 45 oficinas que la consultora tiene presencia a lo largo y ancho del país. El SAT detectó que el despacho Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran en conductas de evasión fiscal u outsourcing. Desarrollan esquemas de sustitución laboral para evadir impuestos. Con el outsourcing se transfiere a trabajadores a sociedades cooperativas y se evita el reparto de utilidades, impuestos y seguridad social”, agregó el SAT.

Luego del cateo, Álvarez Puga & Asociados, que tiene presencia en 45 ciudades del país, Estados Unidos, Centroamérica y Europa, señaló en una misiva que estaba dispuesto a colaborar con el SAT.

“Nuestro compromiso es garantizar la legalidad, la transparencia y el profesionalismo en los servicios que prestamos a nuestros clientes; colaborar con las autoridades en el marco estricto de la ley; y respetar los derechos de los ciudadanos y el esfuerzo que la nación realiza para consolidar su crecimiento y desarrollo”, manifestó en esa ocasión.

En el año 2016 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desestimó el caso.

SU FILANTROPÍA Y CONCESIÓN CON SEMARNAT

Víctor Manuel Álvarez Puga no sólo era reconocido por tener uno de los despachos de abogados más importantes del país y por ser esposo de la conductora Inés Gómez Mont, con quien procreó dos hijos (Bosco y María), también era visto por las revistas sociales como un destacado empresario filántropo.

La revista Caras, en un artículo publicado en 2018, lo retrata como un abogado «multifacético», quien ha participado en causas benéficas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa federal del sexenio pasado a cargo de la Sedesol (hoy Secretaría de Bienestar), en la Asociación Mexicana de Banco de Alimentos, y en la campaña de donación de juguetes «Juntos por una sonrisa» para niños mexicanos de escasos recursos.

Aunque no se sabe con exactitud cuál fue su participación de Álvarez Puga dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, varios empresarios y empresas, como Nestlé y PepsiCo, participaron en este programa a través de donativos en dinero o especie.

Además de formar parte de estos proyectos altruistas dentro del Gobierno, el empresario se benefició de una concesión de zona federal marítimo terrestre otorgada por la Semarnat en el año 2015 con una vigencia de 15 años, es decir, hasta 2030.

De acuerdo con el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), Víctor Manuel Álvarez Puga recibió una concesión por parte de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambiente, perteneciente a la Semarnat, el 28 de abril de 2015, cuando el titular de la dependencia era Juan José Guerra Abud.

Estas concesiones de zona federal marítimo terrestre, que son cuestionadas por los ambientalistas, son otorgadas a cualquier persona física o moral interesadas en tener derecho a usar o aprovechar de manera sustentable una superficie de playa, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito formado con aguas marítimas.

«Son concesiones que otorga la Semarnat en la playa, por ejemplo, un hotel que quiere poner una enramada, necesita este tipo de permiso y como la playa es zona federal requiere un permiso. Hay todo un debate sobre si esto se considera privatización o no, pero para esto sirven este tipo de concesiones», explicó Manuel Llano, integrante de Cartocrítica, una iniciativa civil mexicana que promueve la transparencia y el acceso público a la información socioambiental georreferenciada.

Sobre la concesión otorgada a Álvarez Puga, la Semarnat no cuenta con más datos públicos que expliquen su uso, pero la dependencia, a través del área de Comunicación Social, se comprometió a revisarla y dar información.

MÁS ACUSACIONES CONTRA LA PAREJA

Víctor Álvarez Puga e Inés Gómez Mont, quienes han criado a siete niños en total –dos que engendraron ambos y cinco de sus parejas anteriores– estarían involucrados en el uso de empresas fantasma que facilitan a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

El 28 de septiembre, la popular presentadora se declaró «inocente» en una carta divulgada en redes sociales y negó cualquier vínculo con la delincuencia organizada.

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Las acusaciones contra Víctor Álvarez Puga datan de 2010, como se explicó previamente, pero además en 2012, el diario The New York Times publicó que una compañía del empresario de asesoría fiscal y administrativa era en realidad un matriz de firmas fantasma.

Por su parte, Inés Gómez Mont fue acusada en 2016 de obtener ingresos superiores a los que reportó en su declaración de impuestos y tuvo que pagar más de 2.6 millones de pesos.

Por este caso, la conductora promovió un nuevo amparo para detener proceso en su contra. Desde hace más de un año, Gómez Mont ha solicitado a la FGR que determine el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001159/2017, la cual se integró en su contra por el delito mencionado.

Gómez Mont manifestó en diversas ocasiones a la Fiscalía que en su momento informó al SAT que, en el ejercicio fiscal 2016, obtuvo ingresos acumulables por la cantidad de 39 millones 518 mil pesos. De esa cantidad, aseguró que tanto personas morales como una física le retuvieron, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), 13 millones 572 mil 444 pesos, por lo que la cantidad que recibió fue de 25 millones 945 mil 726 pesos.