I.

En las últimas semanas se conmemoraron dos aniversarios más, de eventos trágicos y traumáticos de nuestra historia contemporánea, por haberse constituido en referentes paradigmáticos del uso de la fuerza del Estado mexicano en contra de la población civil; así el día 26 de septiembre se cumplió el séptimo aniversario del asesinato de 43 estudiantes de la Normal de maestros Isidro Burgos, localizada en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero y, pocos días después se efectuó una marcha para conmemorar el 53 aniversario de la matanza de estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968, en la capital del país.

Entre ambos eventos se observa, no obstante el paso de los años, algunas similitudes: el papel activo del Estado en la represión violenta contra acciones de protesta social de la ciudadanía, configurándose delitos de lesa humanidad; el encubrimiento y la obstaculización por parte de las autoridades en la aplicación de justicia, así como la necesidad de abrir y fortalecer acciones, como la creación de una Comisión de la Verdad, que coadyuve al esclarecimiento de este tipo de eventos, o de Fiscalías, capaces de ejercer acción penal contra los responsables de tales actos represivos; asimismo la apertura de archivos oficiales, que faciliten la investigación de estos y otros hechos lamentablemente similares.

II.

Con relación a este planteamiento se debe considerar que en México ha existido un importante antecedente, en este caso la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), la cual se creó en el periodo presidencial de Vicente Fox, con la aparente intención de fincar responsabilidades a funcionarios públicos en torno a crímenes cometidos, desde instancias estatales contra la población. Al respecto vale la pena recordar el desempeño y características de este órgano, ya que sus acciones se consideraron limitadas en sus resultados.

En ello fueron determinantes una serie de circunstancias, por ejemplo, el hecho de haber formado una fiscalía cuando otras experiencias en países de nuestro continente y algunas corrientes políticas nacionales, sugerían, inicialmente, la formación de una Comisión de la Verdad, que tuviera funciones de investigación, acopio de información y pruebas documentales, para enseguida dar paso a la formación de una Fiscalía, con atribuciones judiciales.

Por otra parte, la experiencia señalaba la necesidad de autonomía de las Comisiones y Fiscalías, mientras que en el caso mexicano la FEMOSPP estuvo bajo la adscripción de la Procuraduría General de la República (PGR), limitando sus acciones desde el diseño del mecanismo. Otros factores importantes fueron las notorias diferencias y nula coordinación entre las áreas jurídica e histórica de la Fiscalía, el desdén que sufrió desde distintas esferas gubernamentales (empezando por la propia PGR y la Agencia Federal de Investigaciones), la dificultad para acceder a archivos (de la Sedena y de la DFS) y la imposibilidad de realizar juicio a miembros del ejército. Adicionalmente debe señalarse que las condiciones materiales en que se desempeñó la FEMOSPP fueron paupérrimas, con presupuesto escatimado o mal utilizado; una prueba de ello fue que sus empleados del área histórica fueron privados de equipo e instalaciones y despedidos injustificadamente sin haber recibido pago por su trabajo; además la Fiscalía careció, en la práctica, de capacidad real para ejercer acción penal. Como se señaló en su momento, había nacido sin garras y sin dientes.

Todo indica que el desenlace de la FEMOSPP era previsible y tal vez hasta inducido desde el propio poder que la había creado. El investigador Jonathan López García, señala en su trabajo «La FEMOSPP y la disputa por el pasado. Justicia transicional y políticas de la memoria en México» (Instituto Mora, 2019), que se esperaba que la FEMOSPP realizara labores de Comisión de la Verdad y de Fiscalía a la vez, al incorporar los distintos componentes de la justicia transicional (justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición). Todo ello sin las condiciones, infraestructura y apoyo de las autoridades, de todos los niveles, del PRI y el PAN (hoy abiertamente aliados políticos), que bloquearon el proceso de justicia transicional.

En esas condiciones los resultados fueron más bien magros, pues no se logró fincar responsabilidades judiciales a ningún funcionario público, salvo al ex presidente Luis Echeverría (absuelto en 2009), quien por su edad fue sujeto a prisión preventiva en su domicilio, no obstante que se liberaron 54 órdenes de aprensión. Tampoco se logró establecer con claridad el patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos y la política gubernamental de contrainsurgencia.

Por otra parte, trascendió que, desde las instancias gubernamentales y de la propia dirección de la FEMOSPP, a cargo del fiscal Ignacio Carrillo Prieto, se trataba de ocultar el informe histórico surgido de la investigación, mismo que fue filtrado a la opinión pública, bajo el nombre de “Que no vuelva a suceder” en febrero de 2006, a través de algunas organizaciones de periodistas independientes (específicamente a Kate Doyle del portal National Security Archive y al periodista Jacinto Rodríguez Munguía, a través de Emeequis), mismo que sería posteriormente impreso por el Comité 68 bajo el nombre de: “Informe histórico presentado a la sociedad mexicana. Fiscalía especial FEMOSPP”, en 2008.

Por todo ello, en su momento la FEMOSPP fue fácil moneda de cambio en el contexto político del momento y de componendas entre PRI y PAN. En ese entorno de elecciones bajo sospecha de fraude, no sería rara su desaparición en noviembre de 2006, justo en tiempo para la toma de posesión de Felipe Calderón.

El desempeño tan errático, las limitaciones en el desarrollo de la FEMOSPP, llevaron a plantear, en la actualidad, que la creación de una Comisión y/o una Fiscalía, debe darse en condiciones distintas, con verdadera voluntad política para hacer justicia y para que este tipo de eventos no vuelvan a suceder.

III.

En el actual ambiente político, los deudos de los normalistas de Ayotzinapa han clamado reiteradamente por el esclarecimiento del múltiple asesinato, ante la Fiscalía especialmente creada para atender este asunto. Al parecer se han observado ciertos avances, pues según el fiscal especial, Omar Gómez Trejo, se ha desmantelado la llamada “verdad histórica” que pretendía “dar carpetazo” al asunto, ello mediante nuevos estudios que han permitido establecer la identidad de algunos restos óseos. Asimismo, se han obtenido 89 órdenes de aprehensión, tanto por la desaparición de los estudiantes como por la manipulación de la investigación. De estas, se han ejecutado 49 y quedan pendientes 40, entre ellas la de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, hoy fugado en Israel.

En paralelo algunos líderes históricos sobrevivientes de la masacre de Tlatelolco, se han manifestado por la creación de una Comisión de la Verdad y una Fiscalía, que coadyuven a esclarecer los crímenes de Estado, para establecer responsabilidades penales a los funcionarios gubernamentales que han cometido delitos considerados de lesa humanidad, en el pasado reciente del país.

En ese contexto de demanda social y con un nuevo marco legislativo (la Ley General de Víctimas), se decidió crear la Comisión por el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos entre los años 1965 y 1990, por Decreto presidencial.

De acuerdo al citado Decreto, la nueva Comisión se hará cargo de investigar y documentar evidencias a fin de ejercer acción judicial contra los responsables, adicionalmente realizaría un plan de búsqueda de víctimas desaparecidas, y de reparación y compensación. Para ello dicha comisión se integrará con cinco personas expertas y de reconocida calidad moral que contribuyan a este objetivo (cuya convocatoria ya se ha hecho pública), además de representantes del gobierno, entre otros del Archivo General de la Nación.

Por la cronología establecida entre las facultades de esta Comisión, es decir de 1965 a 1990, se toma como marco el inicio formal de las actividades de la guerrilla contemporánea (con el asalto al cuartel Madera, en Chihuahua acaecido el 23 de septiembre de 1965, por parte del Grupo Popular Guerrillero) hasta la formación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el 6 de junio de 1990). De tal manera que podrá investigar y ejercer acción en asuntos y eventos como la llamada Guerra Sucia, en la cual el Estado mexicano aparece como responsable de la desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de varias personas, o bien proceder al esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones en los movimientos estudiantiles en 1968 y 1971 en la ciudad de México, o de los movimientos que se sucedieron en el estado de Guerrero.

IV.

Pareciera existir un ambiente favorable para que esta Comisión de la Verdad funcione y ofrezca resultados, aunque se ha cuestionado su apego al gobierno actual, ya que tiene un fuerte componente de funcionarios estatales en su conformación (de las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, etc.), además de la coordinación con dependencias de la Administración Pública Federal.

Sin embargo, debe considerarse que el entorno político que rodea a esta Comisión es distinto al de la FEMOSPP, que para el actual gobierno los asuntos tratados ahora tienen mayor relevancia política que el otorgado anteriormente, y que pareciera existir una mayor identificación ideológica con la causa política de las víctimas del sistema en esos años. Asimismo, hay un componente de integración de 5 personas expertas en el tema, ajenos al gobierno. Aún así, queda por verse qué tan prioritario es el esclarecimiento histórico y el combate a la impunidad.

Por otra parte, también se ha cuestionado la periodización establecida entre las atribuciones de la Comisión, ya que deja de lado algunos eventos en los que también se ha configurado la represión estatal, como han sido los casos de los asesinatos de varios campesinos en la población de Aguas Blancas, Guerrero en el año de 1995, o la masacre de indígenas en Acteal, Chiapas, en el año de 1997. Estos hechos, entre otros, demostrarían la continuidad de la violencia y la impunidad estatal, la persistencia de la lógica del aniquilamiento político de quienes fueron considerados como enemigos ideológicos del sistema, demostrando las limitaciones del Estado en materia de respeto a los derechos humanos y de tolerancia política.

En todo caso es importante no olvidar los agravios dolorosos cometidos contra la población civil desde el poder, abrir los archivos, hacer las investigaciones pertinentes y, si es el caso, fincar responsabilidades. En este sentido la disciplina de la historia adquirirá un papel determinante no sólo como explicadora del pasado o generadora de conciencia nacional, sino también como instrumento coadyuvante para hacer justicia. Como señalara el filósofo francés, perseguido por el fascismo, Léon Brunschvicg: “Si los hombres conocen la historia, la historia no se repetirá”.

Héctor Luis Zarauz López

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Sociólogo e historiador. Se ha dedicado a trabajar temas de historia regional, económica y social, con énfasis en los periodos del porfiriato, la revolución y el México contemporáneo. Con sus trabajos ha obtenido reconocimientos como el Premio Salvador Azuela del INEHRM y mención honorífica en el Premio Marcos y Celia Maus. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es integrante del seminario permanente de Historia Contemporánea y del Tiempo Presente. Es autor de varias obras: “Álvaro Obregón y la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año de 1928”; “Valentín Elcoro e hijos. Historia de una vida empresarial”; “Tiempo de caudillos, 1917-1924”; “La revolución en la ciudad de México 1900-1920”; “La fiesta de la muerte; México. Fiestas cívicas, familiares, laborales y nuevos festejos”, entre otros títulos. Actualmente es profesor e investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora.

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