Como suele pasar con las cosas importantes, en México la noticia pasó de puntillas entre la prensa nacional.

El miércoles pasado, mientras en México se acumulaban las críticas en su contra por su ominoso papel en el caso contra los funcionarios y académicos de Conacyt, el Fiscal Gertz Manero viajaba a Washington D.C. Ahí, en la capital de los Estados Unidos, se reunió con el Fiscal General de los Estados Unidos de América, Merrick B. Garland. Los comunicados oficiales de esa reunión fueron —como es usual— generales y vacíos de contenido; hablan de “reafirmar compromisos”, “redoblar esfuerzos” y demás lugares comunes propios del lenguaje oficial.

Lo que a los periódicos mexicanos se les escapó fueron el conjunto de declaraciones que esgrimió un día después la administradora de la DEA (Drug Enforcement Administration), Anne Milgram, con relación a la visita del Fiscal mexicano a Washington. Sin venir a cuento y en una rueda de prensa que iba de otra cosa (el éxito de la confiscación de pastillas de fentanilo en Estados Unidos), Milgram presumió haber estado presente en la reunión sostenida entre Garland y Gertz Manero. Además, dijo haber exigido al Fiscal mexicano: 1) permitir (otra vez) la ejecución de operaciones conjuntas entre agentes de la DEA y policías mexicanos; 2) tomar con seriedad los procesos de extradición pendientes entre México y Estados Unidos; y 3) facilitar la entrega de inteligencia y evidencia recabada por México a los analistas de la DEA.

Es raro que un perfil de alto calibre como el de Milgram se manifieste en este sentido. Por lo general este tipo de exigencias se manifiestan a través de canales diplomáticos y de forma confidencial. Airar las exigencias en una conferencia de prensa parece un acto desesperado ante la cancelación de otras vías. Es un todo o nada.

Podemos elegir si leemos las declaraciones de Milgram como una anécdota, una declaración irrelevante acaso poco afortunada o como un episodio más de un conflicto largamente anunciado entre la DEA y el Gobierno del Presidente López Obrador. Como en la política hay pocas casualidades —y en la política estadounidense todavía menos— me decanto por la última opción. Las palabras de Milgram son parte de una larga letanía de enojo y frustración.

Los comentarios de la jefa de la DEA vienen precedidas de una serie de acontecimientos no menores y que merecen ser reseñados; enumero cinco. En primer lugar, la por todos conocida liberación, en octubre de 2019, de Ovidio Guzmán; un objetivo prioritario de la DEA. En segundo lugar, la resolución del affair Cienfuegos a finales de 2020.[1] Luego, ya este año, la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional que puso —al menos sobre el papel— restricciones formales a las operaciones de la DEA en México.

En mayo llegó el cuarto evento; en una entrevista a la radio pública de su país, el jefe adjunto de operaciones de la DEA, Matthew Donahue, se quejó de la falta de cooperación entre agencias de los dos países. Donahue fue explícito al afirmar que aunque los jefes policiales y militares mexicanos sí están dispuestos a “compartir inteligencia” con la DEA, estos no lo hacen por temor a que el Gobierno mexicano vaya a enojarse si los “cachan” trabajando con la agencia estadounidense. Así, lo que Donahue dejaba ver es la existencia de una orden directa desde Palacio Nacional para detener el dialogo con la DEA.

Por último, y en quinto lugar, están las declaraciones de diferentes cuadros del gobierno, incluyendo las del propio Marcelo Ebrard, en el sentido de que la Iniciativa Mérida —el esquema de cooperación más importante entre México y Estados Unidos— ha llegado a su fin.

Ahora llegan las exigencias públicas de Milgram y es inevitable leerlas como evidencia de que las relaciones entre la DEA y el Gobierno de México están en su punto más bajo en casi treinta años.[2] Son prueba, también, que desde hace tres años el Gobierno de México ha tomado la dura —pero acaso necesaria— decisión de construir su propia agenda de seguridad alejada de lo deseos de los Estados Unidos. Y eso no es mala noticia.

Hoy, cuando llegan los reclamos desde Washington, no nos vendría mal recordar los aplausos y fanfarrias con las que la DEA celebraba la guerra contra las drogas al inicio del sexenio de Felipe Calderón. En aquel entonces todo eran felicitaciones y buenas palabras; poco importaba que debajo de tanta locuacidad comenzara a forjarse el escenario que permitió la epidemia de violencia criminal que vino después.

Por lo general, las métricas de la DEA no han significado otra cosa que el fracaso de México. A veces —casi siempre— las críticas desde Washington son signo de que en México las cosas se hacen bien o mediamente bien. No hay que tenerles miedo; pueden ser, incluso, una buena noticia… lástima que haya pasado de puntillas en la prensa nacional.

[1] Sobre ese tema, véase: Carlos A. Pérez Ricart, “El Expediente Cienfuegos”, Programa para el Estudio de la Violencia (blog), 2021, https://www.cide.edu/pev/2021/01/27/el-expediente-cienfuegos/.

[2] Para otras crisis, véase: Carlos A. Pérez Ricart, “¿Qué hace la DEA en México?”, Nexos, el 26 de octubre de 2021, https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2325.

Carlos A. Pérez Ricart

https://dev.sinembargo.mx/author/ricart/

Carlos A. Pérez Ricart es Profesor Investigador del CIDE. Es uno de los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (COVeH), 1965-1990. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Libre de Berlín y una licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. Entre 2017 y 2020 fue docente e investigador posdoctoral en la Universidad de Oxford, Reino Unido.

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