De acuerdo con información del periodista Álvaro Delgado, el 5 de octubre de 2006, Javier Lozano Alarcón también envió el dictamen del FCCyT a Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila, para anticipar que se suspendería el rescate de los mineros, porque le recordó que la instrucción de su jefe era “privilegiar las labores del rescate hasta donde técnica y humanamente sea posible”.
Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbago).- La organización Familia Pasta de Conchos acusó este jueves a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo y Previsión Social en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, de haber creado su propia “verdad histórica” para no rescatar a los mineros que quedaron atrapados, utilizando argumentos del dictamen que elaboró el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el cual actualmente se encuentra bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público.
En entrevista con Romina Gándara y Daniela Barragán para “Café y Noticias”, noticiero matutino transmitido por el canal de Sin Embargo al Aire en YouTube, Cristina Auerbach, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, afirmó que “Javier Lozano lo que necesitaba y lo que hizo con el Foro fue justificar una decisión política”, pues ellos “ya habían decidido que no harían el rescate y que protegerían a Grupo México. Entonces utilizan tres renglones del dictamen para decir que no se haga el rescate”.
“Yo apelo a que se investiguen las consecuencias del trabajo del Foro, de sus silencios y de lo que Javier Lozano hizo. Es decir, Javier Lozano utilizó recursos públicos para construir su propia verdad histórica al estilo de Murillo Karam, verdad histórica de que no se podía entrar a la mina, lo cual era absolutamente falso, mentiroso”, aseguró la mañana de este jueves.
Asimismo, Cristina Auerbach mencionó que aunque el dictamen del Foro no decía que no se podía hacer el rescate de los cuerpos de los 65 trabajadores que murieron en la mina Pasta de Cochos, el FCCyT no salió a decir públicamente que «ellos no dijeron nada y que se estaba manipulando». Además, destacó que en el informe, con el cual supuestamente se basó Lozano para no rescatar a los cuerpos, «decía que no se recomendaba ingresar a la mina por resultar peligroso», aunque eso no viniera realmente en el documento.
Cristina Auerbach agregó durante la entrevista, que en 2011, Javier Lozano fue cuestionado en el Senado de la República por no hacer el rescate. No obstante, señaló que el exsecretario dijo en ese entonces que «hasta el momento los resultados de este dictamen no han sido desvirtuados con elementos de carácter técnico y científico, por ello, al carecer de indicios que indiquen una revisión de las condiciones, el Gobierno se encuentra imposibilitado para hacer el rescate».
La directora de la organización Familia Pasta de Conchos dijo que existe «una trampa en todo esto de la que fueron cómplices el Foro», porque, reiteró, «el Foro jamás salió a desmentir lo que Javier Lozano estaba haciendo». No obstante, mencionó que tiempo después José Luis Fernández Zayas, entonces coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, sostuvo que los cuerpos sí pueden ser rescatados de la mina, pero que el Gobierno no quiso gastar recursos.
Por último, Cristina Auerbach apeló a que se investigue la procedencia de los recursos con los que se hizo el dictamen. «Apelo a que se investiguen las consecuencias del trabajo del Foro, de sus silencios y de los que Javier Lozano hizo. Es decir, Javier Lozano utilizó recursos públicos para construir su propia verdad histórica de que no se podía entrar a la mina, lo cual era absolutamente falso y permitir que la empresa se quede con los cuerpos de las familias. Creo que se tiene que investigar lo que pasó».
En un reportaje del periodista Álvaro Delgado, publicado en Sin Embargo, se señala que dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico que Felipe Calderón usó como base para cancelar el rescate de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, y que costó 4.6 millones de pesos, evidencia también cómo personajes de ese sexenio se han reciclado en gobiernos hasta de Morena, como la Secretaria de Gobernación de Miguel Barbosa en Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, cuñada de Alejandra Sota, vocera del expresidente.
Hill Mayoral, directora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación de Calderón, envió al Gobierno de Coahuila, el 8 de octubre de 2007, el dictamen de la asociación civil FCCyT, actualmente bajo investigación judicial por presuntos malos manejos de dinero público, para cancelar toda acción de rescate de los 65 trabajadores atrapados desde el 19 de febrero de 2006.
“Ante el escenario de peligro prevaleciente se recomienda no autorizar el ingreso a la mina, a fin de no comprometer la integridad física de las personas que participen en los trabajos de recuperación”, expresó Hill Mayoral al subsecretario de Protección Civil de Coahuila, Sergio Alberto Robles, a quien anexó el dictamen del FCCyT, según el oficio DGPC/0635/2007.
Asimismo, Álvaro Delgado relata que tres días antes, el 5 de octubre de ese año, Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo de Calderón, también envió el dictamen del FCCyT a Humberto Moreira, Gobernador de Coahuila, para anticipar que se suspendería el rescate de los mineros, porque le recordó que la instrucción de su jefe era “privilegiar las labores del rescate hasta donde técnica y humanamente sea posible”.
Hasta el propio coordinador general del FCCyT, José Luis Fernández Zayas, se dijo “muy afortunado” de haber sido invitado a participar en esa “gran aventura crítica” de elaborar el dictamen que sirvió al Gobierno de Calderón para cancelar el rescate de los mineros, “llevando conocimiento de calidad a la sociedad mexicana para solucionar los grandes problemas nacionales”.
En su “Informe de actividades junio 2006-junio 2008, Fernández Zayas detalló que para elaborar el dictamen el FCCyT convocó a un panel internacional de expertos en seguridad en minas que realizó los análisis y preparó el informe que fue revisado por un grupo multidisciplinario de académicos.
“Sus puntos de vista y observaciones fueron tomados en cuenta para la preparación de su dictamen. Una propuesta muy importante que se derivó de esos trabajos, fue el consenso respecto de la creación de un Centro Público de Investigación en el área de Minería”, escribió Fernández Zayas y concluyó:
“El proyecto posiciona a la ciencia y la tecnología en un lugar relevante. Ya no puede aceptarse la creencia del pasado, en el sentido de que la minería era una actividad en la que necesariamente tenían que morir cientos de personas. Ahora se habla ya de una nueva industria minera mejorada con la ciencia, la tecnología y la educación”.
Pero así como Fernández Zayas ocupó en el Gobierno de Enrique Peña Nieto los cargos de director del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt y director general de Investigación Científica y Tecnológica y Medio Ambiente de la Secretaría de Energía, Lozano Alarcón se adhirió al proyecto de Peña como Senador y luego como vocero del candidato priista José Antonio Meade.
Y Hill Mayoral es, desde el 24 de febrero de este año, la mano derecha del gobernador Barbosa Huerta, en la Secretaría de Gobernación, luego de que se incorporó a esa administración de Morena como titular de la Coordinación General de Protección Civil Estatal.
Ana Lucía Hill Mayoral, de origen sonorense, es hermana de Benjamín Hill Mayoral, quien este mes de septiembre fue designado “Chief Administrative Officer (CAO)” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de su paso por el Gobierno de Peña.
En noviembre de 2015, Benjamín Hill Mayoral fue designado titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuando el titular era su amigo Virgilio Andrade, quien exoneró a Peña Nieto por la compra de la Casa Blanca en las Lomas de Chapultepec.
Y antes de ese cargo en el Gobierno de Peña, Hill Mayoral fue asesor de Ernesto Cordero cuando era coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado.
En el Gobierno de Calderón fue secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción y jefe de la Unidad de Políticas para la Transparencia, mientras que su esposa, Alejandra Sota, era vocera del Gobierno federal.
Y como su marido, Sota Mirafuentes también encontró acomodo con Peña Nieto, cuyo Gobierno le otorgó millonarios contratos a la empresa de su propiedad, Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V.
Uno de los contratos de Peña a Sota, cuñada de la Secretaria de Gobernación de Puebla, fue por casi 20 millones de pesos para elaborar encuestas para el Sistema de Administración Tributaria (SAT) cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda.
Otro fue de 2 millones 757 mil 485 pesos de Pronósticos Deportivos, en 2016, y otro de 324 mil 800 de la Sedesol, cuando el titular era Meade, y uno más del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casi 400 mil pesos.
Como consultora, Sota Mirafuentes trabajó en las campañas electorales de 2021 con Lía Limón, quien ganó la Alcaldía de Álvaro Obregón y pretende ser candidata a Jefa de Gobierno en 2024, y de Vidal Llerenas, Alcalde de Morena de Azcapotzalco, que fracasó en su reelección…
-Con información de Álvaro Delgado Gómez
