Además de crear una Comisión de la Verdad sobre la “guerra sucia”, el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de ese periodo impulsar un plan anti impunidad que contempla el acceso a los “archivos de la represión” y a instalaciones militares; un plan de búsqueda de desaparecidos, judicializar hechos y una Ley de Memoria. El plan está en manos de Presidencia; las víctimas esperan que el Ejército rompa el pacto de silencio.

Por Analy Nuño y Adrián Montiel*

Ciudad de México, 28 de septiembre (A dónde van los desaparecidos).– La creación de una Comisión de la Verdad, anunciada el 30 de agosto por el Presidente, es uno de cinco mecanismos que contempla un ambicioso “Plan para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia” que el Gobierno federal acordó con familiares de víctimas y sobrevivientes de la “guerra sucia”. El plan contempla crear un programa de búsqueda del paradero de las personas desaparecidas, acceder a los “archivos de la represión” y a las cárceles clandestinas, así como abrir procesos judiciales.

El llamado Plan Presidencial —que fue elaborado por sobrevivientes y familiares de víctimas  de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos, y trabajado junto con funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación— se basa en cinco ejes: verdad, justicia, búsqueda, reparación y memoria y no repetición de esos hechos. Éste es la base de los decretos presidenciales que deberían publicarse en los próximos días.

La investigación, persecución y esclarecimiento de los crímenes del Estado cometidos entre 1965 y 1990, así como la reparación a sus víctimas, y la investigación del paradero de las más de mil personas que se encuentran desaparecidas de ese periodo y de un número desconocido de bebés nacidos en cautiverio, sólo será posible con “voluntad política”, advierten algunas de las personas que participaron en la elaboración del proyecto.

El documento —al que este equipo tuvo acceso— ahora está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia, a la cual le toca redactar los decretos que serán la base para crear los cinco instrumentos contemplados en el plan. Las familias esperan que el Poder Ejecutivo mantenga el compromiso de otorgar acceso pleno a los archivos e instalaciones del ejército para garantizar que este sea un verdadero “plan anti impunidad” y no otro intento fallido de investigar los crímenes del pasado.

“No podemos considerar que haya verdad alrededor de la contrainsurgencia si no se abren los archivos y las instalaciones. Si no pensamos que el Ejército va a participar en el acceso, no va a ser posible el esclarecimiento y, por ende, no va a ser posible la justicia. ¿Y cómo? Pues a través de un mandato presidencial, el Presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, entonces no sabemos si lo va a hacer o no. Esperamos que sí, pero si no lo hace está destinado al fracaso”, dice Alicia De los Ríos, quien busca a su madre que fue detenida, presa en el Campo Militar Número 1, y desaparecida hace 43 años.

Enfatiza ese tema de la rendición de cuentas del Ejército que preocupa a algunas personas que durante cinco meses participaron en la elaboración del plan. “La versión (del plan) aprobada y consensuada fue la trabajada por los familiares”, remarca.

La historiadora y quien desde niña formó parte de un comité de búsqueda de familiares desaparecidos de Chihuahua, así como el defensor de derechos humanos, Fabián Sanchez Matus, quienes participaron en la elaboración del plan, señalan que uno de sus objetivos es privilegiar la búsqueda, contar con acceso a los “archivos de la represión” y a las  instalaciones militares, así como entrevistar a perpetradores. Pero, sobre todo, conocer el paradero de los desaparecidos. Sólo así, coinciden, se terminaría la impunidad y se evitaría que este plan fracase.

Sánchez Matus, señala: “El alcance todavía está por verse, falta que se emita el decreto presidencial donde se plantea toda está estrategia… habrá que ver, en ese compromiso, cómo es que tendrían que responder las instituciones directamente involucradas”.

El defensor dimensiona el desafío que tiene la actual administración para cumplir su compromiso con los colectivos, familiares y sobrevivientes del periodo de la contrainsurgencia: “Veamos si este Gobierno cuenta con la voluntad política para que, finalmente, todos esos archivos sean públicos y puedan ser consultados por cualquiera. Principalmente por los mecanismos que se estarían generando con el decreto, como por la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico. Tiene que haber una voluntad enorme para que finalmente se den esos archivos y pueda existir una mayor claridad sobre cómo ocurrieron los hechos, quiénes fueron los perpetradores y dónde pudieran estar las víctimas desaparecidas”.

Los crímenes a los que el plan contempla echar luz fueron cometidos durante el periodo de contrainsurgencia, conocido también como “guerra sucia”, en el cual el Estado dirigió acciones policiaco-militares, abiertas y encubiertas, además de estrategias político, económicas y sociales legales e ilegales en contra de campesinos, obreros, estudiantes, población civil y grupos disidentes armados que demandaban cambios sociales. Los métodos para reprimirlos fueron la persecución, las detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos.

El término de “guerra sucia” —según el historiador Camilo Vicente Ovalle— se refiere a las prácticas ilegales realizadas por el Estado y que no sólo afectaron “a las organizaciones guerrilleras, sino a un conjunto más amplio de la disidencia política en México” y a todos aquellos “movimientos y organizaciones que buscaban transformar el régimen político”.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN CONTRA LA IMPUNIDAD

En marzo de 2021, colectivos de familiares de víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia sostuvieron un primer encuentro con personal de la Subsecretaría de Gobernación, la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos (DGEADH), el Archivo General de la Nación y la Comisión Nacional de Búsqueda. En esa reunión, acordaron iniciar los trabajos para desarrollar “un plan contra la impunidad”, tras al menos 30 años sin acciones encaminadas a la justicia y de protección a los perpetradores, miembros del Ejército, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS) y policías estatales y municipales.

La asamblea, conformada por 20 colectivos, familiares, víctimas y sobrevivientes, elaboró un primer documento y en junio lo presentó al Presidente López Obrador, explica en entrevista Alicia de los Ríos Merino.

“El Presidente —recuerda la también abogada— nos dijo que se comprometía a impulsar diferentes iniciativas. En ese momento eran reparación, que los militares nos dieran apertura a los archivos y a diferentes cosas; pero pidió que trabajáramos el plan”.

Durante julio y agosto, con asesoría de expertos independientes en verdad, memoria y justicia, los colectivos y sobrevivientes desarrollaron la propuesta que deberá será la base del decreto presidencial para crear la Comisión para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como los otros instrumentos que se incluyeron en el plan.

Hasta la fecha, ninguno de los esfuerzos institucionales ha reconocido oficialmente los crímenes del pasado, tampoco la compensación de las familias, la dignificación de las víctimas ni la garantía de la no repetición. Tampoco ha colaborado para dar con el paradero de las personas detenidas y desaparecidas.

“A las víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas no sólo les fue negado el acceso a la justicia por los crímenes cometidos en su contra, también les fue negado el reconocimiento de sus memorias y de sus historias, sometidas al olvido y la estigmatización institucional”, se lee en las primeras páginas del plan aprobado por las familias.

A continuación los cinco mecanismos del plan:

1. ACCEDER A LA VERDAD 

Uno de los mecanismos contemplados en el plan presidencial y acordados con los colectivos, familiares y sobrevivientes es la creación de la Comisión para el Acceso a la Verdad y al Esclarecimiento Histórico, la cual se conformará por cinco expertos y deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos —como desaparición forzada, tortura y tortura sexual, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, persecución política y prisión política— ocurridas durante el periodo del 1 de enero de 1965 al 31 de diciembre de 1990.

Los integrantes de la comisión deberán tener atribuciones para convocar a personas que puedan dar información útil y para entrar a las instalaciones “civiles o militares”, donde presuntamente se hayan cometido graves violaciones de derechos humanos. Además del acceso incondicional a los archivos con información sobre este periodo.

Alicia de los Ríos recuerda que en el país hay diferentes archivos que deberían consultarse, entre ellos los del personal y las operaciones del Estado Mayor Presidencial, así como los relacionados con la base aérea localizada en Pie de la Cuesta, en Acapulco, lugar desde donde salieron los aviones que se usaron para los “vuelos de la muerte”; vuelos que se realizaron para arrojar al mar a los disidentes políticos.

La magnitud de los archivos para analizar es de alrededor de ocho mil cajas con cientos de documentos, de acuerdo con la DGEADH: tres mil cajas del Fondo de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), encargada de la inteligencia o el servicio secreto del Estado Mexicano; cuatro mil del Fondo de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), policía política de la Secretaría de Gobernación, y 486 cajas de la Sedena.

“Son muchos archivos: los administrativos, los que no dio el Cisen (Centro Nacional de Inteligencia) ni el fondo de la DFS; porque no dio el archivo sobre el personal que transitó de la DFS al Cisen. Todos esos nos interesan, además de los archivos de los estados”, señala  la también abogada.

“Nosotros —explica— denominamos archivos de la represión a todos aquellos que se generaron a partir de la contrainsurgencia. Si bien en el Archivo General de la Nación están los Fondos de la Dirección Federal de Seguridad y de Investigaciones Políticas y Sociales, no son todos… Siempre hemos estado insistiendo en la apertura de los archivos militares y de las instalaciones militares”.

Los integrantes de la comisión —la cual se propone que tenga un periodo de trabajo de dos años y medio, a partir de su creación— tendrán que presentar un informe final con recomendaciones para realizar reformas estructurales para la no repetición e iniciativas para la dignificación de las víctimas, sus familiares y comunidades.

Este no es el primer intento por esclarecer lo sucedido durante el periodo de la contrainsurgencia en el país y evitar que continúen impunes acciones como las desapariciones forzadas que se registraron en ese entonces.

En 1990, a partir de la exigencia de colectivos de familiares, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) creó el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos que documentó 532 desapariciones de esa época, pero sólo pudo comprobar la desaparición forzada de 273. No obstante, el número de víctimas puede ser mucho mayor, de acuerdo con colectivos de familiares que han documentado los crímenes del pasado.

Alicia de los Ríos menciona que no existe un “estimado real” del total de las víctimas de ese periodo. “Eso es lo primero que hay que hacer. Las cifras siguen oscilando entre las 532 víctimas de Eureka y las mil de Afadem (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México)”.

En 2001, once años después de creado el Programa Especial de Presuntos Desaparecidos, la CNDH publicó la Recomendación 26/2001, que llevó a la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), al inicio del sexenio de Vicente Fox; esta Fiscalía, disuelta en 2006, abrió cerca de 600 averiguaciones previas relacionadas con desapariciones, y logró la judicialización de 14 averiguaciones previas gracias al acceso a los archivos de la DFS y la DGIPS.

Dos de estas averiguaciones llevaron a juicio al expresidente Luis Echeverría por el delito de genocidio por las masacres estudiantiles de 1968 y 1971. También se documentaron casos de militares por el delito de genocidio y desapariciones durante la “guerra sucia”. Al término de su gestión, la FEMOSSP elaboró un informe que nunca se publicó oficialmente, aunque algunas de sus versiones fueron filtradas a la prensa.

Los lugares con más víctimas son Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Michoacán, Sonora, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Puebla, Tamaulipas, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Guerrero. Esta última entidad padeció, como ninguna otra, la fuerza del Estado.

Uno de los esfuerzos más recientes para esclarecer las consecuencias de la contrainsurgencia en Guerrero se dio en 2012, cuando el Congreso del estado creó la Comisión de la Verdad (Comverdad). En su informe final, los integrantes de la comisión concluyeron que en muchas comunidades del estado se vivió una “suspensión de las garantías individuales y un verdadero estado de sitio”.

2. IMPULSAR A LA JUSTICIA 

Para el Impulso a la Justicia, el plan aprobado por colectivos y sobrevivientes sugiere la creación de una Fiscalía Especial para que elabore planes de investigación integrales. La propuesta es dotarla de atribuciones similares a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), creada por la Fiscalía General de la República para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Esta nueva Unidad o Fiscalía deberá atraer las 13 averiguaciones previas judicializadas por la FEMOSPP, en las que no procesó a perpetradores. Además de las 245 averiguaciones previas no judicializadas y que están pendientes por delitos cometidos contra 514 víctimas directas que, en su mayoría, continúan desaparecidas.

La única sentencia relacionada con este periodo, que se tiene hasta hoy, se logró en 2009 en contra de Esteban Guzmán Salgado, exagente de la DFS, sentenciado a cinco años de prisión por la desaparición forzada de Miguel Ángel Hernández Valerio, estudiante de la Preparatoria Rosales Nocturna de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien se desapareció en 1977.

Entre sus facultades, la Fiscalía Especial podría otorgar beneficios por la colaboración eficaz y otras figuras que incentiven a personas investigadas o testigos anónimos a proporcionar información sobre los perpetradores.

“Para nosotros queda claro que una Comisión de la Verdad funciona distinto a una Fiscalía; es decir, puede tener la atribución de retomar testimonios anónimos, de que las personas se acerquen y no deban entregar sus datos, etcétera. Estamos conscientes de que se corre el riesgo de que pase esto: que primero se realice el esclarecimiento histórico y, después, la Fiscalía decida si los llama como testigos o como posibles indiciados, según sea el caso”, señala Alicia de los Ríos.

Su experiencia, a partir del proceso judicial que lleva por la desaparición forzada de su madre, le permite decir “son pocos o muy escasos los perpetradores que van a querer hablar, pero sí hay una serie de testigos claves que pueden hablar, es decir, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, un montón de gente”.

Para ella es importante que los perpetradores conozcan cuál será el ejercicio de una Comisión de la Verdad y que se cuente con “espacios de confianza” para hablar con esos testigos. Porque, de otra forma, será difícil que colaboren. “No es su naturaleza, porque justo ellos se escondieron y también desaparecieron de la propia historia de manera consciente”.

Una de las tareas de la Comisión de la Verdad, señala, tendría que ser el realizar un mapa de quiénes son los perpetradores. “Ahí se tendría que concentrar la acción de la Comisión de la Verdad, sobre los posibles responsables”.

3. BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS

En el documento aprobado por los familiares también se considera tener un Plan Especial de Búsqueda, para concentrar y sistematizar fuentes documentales y testimoniales que permitan encontrar a las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.

“Para nosotros —apunta la entrevistada— la búsqueda es desde la presunción de vida, como principio del derecho internacional. Buscarles con todo lo que implica: testigos, archivos e instalaciones. Lo que nosotros ahora esperamos es que los testigos entren, que haya una inspección real (en los lugares) donde estuvieron nuestros familiares, este es el punto medular”.

El plan contempla realizar acciones de búsqueda en centros de reinserción social, cárceles clandestinas, cuarteles militares y otros escenarios, a partir del último paradero conocido de las personas desaparecidas. Además, del rastreo de pistas en la documentación pública sobre el destino de los niños y niñas nacidos en cautiverio o apropiados por perpetradores.

Para Fabián Sánchez Matus, director ejecutivo del Laboratorio de Litigio Estructural, organización que acompaña a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), uno de los propósitos es determinar los patrones de las instituciones que llevaron a cometer estas violaciones, la responsabilidad y sanción adecuada a los perpetradores: el objetivo primordial es conocer el paradero de las personas desaparecidas durante el periodo de la contrainsurgencia.

“La determinación de un posible paradero de los familiares desaparecidos sería, sin duda, el objetivo más deseado por los familiares. Hay ciertos colectivos que, durante más de cinco décadas, han estado buscando a sus familiares”, señala.

En marzo de 2019, la Comisión Nacional de Búsqueda integró un equipo especializado en la búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente durante la “guerra sucia”, el cual trabaja bajo seis líneas de acción, entre las cuales destaca la recolección de testimonios de familiares y sobrevivientes e identificación de potenciales informantes.

4. REPARACIÓN Y COMPENSACIÓN

Los sobrevivientes y familiares de víctimas también propusieron la conformación de un Programa Especial de Reparación y Compensación de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, tortura, tortura sexual, desaparición forzada permanente y de personas sobrevivientes a la desaparición.

Alicia de los Ríos menciona que en el caso de Guerrero, “donde la contrainsurgencia tuvo las dimensiones de una guerra civil, el Presidente —por lo menos el 10 de junio— fue categórico y dijo: ‘se les va a reparar’. Sabemos que los mecanismos son caros y, justo por eso, este mecanismo tiene que ser súper eficiente, que tenga presupuesto para actuar, pero que no se duplique la burocracia”.

Hasta el momento, en las reuniones que han sostenido colectivos y autoridades no se ha discutido el monto de las compensaciones ni de los recursos necesarios para costear todo el plan de trabajo durante los dos años y medio contemplados.

“La Secretaría de Hacienda tiene que estar en ese compromiso muy decidido para garantizar esos trabajos y que no se estén frenando… tienen que garantizar todas las condiciones para que se tengan los resultados esperados y eso implica, incluso, el financiamiento público, para que funcione un mecanismo de este tipo”, señala Sánchez Matus.

5. UNA NUEVA LEY PARA LA NO REPETICIÓN 

El plan propone una Ley de Memoria y No Repetición, con la cual se “garantizará el fomento y preservación de la memoria pública, así como labores de esclarecimiento histórico”, de acuerdo con el documento.

Esta ley permitiría dar continuidad a los trabajos y recomendaciones de la Comisión de Acceso a la Verdad y Esclarecimiento Histórico, los cuales deberán contribuir a procesos de justicia.

También contemplaría un apartado para garantizar la identificación, rescate, conservación y acceso a fondos documentales vinculados con violaciones a derechos humanos y movimientos sociales; y fomentar la creación y conservación de archivos orales para el rescate de testimonios.

Se espera que se tenga un decreto especial para crear el Centro de Memoria, en convenio con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

La idea de tener una legislación sobre el tema, explica Alicia de los Ríos, es que con ella se puedan resguardar los archivos de la represión, los testimonios y todo aquello que realice la Comisión de la Verdad. El contar con una ley, insiste, permitiría evitar que estas acciones queden a la voluntad de los funcionarios públicos que lleguen después.

Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.

Desde el pasado 30 de agosto, el Plan Presidencial para el acceso a la verdad, esclarecimiento histórico e impulso a la justicia está en manos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Esta instancia adecuará el documento aprobado por familiares, víctimas y sobrevivientes de la contrainsurgencia y en un plazo de 30 días —a finales de septiembre— deberá estar listo el primer decreto para su firma y publicación.

***

*Analy Nuño (@AnalyNuno) es periodista mexicana freelance. Se ha especializado en derechos humanos, grupos indígenas, defensa del territorio y víctimas de la violencia.

*Adrian Montiel (@adrianmontiel_g) es reportero mexicano. Investiga y aprende sobre derechos humanos, víctimas de violencia y desaparición.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE A DÓNDE VAN LOS DESAPARECIDOS. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.