Artículo 19 acusa a la FGR de persecución «irracional» contra científicos del Conacyt

La organización defensora de derechos humanos aseguró que no se pueden pasar por alto las investigaciones periodísticas por posibles usos irregulares de recursos, pero el caso debe ser aclarado «por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal».

Ciudad de México, 24 de septiembre (SinEmbargo).– La organización Artículo 19, una de las agrupaciones que defienden la libertad de prensa y expresión en medios, señaló este viernes que se trata de una «persecución penal»  el intento de la Fiscalía General de la República (FGR) por buscar las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos y académicos, a los que acusa de delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

«Contraviene la libertad de investigación y estándares internacionales de derechos humanos», señaló la organización en un posicionamiento respaldado por nueve otras agrupaciones y varios defensores de los derechos humanos en el país, bajo el título: «Persecución penal irracional de FGR, criminaliza la libertad académica«.

«Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia, para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión», indicó Artículo 19.

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La denuncia ante el Ministerio Público se hizo por las “posibles irregularidades” en asignaciones directas millonarias a favor de la asociación civil privada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT A.C.) desde fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Sin embargo, un Juez federal del Penal Federal de Almoloya, Estado de México, negó definitivamente a la FGR emitir las órdenes de aprehensión. La Fiscalía ya anunció que volverá a solicitar la orden de aprehensión, “explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.

«Si bien, no podemos pasar por alto que, desde marzo de 2020, se publicaron investigaciones periodísticas que señalan posibles usos irregulares de recursos, la materia de dichas investigaciones no forman parte de las insistentes judicializaciones recientes por parte de FGR», expresó Artículo 19.

«Un posible uso irregular de recursos debe ser aclarado por las vías legales correspondientes, garantizando el debido proceso y utilizando de manera adecuada, racional y proporcionada el derecho penal y los instrumentos legales para la rendición de cuentas, siempre y cuando la autoridad encuentre sustento suficientes y contundente en el marco de una investigación imparcial, objetiva e independiente», manifestó.

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Al día de hoy, agregó la organización protectora de derechos humanos, «los delitos que se imputan a las 31 personas científicas y académicas son completamente desproporcionados y perfilan un efecto amedrentador por razones políticas», como lo son: delincuencia organizada, usurpación de funciones, uso de recursos de procedencia ilícita y peculado. «Como se dijo, se persigue la existencia del Foro y la transferencia de recursos a dicha Asociación Civil», completó.

Ante ello, añadió, «resulta preocupante el uso y abuso del subsistema en materia de delincuencia organizada, perfilando la criminalización de las personas académicas bajo herramientas tan laxas y violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa o el poder mantener a las personas detenidas lejos de su domicilio».

«Más preocupante aún es la pretensión de sujetar a las científicas y científicos a prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esto es un uso irracional del derecho penal, contrario a los principios democráticos», alertó Artículo 19.

Además, recordó que esta situación se da en un contexto en el que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, «de quien se ha documentado podría utilizar su cargo para venganzas personales, fue aprobado por el Conacyt para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por una comisión a modo en 2021″.

«Por otro lado, el uso de los recursos de los que se vale la FGR para encarcelar a 31 académicas/os acusándolos de cometer delitos de alto impacto resulta ominoso, frente a un escenario de impunidad masiva por violaciones graves a derechos humanos», remarcó Artículo 19. «En la actualidad tenemos más de 92 mil personas desaparecidas en el país, no hay una disminución de la impunidad en delitos que lastiman tanto a la sociedad, como homicidios dolosos, secuestros y gran corrupción», agregó.

«La persecución de 31 académicos/as muestra dónde están las prioridades del Fiscal General de la República en el país, mientras que continuamos viviendo una grave violencia causada también por la impunidad», destacaron.

Para la organización, «hay un vínculo directo entre la libertad de realizar investigación científica, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a gozar de la aplicación y beneficios generados por dicha información». «Los efectos inhibitorios y ampliados causados por la persecución penal termina por impactar también en el ejercicio de estos derechos», insistieron.

«Por ello, exigimos cesar hostigamiento dirigido en contra de investigadores/as a través de la persecución penal y, en caso de existir conductas reprochables, se haga mediante una calificación jurídica adecuada, e incluso se agoten de manera previa otras vías como la administrativa. De este modo, las tareas de investigación por parte del Estado evitan que éstas tengan efectos inhibitorios en el ejercicio de derechos humanos de los particulares y también efectos de dimensión social», finalizaron.

Además de Artículo 19, el posicionamiento fue firmado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Borde Jurídico, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Justicia Procesal Penal, AC, Observatorio de Designaciones Públicas, Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México), Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) y por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Firmaron también los activistas de derechos humanos Eliana García, Marcela Villalobos Andrade, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, Mariclaire Acosta Urquidi, Jorge Javier Romero Vadillo, Juan Martín Pérez Garcia, Diana Iris García (miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México), Daniel Vázquez, Denise Dresser, Magdalena Acosta Urquidi, Mauricio Fortes Besprosvani, Clemente Romero Olmedo, Susana Camacho Maciel, Raymundo Sandoval, Paula Saucedo Ruiz, Lourdes Morales y por la Red por la Rendición de Cuentas.

UNIVERSIDADES REACCIONAN

La investigación de la FGR contra científicos y académicos causó el rechazo de diversas universidades del país y comunidades académicas.

El Tecnológico de Monterrey expresó su indignación y preocupación frente a las «desmedidas acusaciones» y acciones legales en contra de los y las investigadoras. «La investigación en cualquier disciplina debe contar con un entorno favorable que promueva su florecimiento en beneficio del país, y en el que las autoridades respeten el Estado de Derecho y la presunción de inocencia», determinó el ITESM.

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Durante la ceremonia conmemorativa por los 100 años del lema y escudo universitarios celebrada el miércoles, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, calificó la acusación de la FGR como “un despropósito” e “inconcebible”.

Asimismo, la comunidad docente de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) hizo un llamado a la Fiscalía a cancelar las 31 órdenes de aprehensión en contra de los investigadores.

“Convocamos a los gremios, grupos, centros, redes e investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar el uso de las datos falsos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus científicos y científicas, tal como está ocurriendo”, dijo en un comunicado.

Finalmente, la comunidad de la Universidad Iberoamericana hizo pública su preocupación por las recientes acusaciones contra los científicos y académicos; expresó su solidaridad y exigió “que se haga valer el Estado de derecho”, y “que prevalezca la justicia en el espíritu que debe sostener la vida democrática del país”.

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