La violencia siempre ha estado asociada a la expansión de la economía capitalista en territorios que pretenden ser valorizados, pero el aumento sostenido de asesinato de defensores del territorio indica que el actual periodo de acumulación por despojo necesita más que nunca de la violencia para alcanzar sus objetivos codiciosos de acumular capital.

El más reciente reporte de la organización no gubernamental Global Witness sobre asesinato de defensores del territorio y de sus medios de vida revela que el año pasado, en plena pandemia y confinamiento, fueron asesinados 227 personas en el mundo, pero con un marcado ascenso de violencia en países de América Latina, entre ellos México.

Del total de asesinatos que registra Global Witness, tres países concentran la mitad de los crímenes contra defensores: Colombia con 65 asesinatos, México con 30 y Filipinas con 29. De los 10 países con más asesinatos de defensores, siete son de América Latina: Colombia (65), México (30), Brasil (20), Honduras (17), Guatemala (13), Nicaragua (12) y Perú (7).

El informe anual de Global Witness sobre asesinatos de defensores, que presenta anualmente desde 2012, revela que la mayoría de esta violencia sistemática se concentra en el sur global: 226 de los 227 crímenes contra defensores ocurrieron en países del sur. Canadá fue el único país de capitalismo avanzado donde ocurrió un ataque mortal contra un defensor. Aunque vale añadir que empresas de Canadá, especialmente mineras, han sido acusadas de provocar violencia contra defensores del territorio en terceros países, como es el caso de México, donde mineras canadienses han estado involucradas en campañas de criminalización contra comunidades que defienden su territorio llegando incluso al asesinato de activistas que se oponen a las actividades extractivas.

De acuerdo con el reporte 2020 de Global Witness (que se puede obtener aquí), las dinámicas de acumulación de capital asociadas a la violencia y muerte contra defensores están relacionadas hasta 30 por ciento a actividades extractivas como la explotación forestal, la minería y la agroindustria a gran escala. Los megaproyectos hidroeléctricos y de infraestructura son otra dinámica de acumulación que generan contextos de violencia que terminan en muerte de defensores.

La explotación forestal fue el otro sector vinculado a la mayor cantidad de asesinatos, con 23 casos. Global Witness destacó el caso de México, donde el aumento en los asesinatos está relacionados con la tala y la deforestación, muchas veces ilegal.

Para el caso de México se destaca que la muerte de defensores registró en 2020 un incremento de 67 por ciento de crímenes contra defensores comparado con el año previo. En 2019 hubo 18 asesinatos, 14 en 2018 y 15 en 2017. El reporte de Global Witness subraya, para el caso de México, el alto nivel de impunidad que rodea cada asesinato de un defensor del territorio: “hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal”, señala la ONG.

Global Witness destaca con razón que los asesinatos ocurren en un repertorio de violencia que incluyen intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización, por tal razón subraya que con certeza el número de personas atacadas en contextos de defensa del territorio se multiplica por miles en todo el mundo. Es decir, hay una guerra contra los defensores del territorio y los medios independientes de reproducción de la vida.

Y esto se puede ver en distintas regiones del mundo donde los intereses corporativos tienen interés de penetrar en ciertos territorios para explotar los recursos, como pueden ser el agua, los bosques, tierras para la ganadería o agricultura a gran escala, o zonas donde hay minerales. Un ejemplo de ello es el Amazonas, donde han ocurrido diversos casos de agresiones y asesinatos de indígenas tanto de Brasil como de la parte peruana de la amazonía donde distintas empresas pretender despojar territorios para distintas dinámicas de acumulación de capital.

En muchos casos, estos territorios son propiedad y han sido resguardados por pueblos y comunidades indígenas, de ahí que un número extremadamente alto de los defensores asesinados en 2020 pertenezcan a comunidades indígenas. Así lo subraya Global Witness: “Una vez más se mantuvo el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas: más de un tercio de los ataques fatales perpetuados fueron contra pueblos indígenas, a pesar de que solo representan el 5 por ciento de la población mundial. A su vez, los pueblos indígenas fueron el blanco de cinco de los siete asesinatos en masa registrados en 2020”.

Del otro lado, el informe no pone en duda en dónde recae la mayor responsabilidad de generar esta violencia: “Las empresas son responsables: Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza de forma abrumadora las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente”.

Pero la responsabilidad de producir contextos de violencia contra los defensores del territorio no es sólo de las corporaciones privadas. A esto se suma que el Estado solapa, propicia impunidad y en no pocas ocasiones son agentes estatales quienes reprimen, torturan, desaparecen o ejecutan extrajudicialmente a quienes consideran opositores a sus megaproyectos. Y en ocasiones, la violencia contra los defensores del territorio es cometida por mercenarios del crimen, que actúan como el brazo armado de empresas y Estados. Es la troika de los intereses empresariales-estatales-criminales que mediante la violencia pretenden despojar territorios y bienes comunes que pretenden valorizar para obtener grandes ganancias a través de distintas dinámicas de acumulación de capital.

El incremento sostenido de los crímenes contra defensores del territorio es un patrón que explica que mediante la violencia desmedida, de hecho una guerra informal, es que el capital puede reproducirse. Tal como en tiempos de la acumulación originaria, en su fase extractiva-neoliberal, el capitalismo chorrea sangre.

Rubén Martín

https://dev.sinembargo.mx/author/ruben-martin/

Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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