Gobierno mexicano liberará a 681 reos sin sentencia, torturados, adultos mayores…

El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que ya se entregaron al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR) al menos 4 mil 233 expedientes de personas que también podrían ser puestas en libertad. Las autoridades no contemplan, de momento, a Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez.

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobierno mexicano otorgará el día de mañana la libertad al menos a 681 internos sin sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves que se encuentran en penales locales y estatales, informó esta mañana el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Chiapas es la entidad federativa con el mayor número de preliberaciones con un total de 198, seguida de Durango con 100; Baja California, 63; Zacatecas, 57; Veracruz, 50; Oaxaca, 48; y Ciudad de México, 40, según se dio a conocer este día.

Israel Vallarta, detenido por secuestro desde 2005 por el mediático caso de la francesa Florence Cassez, no será beneficiado de momento con estas liberaciones que ha anunciado el Gobierno federal.

El titular de Segob indicó que aunque en este caso está acreditado que Vallarta fue víctima de tortura —y esta se acreditó al Protocolo de Estambul—, en otro proceso abierto en su contra por secuestro no se ha acreditado la tortura «por lo tanto no puede ser beneficiario”.

El Gobierno federal entregó a su vez al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República (FGR) al menos 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva, por delitos federales, que pueden cumplir con los requisitos para ser liberadas.

“Lo que anunciamos hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes”, señaló López Hernández en la conferencia mañanera de este martes.

El encargado de la política interna del país informó que ya se publicaron los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente que se encargará de dar seguimiento a las acciones para la gestión de solicitudes de liberación. 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador urgió el lunes al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República a dar celeridad a la liberación de internos sin sentencia, víctimas de tortura con Protocolos de Estambul, adultos mayores y enfermos graves, como demanda el decreto publicado el pasado 25 de agosto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El Secretario de Gobernación informó hoy que ya se realizaron gestiones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la FGR para agilizar los trámites para las preliberaciones y modificación de medidas cautelares, “ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos preestablecidos en la Ley». 

Recordó que la atribución de otorgar la libertad anticipada es exclusiva del Poder Judicial desde el año 2016. Sin embargo, indicó que el Gobierno federal realizó las gestiones para entregar todos los elementos de resolución en cada caso. 

Durante las últimas semanas, destacó el funcionario, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación social hizo las revisiones para determinar quienes cumplen con los requisitos previstos en la Ley para ser preliberados y modificar las medidas cautelares u obtener su libertad. 

“De esta manera podemos decir que al momento se tienen ubicados 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos a análisis en el ámbito federal. Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponda cada caso, por lo que confiamos que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad”, dijo. 

Al menos 220 mil 866 personas se encuentran privadas de la libertad, de las cuales, más de 16 mil (7.6 por ciento del total) están en centros federales (Ceferesos) y el resto se ubica en centros locales o estatales.  “Esto significa que el 92.6 por ciento de los internos —entre los cuales algunos podrían acceder a los beneficios— están en el ámbito local”, indicó.

A su vez, López Hernandez reiteró que las personas que están procesados o sentenciadas por delitos graves como trata de personas, delincuencia organizada, secuestro y otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, no podrán acceder a estos beneficios. 

En cuanto a los internos que están en penales locales, dijo que solicitaron a los gobierno estatales que, en ámbito de sus atribuciones y facultades busquen la ruta legal para las preliberaciones y modificaciones de las medidas cautelares y como resultado, mañana serán liberados 682 internos. 

El pasado 29 de julio, el Presidente López Obrador adelantó que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), realizará un decreto para liberar a las personas que llevan más de 10 años en prisión y no han sido sentenciadas por el fuero federal; a los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del fuero federal y que no hayan cometido delitos graves; a los adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves, y a todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul.

El lunes, en su conferencia mañanera, el mandatario anunció que gestionará con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y el Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, lo necesario para cumplir con la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.

 “Se va a hablar con el presidente de la Corte, se va a hablar con el Fiscal con el propósito que se agilicen los trámites, que se liberen a muchas personas”, indicó en su rueda de prensa matutina sin detallar cuántos presos se han beneficiado hasta ahora por la medida federal.

El mandatario justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220 mil personas que hay en las cárceles, el 43 por ciento no tiene sentencia, lo que equivale a cerca de 125 mil 500.

-Con información de Efe