Hacienda propone un recorte de 10% al gasto del INE, la CNDH, el IFT y la Cofece

El paquete económico 2022 prevé un recorte presupuestario a varios órganos autónomos del Gobierno federal. La cantidad de dinero destinada al INE, a la CNDH, al IFT y a la Cofece será 10 por ciento inferior al gasto programable que recibieron el año pasado.

Ciudad de México, 9 de septiembre (SinEmbargo).- Algunos órganos autónomos del Gobierno federal no libraron el tijeretazo presupuestal para el siguiente año. De siete instituciones referidas en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2022, cuatro tendrán menos recursos que los que recibieron este año.

Entre ellos están los institutos Nacional Electoral (INE) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Competencia Económica (Cofece).

En conjunto, estas instancias autónomas tendrán un presupuesto conjunto estimado de 28 mil 548 millones 43 mil 887 pesos, que es un monto 10 por ciento real inferior al presupuesto que el Gobierno federal les aprobó para el ejercicio fiscal de 2021, que de acuerdo con el Presupuesto de Egresos (PEF) fue de 30 mil 608 millones 377 mil 433 pesos (sin ajuste inflacionario).

A diferencia del INE, el IFT, la CNDH y la Cofece, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), además del Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tendrán un aumento presupuestal de 11.8 por ciento real.

En conjunto, estos tres órganos autónomos recibirán alrededor de 30 mil 64 millones 259 mil 934 pesos en 2022, que es una cifra superior a los 25 mil 926 millones 535 mil 264 pesos de gasto (sin ajuste inflacionario) que el Gobierno federal les otorgó para este año.

El recorte de recursos de algunos órganos autónomos —que además de los siete mencionados incluyen a otras instancias no desglosadas en el PPEF 2022, como lo son el Banco de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE)— se da en un contexto en que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció una reorganización administrativa para eliminar o modificar parte de estas instituciones.

“Vamos a revisar cuántos organismos hay […] que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos […]. Luego ya vemos organismos autónomos creados por ley, cuántos hay y cuánto nos cuestan, y si podemos trasladar las funciones [de] esos organismos a las dependencias existentes”, refirió AMLO en la mañanera del 14 de enero de 2021.

De los órganos autónomos cuyo presupuesto sufrirá recorte en 2022, en comparación con lo que habrán recibido al concluir este año, el INE fue el más afectado con una caída de 11.4 por ciento real. A este instituto le siguen la CNDH (-1.1 por ciento real), la Cofece (-0.8 por ciento real) y el IFT (-0.4 por ciento real).

En cambio, el presupuesto estimado del Inegi para 2022 es 38.4 por ciento superior a lo que le fue aprobado este año. Después del organismo encabezado por Julio Alfonso Santaella Castell, el organismo autónomo con mayor aumento presupuestal es el INAI (3.4 por ciento real), seguido de la FGR (0.3 por ciento real).

En la siguiente tabla es posible consultar el presupuesto planeado por órgano autónomo para 2022, así como su variación de acuerdo con el PPEF y el PEF del año en curso.

¿QUÉ ES UN ÓRGANO AUTÓNOMO?

Sin considerar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que tiene autonomía constitucional desde 1980, en México fue impulsada la creación de órganos autónomos a partir de 1993-94, cuando al Banco de México (Banxico) le fue otorgada su autonomía.

Los órganos autónomos son instancias con personalidad jurídica y patrimonio propios con fundamento en la Constitución Política de México, lo que implica que no se adscriben a los poderes tradicionales del Estado, por lo que son instituciones que actúan con independencia de las decisiones y de la estructura orgánica de estos, de modo que son «depositarios de funciones estatales que se busca desmonopolizar, especializar, agilizar, independizar, controlar y/o transparentar ante la sociedad”, se lee en una iniciativa (LXIV/1SPR-31/98251) de la Gaceta de la Comisión Permanente del Senado de la República.

Estos órganos —además de estar respaldados constitucionalmente y de tener autonomía orgánica y funcional— cuentan con autonomía técnica para cumplir funciones «primordiales del Estado en beneficio de la sociedad», lo que supone que tienen objetivos propios, capacidad para expedir normas internas, así como la facultad para definir necesidades y prioridades presupuestales que rijan el ejercicio de los recursos económicos que les sean asignados.

Aunque los órganos autónomos no dependen de otras instancias públicas o de Gobierno, sí tienen la obligación de mantener relaciones de coordinación con otros órganos del Estado, e incluso están sujetos a controles jurisdiccionales (o del ejercicio de poder) como los que existen entre los Poderes de la Unión.

Además de no estar sometidas al control de la Administración Pública Central, de tener una estructura corporativa propia y de tener el mismo nivel jerárquico que los órganos soberanos del Estado, las instituciones autónomas no pueden ser extinguidas por el titular del Poder Ejecutivo.

La Constitución de México refiere que hay 10 órganos autónomos que cumplen con las condiciones referidas con anterioridad: Banxico, CNDH, Cofece, Coneval, FGR, IFT, Inai, INE, INEE e Inegi.